Bloomberg Línea — La infraestructura y las compras públicas concentran en la actualidad los mayores riesgos de corrupción en Latinoamérica, según la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), una entidad que insta a los Gobiernos a aprovechar mejor los recursos para obtener resultados con impacto a gran escala.
“Al igual que la infraestructura, las adquisiciones públicas también son un problema y es algo donde también existe mucha, mucha, mucha corrupción”, dijo a Bloomberg Línea Dalila Gonçalves, directora regional para América Latina y el Caribe de UNOPS.
Latinoamérica enfrenta ineficiencias en infraestructura cercanas a los US$222.000 millones anuales, según explicó la funcionaria en una videollamada en el marco de la Cumbre Internacional de la lucha contra la Corrupción, que se realizó en Perú.
La experta señaló que el desafío no es únicamente movilizar recursos, sino garantizar que los proyectos se ejecuten conforme al presupuesto y en los plazos previstos.
De lo contrario, los fondos públicos terminan perdiéndose en ineficiencias que reducen el impacto social de estos proyectos en Latinoamérica.
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Según estimaciones citadas por la organización, las adquisiciones públicas representan hasta un 30% del presupuesto general del Estado.
La entidad estima que alrededor de un 10% del valor total de las adquisiciones públicas se pierde por proyectos con sobrevaloraciones e ineficiencias en la región.
UNOPS busca trabajar con los gobiernos y con sus socios, como los bancos multilaterales, para asegurarse de que los proyectos se implementen conforme al presupuesto y al cronograma previstos inicialmente.
Actualmente, están presentes en 23 países de América Latina.
En el caso de Venezuela, si bien UNOPS sigue la situación “de cerca”, aún no considera que sea el momento para operar de forma directa
Aunque reconoce que el proceso reciente abre una oportunidad para reforzar la agenda anticorrupción.
En el campo de la salud, en los últimos años UNOPS ha gestionado la adquisición de más de 1.800 millones de unidades de medicamentos en América Latina, generando ahorros por US$660 millones en diferentes gobiernos en la región.
En Guatemala, por ejemplo, por medio de estos programas lograron un ahorro del 56% en compras para 114 hospitales, beneficiando a más de 3,2 millones de personas.
Y en Costa Rica, se obtuvo un 42% de ahorro en equipo médico financiado con recursos de Japón.
En Perú, gracias a los ahorros generados se pudo ampliar la compra de ambulancias de diferentes niveles de respuesta, pasando de 187 a 207 unidades.
En el sector de educación en Argentina se reportaron ahorros por US$92 millones en un proyecto de conectividad educativa de unos US$320 millones.
“Si todos los gobiernos, los organismos internacionales y el sector privado trabajamos de la misma forma, el impacto que la inversión pública tendría sería muchísimo mayor”, anotó.
Cooperación internacional
La corrupción, especialmente en grandes proyectos de infraestructura en Latinoamérica, suele tener componentes transnacionales, de acuerdo con la UNOPS.
Por ello, la cooperación internacional y el intercambio de información entre los organismos de control se han vuelto claves.
En general, las contralorías en la región “están estableciendo marcos de cooperación para mejorar estas investigaciones y para solucionar problemas cada día más complejos”, dijo a este medio el director regional de UNOPS para Ecuador, Perú y Colombia, Nicholas Gardner.
En febrero, UNOPS renovó una alianza anticorrupción con la Contraloría General de la República del Perú (CGR) hasta 2031.
Bajo este marco de cooperación, UNOPS trabajará con Perú compartiendo información, experiencia y asistencia al contralor general, César Enrique Aguilar Surichaqui, y su equipo.
La organización mantiene conversaciones con otras instituciones de la región para fortalecer marcos de colaboración técnica.
“Necesitamos instituciones fuertes, que sean capaces de tomar decisiones y que utilicen la tecnología debida”, comentó Dalila Gonçalves en la entrevista. “Si las instituciones continúan trabajando de una forma aislada, nunca lo van a lograr, necesitamos compartir, aprender y a estar abiertos a otras perspectivas”.
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Reactivar proyectos paralizados
UNOPS dice que uno de los objetivos en los países de Latinoamérica debe ser priorizar la ejecución de proyectos paralizados.
En Brasil, de acuerdo con información entregada en la entrevista, hay cerca de 25.000 proyectos de infraestructura paralizados.
Actualmente, la organización acompaña entre 14 y 15 proyectos que están en implementación.
Al mismo tiempo, está trabajando en definir una estrategia que permita apoyar al gobierno no solo en los proyectos en curso, sino también en la reactivación de ese amplio volumen de iniciativas detenidas.
