Buenos Aires — El Gobierno de Javier Milei definió los detalles del “súper RIGI”, el nuevo esquema con el que busca ampliar los beneficios para atraer grandes inversiones a sectores tecnológicos y nuevas industrias que, según el oficialismo, “nunca han existido en Argentina”.
El proyecto fue enviado esta semana al Congreso bajo el nombre de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias y plantea un esquema con mayores beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios respecto del RIGI original, aprobado en la Ley Bases y vigente desde agosto de 2024 hasta agosto de 2027.
La iniciativa surge después de casi dos años de implementación del régimen original. Según datos oficiales, hasta el momento se presentaron 38 proyectos, de los cuales 14 fueron aprobados, 23 continúan en evaluación y uno fue rechazado. El monto total comprometido asciende a US$107.176 millones, mientras que los activos computables (montos que percibirán los beneficios) de los proyectos aprobados suman US$13.357 millones.
Las inversiones se concentran principalmente en energía, con proyectos por US$64.500 millones, y minería, con US$41.900 millones. Por provincias, Neuquén lidera con US$50.000 millones comprometidos y San Juan aparece en segundo lugar con US$23.000 millones.
En total participan 45 empresas de 11 países. Argentina encabeza la lista con 11 compañías, seguida por Canadá y China con cinco cada una, Reino Unido con tres y Suiza con otras tres.
Qué cambia con el súper RIGI
El principal cambio del nuevo régimen es el foco sectorial. Mientras el RIGI original apuntaba a sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura, el súper RIGI estará destinado exclusivamente a “nuevas actividades económicas”.
Según el proyecto, se considerarán nuevas actividades a aquellos proyectos industriales, tecnológicos o de infraestructura digital estratégica “que no se desarrollen ni produzcan en el país o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”.
El Gobierno busca que el régimen impulse sectores vinculados a inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura tecnológica, aunque el texto aclara que quedarán excluidas las ampliaciones o modernizaciones de proyectos ya existentes.
Otra diferencia importante es el monto mínimo de inversión. El RIGI original establecía pisos de entre US$200 millones y US$600 millones según el sector, mientras que el súper RIGI fija un umbral único de US$1.000 millones por proyecto.
Además, las empresas deberán comprometer inversiones equivalentes al 20% de ese monto dentro de los primeros dos años desde la adhesión al régimen.
VER MÁS: Sur Energy: Socia de Open AI en Argentina espera activar data centers patagónicos en 2027
Más beneficios fiscales
El súper RIGI también amplía los incentivos tributarios respecto del régimen original.
La alícuota del Impuesto a las Ganancias bajará al 15%, contra el 25% previsto en el RIGI actual. También incorpora un esquema más agresivo de amortización acelerada para bienes muebles y obras de infraestructura.
A eso se suma la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y transferirlos a terceros luego de cinco años, además de una reducción en la carga sobre dividendos y utilidades distribuidas.
En materia de IVA, el proyecto mantiene el esquema de Certificados de Crédito Fiscal para inversiones y agrega la posibilidad de transferir remanentes si ARCA demora más de tres meses en efectuar devoluciones.
El nuevo régimen también contempla exenciones totales de derechos de importación y exportación, beneficios sobre el impuesto a los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para contribuciones patronales vinculadas a nuevos empleos.
Divisas y proveedores locales
En el frente cambiario, el súper RIGI mantiene un esquema de libre disponibilidad progresiva de divisas para exportaciones: 20% al año de la primera exportación, 40% al segundo año y 100% al tercero.
También aparece una diferencia relevante respecto de la integración local. El RIGI original exigía un piso mínimo de contratación de proveedores locales equivalente al 20% de las inversiones en bienes y obras, siempre que existiera oferta competitiva.
El súper RIGI elimina ese requisito y establece que no podrán imponerse compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado, un punto que podría generar debate entre provincias y empresas proveedoras nacionales.
Por último, ambos regímenes contemplan estabilidad regulatoria por 30 años y mecanismos de resolución internacional de controversias frente al Estado argentino.
LEA MÁS: Provincias argentinas negocian con mineras por proveedores locales tras RIGI y ley de glaciares
