Las razones por las que el Gobierno de Bolivia intervino a la petrolera estatal YPFB y en qué consiste la medida

La intervención de YPFB tendrá una duración inicial de 180 días, periodo en el que el Gobierno evaluará su gestión y la cadena de importación y distribución de combustibles.

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YPFB.

Bloomberg Línea — El Gobierno de Bolivia anunció la intervención “extraordinaria” de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante un período inicial de 180 días con miras a garantizar el abastecimiento y transparentar la distribución de los combustibles.

El plazo de la intervención podría extenderse una sola vez y de manera excepcional por otros 90 días, según la medida anunciada mediante el decreto 5697, publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia.

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En todo caso, la intervención podría concluir antes si se superan las condiciones que la motivaron, según ha dicho el propio Gobierno boliviano.

Por medio de esta acción se dispone “la intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal de la gestión de YPFB, con la finalidad de proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia de la gestión operativa y administrativa”, dice el documento.

La medida dispone de mecanismos de control para identificar posibles irregularidades y establecer responsabilidades.

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Ver más: Informe privado cuestiona el rol de YPFB en Bolivia: “En 90 años, no ha logrado consolidarse”

La comisión de intervención de YPFB estará integrada por cinco representantes del Gobierno, provenientes de los ministerios de Hidrocarburos y Energías; Economía y Finanzas Públicas; Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; y el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública.

Durante la intervención, la comisión tendrá acceso a la información técnica, administrativa, financiera y operativa de YPFB.

Esta comisión podrá realizar auditorías, inspecciones y evaluaciones, contratar especialistas y recomendar cambios de personal o acciones legales cuando encuentre irregularidades.

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Su tarea será revisar el funcionamiento de la empresa y su cadena de importación y distribución de combustibles para recomendar medidas correctivas al Gobierno.

En el ejercicio, se buscará detectar posibles desvíos o contrabando de combustibles.

La Comisión deberá presentar un informe inicial en un plazo máximo de 30 días calendario

El trasfondo de la medida

El analista Fernando Romero, expresidente del Colegio de Economistas de Tarija, dice que económicamente la medida reconoce que el problema ya no es solamente de abastecimiento, sino también de gestión, logística, trazabilidad, comercialización y control.

“El dato financiero es preocupante: YPFB cerró 2025 con apenas Bs.2.902,9 millones en disponibilidades, frente a Bs.5.816,7 millones en 2024, mientras sus pasivos corrientes llegaron a Bs. 37.024,4 millones. Además, la comercialización mayorista de combustibles registró una pérdida de Bs.15.547,8 millones en 2025″, dijo Romero.

Considera que la intervención puede ser positiva si permite transparentar las operaciones y corregir ineficiencias, pero también cree que evidencia que YPFB requiere una reforma empresarial profunda, no solamente un cambio temporal de autoridades.

Romero señaló que si al finalizar los 180 días solamente se han producido cambios de personal o auditorías, la intervención habrá tenido un efecto limitado.

“La intervención es más acotada de lo que sugiere la palabra. El Decreto 5697 no toca la naturaleza jurídica ni la estructura de YPFB y no reemplaza a su directorio”, dijo a Bloomberg Línea el economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Jonathan Fortun. Señaló que la comisión “es un instrumento de diagnóstico sobre la cadena de importación y distribución de carburantes, no una toma de control de la empresa”.

Fortun sostuvo que el problema de fondo no es de gestión, sino de precios.

Con un tipo de cambio oficial de Bs.12,26 por dólar y un precio del diésel en Nueva York superior a US$1,20 por litro, estimó que el costo del producto puesto en frontera ronda los Bs.15 por litro, antes de fletes y márgenes, frente a un precio en surtidor de Bs9,80 bolivianos.

Según su análisis, ninguna mejora logística eliminará las filas mientras el combustible se venda “35% por debajo de su costo de adquisición”, pues esa brecha incentiva el desvío y el contrabando que la comisión busca investigar.

También afirmó que el ahorro fiscal del ajuste de diciembre se revirtió.