“Todos los días escuchamos que los financiamientos disponibles no son suficientes para que los gobiernos alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, según Gonçalves. “Pero nadie nos dice que, si todos los recursos que hoy están detenidos se transformaran en proyectos reales, cuál sería el impacto que podríamos lograr y qué tan cerca estaríamos realmente de cumplir esos objetivos”.
Reactivar esos proyectos podría tener un efecto significativo en el cierre de brechas de infraestructura y en el avance hacia las metas de desarrollo, de acuerdo con Dalila Gonçalves.
Gonçalves señala las dificultades de los gobiernos para garantizar la continuidad en la implementación de proyectos, especialmente de infraestructura.
Con frecuencia, las iniciativas se paralizan por diversas razones, como el retiro del socio privado, problemas contractuales o financieros, o cambios en las condiciones del entorno.
En ese contexto, la organización apoya a gobiernos e instituciones mediante evaluaciones que permiten diagnosticar por qué se frenó la ejecución.
A partir de ese análisis, propone medidas para retomar la implementación y asegurar que los proyectos se concreten conforme a los objetivos.
Lecciones aprendidas
A raíz de casos emblemáticos de corrupción en América Latina, como el de la constructora brasileña Odebrecht, Dalila Gonçalves señaló que hoy existe una mayor conciencia sobre el impacto de estos delitos.
A su juicio, los escándalos hoy se debaten abiertamente, las contralorías han intensificado sus acciones y también hay más innovación tecnológica y voluntad para implementar herramientas que permitan detectar y prevenir irregularidades, aseguró. “Claro que todos los países de América Latina están en distintos niveles de desarrollo”.
Desde la UNOPS indican que los Gobiernos pueden mejorar en sus indicadores de ejecución al introducir contratos FIDIC, que son ampliamente utilizados en la construcción internacional como referencia no solo para la gestión de los proyectos, sino también para anticiparse a riesgos y resolución de disputas.
Asimismo, el director regional de UNOPS para Ecuador, Perú y Colombia, Nicholas Gardner, se refiere a otras medidas que pueden adoptarse como la capacitación a ministerios e instituciones públicas en manejo de contratos, en la implementación de PMO (Project Management Office) y el uso de BIM (Building Information Modeling).
“Todas son herramientas que pueden ayudar con datos, información y minimizar las posibilidades para introducir corrupción o elevar precios”, explicó Nicholas Gardner.
La organización también destacó el papel de la tecnología en la prevención de irregularidades en proyectos estratégicos en la región, especialmente a través del análisis de datos y la IA.
El acceso a bases de datos comparativas y el uso de herramientas de análisis permiten a los gobiernos negociar mejores precios y detectar señales de alerta en tiempo real, algo que ya viene siendo implementado en la adquisición de medicamentos.
“Como tenemos datos de los precios de medicamentos en distintos países, podemos procesarlos rápidamente en nuestros sistemas y herramientas electrónicas para compararlos”. dijo Nicholas Gardner. “Con esa información, estamos en mejor posición para negociar con los proveedores. De esta forma hemos logrado ahorros enormes en la compra de medicamentos”.
Señaló que las contralorías están avanzando en el uso de tecnología para analizar el universo completo de transacciones con miras a detectar señales de alerta y posibles irregularidades.
“También estamos trabajando para implementar procesos y una cultura para evitar la corrupción desde un principio y no solamente detectar después en el control de la contraloría”, apuntó Gardner.
Los países donde se percibe más y menos corrupción
La lucha contra la corrupción en las Américas no demuestra avances, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2025, publicado el 10 de febrero por Transparencia Internacional.
El IPC clasifica a 182 países en función de sus niveles de percepción de corrupción en el sector público, en una escala en la que cero equivale a “mucha corrupción” y 100 a “muy baja corrupción”.
Los dos únicos países que han demostrado “mejoras significativas” reduciendo la percepción de corrupción son República Dominicana (37 puntos) y Guyana (40).
Uruguay (73) y Costa Rica (56), consideradas las democracias más sólidas de Latinoamérica, están padeciendo violencia que se alimenta de la corrupción y, además, del crimen organizado.
En contraste, Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16) son los países con las calificaciones más bajas respecto a la percepción de este flagelo. Los factores en común son los altos niveles de represión, la corrupción estructural y una institucionalidad fallida, cuando no cooptada.
La calificación es elaborada a partir de 13 fuentes externas que incluyen al Banco Mundial, empresas de evaluación de riesgo, grupos de expertos, entre otros.
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