Bloomberg Línea — En los países en desarrollo, apenas el 5% de las pérdidas por desastres están aseguradas, en comparación con cerca del 50% en las economías desarrolladas, según datos citados por el Fondo de Seguros Paramétricos para Países del Caribe y Centroamérica (CCRIF).
Estos daños, que en los últimos 40 años provocaron pérdidas superiores a la mitad del PIB anual en nueve países de la subregión, han contribuido a déficits fiscales y a la acumulación de deuda para la reconstrucción que supera la capacidad de las economías.
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El huracán Mitch de 1998 mató a más de 3.000 personas en Nicaragua y dejó cientos de miles sin hogar; en Honduras, la infraestructura de transporte quedó destruida y casi todas las carreteras secundarias dañadas o destruidas.
En Granada, el huracán Iván causó daños a más del 200% del PIB en 2004, y al año siguiente, el huracán Emily intensificó los costes, según el FMI.
Tales episodios hicieron evidente que la región necesitaba un programa financiero más sólido. Tras gestiones de los gobiernos con el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Banco Mundial, en 2007, surgió el CCRIF SPC, el mecanismo que introdujo un seguro paramétrico activado por indicadores como la velocidad del viento o la precipitación.
Desde entonces, 35 miembros, entre países y organizaciones, han contratado alguna de las pólizas para ciclones tropicales, terremotos, exceso de lluvia, y los sectores de servicios eléctricos, de agua y pesca. Solo entre el año fiscal 2024-25, diez gobiernos recibieron desembolsos por más de US$122 millones, con pagos que estaban diseñados para realizarse dentro de los 14 días posteriores al evento desencadenante.
En octubre de 2025, el Fondo superó su propio récord al pagar US$91,9 millones a Jamaica tras el huracán Melissa, que no se incluyó en el informe de ese año fiscal.
Y a medida que la crisis climática se acelera y los riesgos sistémicos son más complejos, “la demanda de financiación ágil seguirá creciendo”, dijo Timothy Antoine, presidente del CCRIF.
Financiación climática
Como seguro paramétrico, el producto no exige peritajes ni evaluación física de daños, por lo que el pago se activa rápidamente cuando los datos meteorológicos superan umbrales predefinidos de lluvia, viento o intensidad ciclónica.
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No obstante, pese al desembolso récord del último año fiscal, la brecha de protección está ampliándose. Eso significa que, aunque los fondos alivian la presión inmediata, la mayoría de los costos de reconstrucción sigue recayendo en gobiernos o en comunidades con recursos limitados.
Los países están destinando estos fondos a servicios básicos y protección social. En Granada, los US$44,4 millones recibidos en 2024/25 permitieron restaurar la electricidad a 19.000 usuarios; y en Jamaica, los US$26,6 millones se canalizaron para despejar más de 600 carreteras bloqueadas.
Guatemala destinó parte de sus US$6,38 millones a la compra de medicamentos y fumigantes para combatir brotes de dengue en zonas de riesgo; en Honduras, los US$4,67 millones recibidos tras la tormenta tropical Sara se asignaron íntegramente a asistencia social para 55.900 familias.
Panamá destinó US$26,7 millones a rehabilitar carreteras, apoyar operaciones humanitarias y rescate, y recuperar la producción agrícola y el sistema sanitario.
La resiliencia a largo plazo
Para el organismo, repartir fondos —por masivos que sean— sigue siendo una respuesta reactiva ante una crisis climática de la que la región no es responsable en la misma proporción.
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El siguiente paso, según el director ejecutivo del CCRIF, Isaac Anthony, " no es solo proteger contra los desastres actuales", sino también ayudar a configurar un futuro en el que los países de la región sean financieramente seguros y resilientes al clima.
De forma particular, científicos de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) han recopilado pruebas sobre los vínculos entre el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, una evidencia que para Anthony, “promueve la justicia climática al dotar a los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe de las herramientas necesarias para abogar por una financiación mundial equitativa y basada en pruebas”.
