Bloomberg Línea — La reciente ratificación por parte de Rusia de un acuerdo de cooperación militar con Nicaragua ha encendido las alarmas en Washington, evidenciando el profundo alineamiento del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo con Moscú en un momento de creciente aislamiento diplomático para Managua.
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El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la ley que ratifica el acuerdo suscrito originalmente en septiembre de 2025.

Este documento establece un marco legal que fortalece la colaboración en áreas como el entrenamiento conjunto de tropas, el intercambio de inteligencia y la lucha contra el terrorismo y la piratería, según el documento publicado el 2 de mayo en el portal oficial de información legal de la Federación Rusa.
Uno de los puntos más controvertidos del acuerdo, detallado en la documentación oficial, es una cláusula que otorga “protección jurisdiccional especial” al personal ruso que realice misiones en Nicaragua, blindándolo efectivamente ante la ley local.
Este acercamiento militar se produce en medio de la ruptura de Nicaragua con Occidente. En octubre pasado, Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el país centroamericano “en respuesta al reconocimiento de Nicaragua de la denominada ‘soberanía’ de Rusia sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea”, dijo la cancillería.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania calificó la postura nicaragüense de una violación de la Carta de la ONU y de las normas fundamentales del derecho internacional.
Para Rusia, Nicaragua representa un aliado estratégico en Centroamérica que le permite proyectar influencia en el Hemisferio Occidental a un bajo costo geopolítico, creando “puntos de presión” simbólicos cerca de las fronteras de Estados Unidos, dijo Steven E. Hendrix, director ejecutivo de Hendrix LLC e investigador principal en la Facultad de Derecho de la Universidad DePaul, en un artículo en Americas Quarterly.
El analista agregó que el nuevo acuerdo entre Rusia y Nicaragua, que llega en un momento en que América Latina atraviesa un momento post-Nicolás Maduro, y Cuba enfrenta un nuevo escrutinio de Washington, merece atención “no porque señale una amenaza grave y nueva, sino porque señala continuidad”.
“Es un recordatorio de que la comunidad internacional no ha logrado impedir que el régimen de Ortega-Murillo desmantele la democracia nicaragüense, y que este régimen seguirá intentando socavar al país”.
Steven E. Hendrix, director ejecutivo de Hendrix LLC
Según Hendrix, el acuerdo también señala que el sistema de Ortega (de 80 años) y Murillo (de 74 años) ve cada vez más su supervivencia ligada no a la legitimidad interna, sino a asociaciones autoritarias externas y hacia una estructura política dinástica.
La mirada desde Estados Unidos
La reacción de Estados Unidos no se ha hecho esperar. Ante la creciente influencia rusa en la región, el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes convocó para este próximo miércoles 20 de mayo una audiencia de alto nivel titulada “Enfrentando al régimen totalitario de Ortega-Murillo”.
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La sesión, presidida por la congresista republicana María Elvira Salazar, buscará evaluar las implicaciones de seguridad del nuevo pacto militar ruso-nicaragüense.
En X, la congresista dijo este viernes que “para que las Américas sean más seguras, fuertes y libres en el 2026″, una de las prioridades del hemisferio es “ponerle fin al régimen maquiavélico de Ortega y Murillo en Nicaragua”.
Como testigo principal de la sesión comparecerá Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Se espera que la audiencia aborde no solo la expansión militar rusa, sino también la erosión democrática en Nicaragua, donde se ha desmantelado a instituciones independientes y se ha restringido gravemente las libertades civiles, de acuerdo con informes recientes de Naciones Unidas y grupos de observación internacional.
De forma paralela, organizaciones de derechos humanos denuncian una sistemática represión que incluye el reciente cierre de medios de comunicación, como Radio Stereo Romance, la persecución de la Iglesia Católica y el exilio forzado de la oposición civil.