Con los precios congelados hasta enero de 2027, la depreciación del boliviano desde junio y el aumento del margen del diésel, calculó que la subvención implícita ya supera el 6% del PIB en términos anualizados. “El techo de Bs.1.000 millones que fijó el Decreto 5652 para compensar a YPFB cubre apenas unas semanas de esa brecha, y eso se traduce en una empresa que importa a pérdida y raciona”.

Fortun considera que para los mercados, el dato a seguir es el fiscal.

Con el boliviano depreciándose más de 6% en las últimas ocho sesiones, cada semana de precios congelados amplía la factura de importación en dólares y la transferencia que tendrá que absorber el Tesoro, en un año en que el programa con el FMI depende de contener exactamente ese gasto.

Desde 2024, Bolivia se enfrenta a un abastecimiento irregular de combustibles, que se evidencia en largas filas en las gasolineras.

Entre mayo y junio, los bloqueos de carreteras agravaron la situación del abastecimiento de combustibles en el país andino.

Ya a principios de este año, los conductores también denunciaron problemas en sus vehículos que atribuyeron a la calidad de la gasolina.

En febrero, YPFB informó que tras una investigación realizada por un equipo técnico de la empresa estatal se identificó “de manera muy puntual” casos específicos de gasolina con concentraciones superiores de goma y manganeso.

“Los problemas están confirmados, y básicamente tiene que ver con la goma y el manganeso, fuera de especificación, que se genera en dos tanques que ya los hemos identificado y los hemos separado de todos los procesos”, dijo en su momento en un comunicado Yussef Akly Flores, entonces presidente de YPFB.

Cuestionamiento a YPFB

Indústria gás Bolívia

Según un reciente informe de la Fundación Jubileo, YPFB llega a sus 90 años de historia sin haber logrado consolidarse como una compañía eficiente e institucionalizada.

La Fundación Jubileo cuestiona el papel que la firma ha desempeñado durante las distintas etapas políticas del país y advierte sobre el deterioro de los principales indicadores del sector hidrocarburífero.

“En 90 años de su creación, no ha logrado consolidarse en el país”, señala el informe, que describe a YPFB como una empresa que quedó expuesta a los intereses políticos y económicos de los distintos gobiernos y que terminó funcionando, en distintos momentos, como una fuente de empleo vinculada a los partidos o agrupaciones que llegaban al poder.

La petrolera estatal tiene 11 empresas subsidiarias bajo una presidencia ejecutiva. De ella dependen además siete gerencias nacionales y cinco direcciones, mientras que dos vicepresidencias cuentan a su vez con otras 10 gerencias nacionales.

Para Fundación Jubileo, esta configuración conforma una estructura “burocrática, altamente ineficiente”, a la que se suma un problema institucional: YPFB mantiene simultáneamente funciones de operador y fiscalizador dentro del sector hidrocarburífero.

El informe vincula esta estructura con el desempeño de la industria hidrocarburífera boliviana durante las últimas dos décadas.

Según el documento, los 20 años de apuesta por un papel monopólico de YPFB estuvieron acompañados por una caída de las reservas certificadas de hidrocarburos y una reducción significativa de la producción tanto de gas natural como de líquidos.

El deterioro también tuvo consecuencias sobre los mercados externos. Bolivia perdió el mercado argentino para su gas natural y redujo en 60% las exportaciones de este energético a Brasil, de acuerdo con el análisis de Fundación Jubileo.

En este marco, Romero dice que el verdadero éxito de la intervención debería medirse con indicadores concretos: menos filas, mayor disponibilidad de combustible, menor costo por litro importado, reducción del contrabando y desvío, menor pérdida financiera y mayor transparencia.

“Y, sobre todo, debe resolverse la causa estructural: Bolivia importa combustible porque produce insuficientes hidrocarburos líquidos y necesita divisas para cubrir esa brecha. La reforma de YPFB, por tanto, debe formar parte de una reforma energética, fiscal e institucional más amplia y compleja”, remató.

Ver más: Presidenta de YPFB y ministro de Hidrocarburos de Bolivia salen por crisis de combustibles

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