Bloomberg — La acusación contra Donald Trump por sus intentos de anular las elecciones de 2020 es el mayor reto para su equipo de abogados, que han estado presentando sus defensas ante lo que podría ser el juicio penal más importante de la historia de Estados Unidos.
Si el equipo jurídico de Trump puede suscitar dudas razonables en la mente de un miembro del jurado (por ejemplo, culpando a sus abogados o argumentando que sus falsas afirmaciones de fraude electoral estaban protegidas por la Primera Enmienda), el caso presentado por el abogado especial Jack Smith se vendría abajo, obligando al gobierno a elegir entre retirar los cargos o volver a juzgar a Trump.
Los expertos jurídicos afirman que todas estas defensas son improbables, pero no imposibles. El abogado de Trump, John Lauro, ha señalado que la duda razonable es fundamental en su estrategia.
“El gobierno, la administración Biden, tendría que demostrar más allá de toda duda razonable que el presidente Trump no creía haber ganado las elecciones”, dijo Lauro en el programa Meet the Press de la NBC el 6 de agosto. “Nunca podrán hacerlo. Y por eso esta acusación está tan mal concebida”.
El principio jurídico básico estadounidense de la duda razonable da a los abogados de Trump mucho con lo que trabajar, aunque muchos de sus críticos consideren que el caso es pan comido. Las condenas deben ser unánimes, y una sola abstención en un jurado puede hundir un caso.
“Uno de los retos de nuestro sistema es que la duda razonable sólo está definida de algún modo no es estadística ni numérica y los jurados tienen que formarse una idea de lo que es la duda razonable”, dijo Jennifer Rodgers, ex fiscal federal de Manhattan que ahora es profesora en la Facultad de Derecho de Columbia.
Intención criminal
Se acusa a Trump de conspirar para subvertir las elecciones organizando grupos de falsos electores presidenciales en los estados indecisos que perdió, buscando una investigación “simulada” de las elecciones por parte del Departamento de Justicia y presionando al entonces vicepresidente Mike Pence para que se negara a certificar la victoria de Joe Biden.
El expresidente se ha declarado inocente mientras busca otro mandato en las elecciones de 2024.
Los estatutos que se acusa a Trump de violar exigen que el gobierno demuestre que tuvo intención delictiva, y los abogados de Trump ya han señalado que no pudo tener intención de hacer nada malo.
“Es probable que en el juicio sus abogados argumenten que creía sinceramente que los resultados de las elecciones eran corruptos”, dijo David Sklansky, profesor de derecho penal en la Universidad de Stanford.
Pero aunque Trump siguiera creyendo que las elecciones fueron robadas, eso no le daría cobertura legal para buscar electores falsos o dar información falsa a los funcionarios electorales estatales, según Rodgers.
“Se espera esa defensa y el abogado especial estará preparado para ella”, dijo.
Primera Enmienda
Se alega en la acusación que Trump dijo “mentiras prolíficas” después de las elecciones para promover sus esfuerzos. Esos comentarios no pueden utilizarse para vincularlo a una conspiración porque están protegidos por el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda, alegan sus abogados.
Smith pareció anticiparse a la defensa de la libertad de expresión en la acusación, afirmando que Trump tenía derecho “como cualquier estadounidense” a decir lo que piensa, incluso mentir. Pero Trump no tiene vía libre para defraudar a EE.UU., dijo Smith. Aun así, un abogado defensor inteligente podría intentar separar las declaraciones de las supuestas conspiraciones para distanciar a Trump de los llamados actos manifiestos de sus presuntos conspiradores.
“Puedes decir lo que quieras y puedes mentir, pero no puedes cometer actos ilegales corruptos”, dijo Robert Katzberg, exfiscal federal que ahora es abogado de Holland and Knight en Nueva York.
Culpar a los abogados
También es probable que Trump argumente que estaba rodeado de abogados y asesores “de primera categoría” que le dijeron que hubo un fraude masivo y que él ganó las elecciones, dijo Richard Serafini, abogado penalista de Florida que antes fue abogado del Departamento de Justicia.
“Que eso prevalezca o no en los tribunales depende en gran medida de las pruebas que tenga el gobierno que demuestren lo que él sabía, como por ejemplo si reconoció ante algunas personas que había perdido las elecciones”, dijo Serafini.
Smith parece haberse anticipado también a esta defensa, al demostrar en la acusación que Trump hizo un “esfuerzo concertado” para rechazar los consejos de sus abogados de la Casa Blanca y a veces los excluyó del proceso de toma de decisiones, según Daniel Richman, exfiscal federal de Manhattan que ahora enseña en la Facultad de Derecho de Columbia.
“Escogía entre los abogados y rechazaba el consejo de los que estaban mejor situados para darlo”, dijo Richman. “Es como si una ejecutiva de una empresa acusada de fraude se negara a dar crédito al asesoramiento jurídico de su asesor general y se guiara por el consejo que le dio un rando de la calle”.
Trump en el estrado
El mayor riesgo de esta estrategia es que puede depender de que Trump suba al estrado para explicar sus tratos con sus abogados, dijo Katzberg.
“No hay peor testigo en el mundo”, dijo.
Jon Sale, exfiscal federal que actuó como abogado especial durante la investigación del Watergate contra el expresidente Richard Nixon, dijo que, en teoría, Trump podría subir al estrado y arriesgarlo todo. Si Trump pudiera “encandilar a un miembro del jurado, eso es todo lo que haría falta”, dijo.
El debido proceso
Una de las defensas más sólidas de Trump, que podría utilizar para solicitar la desestimación de los cargos antes del juicio, se refiere a sus seis co-conspiradores no acusados, entre ellos los abogados Rudy Giuliani, Sidney Powell y John Eastman, según Sale.
Los abogados de Trump podrían alegar que Smith le privó de sus derechos procesales al no acusar estratégicamente a los presuntos co-conspiradores para disuadirles de declarar en favor de Trump, por temor a que pudieran incriminarse bajo juramento, dijo Sale, que afirmó haber rechazado una oferta para formar parte del equipo jurídico de Trump debido a otras obligaciones profesionales.
“Normalmente se acusaría primero a los co-conspiradores no acusados”, dijo Sale. “No se me ocurre ningún caso en el que se acuse primero a la persona que está en la cima”.
Sede
Trump y Lauro ya han hablado de intentar trasladar el caso fuera de Washington -que votó abrumadoramente contra el ex presidente en 2016 y 2020-, proponiendo que Virginia Occidental tenga una alternativa adecuada.
“Nos gustaría un lugar diverso, un jurado diverso”, dijo Lauro el 6 de agosto en el programa “Face the Nation” de la CBS. “Uno que refleje las características del pueblo estadounidense. Depende del juez. Creo que Virginia Occidental sería una sede excelente para juzgar este caso”.
Las peticiones de cambio de sede son difíciles de ganar. Los jueces del tribunal federal de Washington (incluida la juez de distrito estadounidense Tanya Chutkan, que presidirá el caso de Trump) rechazaron repetidamente argumentos similares de parcialidad política general y publicidad previa al juicio de los acusados por el atentado contra el Capitolio del 6 de enero de 2021, diciendo que no son razones suficientemente específicas para abandonar la capital del país.
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