Bloomberg Línea — Guatemala mantiene la presión por el aumento de los combustibles, que durante los últimos días ha provocado bloqueos en distintas carreteras del país y ha llevado el precio del diésel por encima de los 50 quetzales por galón en algunas estaciones.
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Aunque las autoridades informaron el pasado sábado de la liberación de las rutas bloqueadas, este miércoles se reportó un nuevo cierre en la carretera CA-1 Occidente, en el tramo entre Malacatancito y Huehuetenango, mientras continúa el debate sobre las medidas para contener el precio de los combustibles.
El incremento ha golpeado especialmente al transporte y al sector agrícola, y ha provocado protestas durante al menos diez días en distintos puntos del país.
Las movilizaciones han incluido cortes de carreteras y reclamos contra el costo de los combustibles y las medidas adoptadas por el Gobierno y el Congreso.
El diésel llegó esta semana a 50,89 quetzales (US$6,67), por galón en la modalidad de servicio completo en la región metropolitana, mientras la gasolina superior se situó en 46,09 quetzales (US$6,04) y la regular en 44,09 (US$5,78). En algunos departamentos, el diésel superó los 51 quetzales (US$6,68).
Este miércoles, la Comisión de Comunicaciones del Congreso dio dictamen favorable a la iniciativa 6809, que propone suspender temporalmente el 65% del IVA y el 100% del Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) aplicados a los combustibles.
La propuesta fija además precios máximos de 35 quetzales para el diésel, Q34,50 para la gasolina regular y Q36 para la superior, y contempla hasta 2.000 millones de quetzales en recursos públicos para compensar la diferencia.
La medida se conoce mientras el Gobierno busca poner en marcha el decreto 21-2026, que contiene la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, aprobado por el Congreso días atrás y el cual establece precios de referencia para la venta al consumidor final en las estaciones de servicio.
Su traslado al Ejecutivo permanece detenido por cuatro objeciones presentadas por el diputado Allan Rodríguez, que deberán ser discutidas por el pleno el 22 de septiembre.
Bloqueos
El debate legislativo ocurre mientras el Gobierno enfrenta presión por los bloqueos registrados en distintas carreteras del país.
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En un mensaje a la nación transmitido en cadena nacional el 13 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo de León defendió la necesidad de garantizar la circulación en las carreteras y acusó a políticos locales y grupos vinculados al narcotráfico de financiar algunos de los bloqueos.
Además, durante la conferencia de prensa presidencial de este miércoles, el mandatario defendió nuevamente la aplicación del decreto 21-2026 y dijo que su objetivo inmediato es reducir el impacto del alza para los consumidores.
El mandatario señaló también que el Gobierno está dispuesto a discutir otras medidas con el Congreso y otros sectores. Entre ellas mencionó el fondo de compensación que se analiza en el Legislativo, al que atribuyó un carácter más estructural, pero insistió en que la prioridad inmediata es poner en marcha el decreto aprobado días atrás.
Por lo pronto, las autoridades han respondido a los bloqueos con operativos de la Policía Nacional Civil y el Ejército. En las jornadas anteriores fueron detenidas varias personas señaladas de participar en los cierres de carreteras, mientras el Gobierno sostiene que debe garantizar tanto la libre circulación como el derecho a la manifestación.
La crisis de los combustibles se produce en un momento de fuerte presión sobre los precios internacionales del petróleo, que han superado los US$100 por barril y han provocado protestas y problemas de abastecimiento en otros países.
Los bloqueos también han tenido un impacto económico. El sector empresarial calculó que las interrupciones ponían en riesgo unos US$150 millones (Q1.149 millones) diarios en mercancías y estimó en alrededor de 100 millones de quetzales diarios (US$13,1 millones) la recaudación que dejaba de percibir el Estado.
La crisis llega además en un momento de baja valoración del presidente guatemalteco. Una encuesta de la consultora CB Global Data publicada esta semana le atribuyó un 28,2% de imagen positiva y un 67,3% de negativa, el registro más bajo entre los 18 mandatarios latinoamericanos incluidos en la medición.
