Bloomberg Línea — Alcanzar el codiciado “grado de inversión” podría significar a Guatemala un ahorro anual de hasta US$640 millones en el pago de su deuda soberana, además de abrir las puertas a miles de millones de dólares en fondos globales de pensiones y seguros, según un análisis de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
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El informe estima que, si el país lograra escalar a la categoría BBB- (S&P y Fitch) o Baa3 (Moody’s), el costo de financiamiento de sus bonos soberanos —actualmente colocados entre 6,5% y 7,2% a 10 años— podría reducirse entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Esto implicaría ahorros anuales de entre US$480 millones y US$640 millones, considerando una deuda pública cercana a US$32.000 millones.
Además del ahorro directo, el grado de inversión permitiría a Guatemala entrar al radar de capitales entre US$25 billones y US$35 billones que administran los fondos de pensiones y seguros globales, los cuales suelen tener restricciones de invertir en economías que no cuentan con este sello de confianza.
Otro efecto sería un aumento sostenido de la IED, que según estimaciones citadas del Fondo Monetario Internacional (FMI), los países que obtienen el grado de inversión suelen registrar incrementos de entre 0,8% y 1,2% del PIB en inversión extranjera durante los primeros años posteriores a la mejora de calificación.
El diagnóstico de la Fundesa es que Guatemala ya cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos, como bajos niveles de deuda, inflación controlada y reservas internacionales robustas, pero que el desafío está “en la capacidad del Estado de transformar esa estabilidad en bienestar, ingresos y competitividad”.
¿Qué necesita Guatemala?
La posición actual es el resultado de una trayectoria de mejoras crediticias “sin precedentes”, impulsada por la solidez macroeconómica, según Fundesa. S&P elevó la nota de BB a BB+ en mayo de 2025; Fitch hizo lo propio en octubre de ese año, y Moody’s confirmó su calificación en abril de 2026, todas con perspectiva estable.
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Sin embargo, las tres agencias coinciden en que la estabilidad por sí sola es insuficiente para dar el salto definitivo en los próximos 12 a 24 meses.
El diagnóstico de las calificadoras identifica tres obstáculos: una carga tributaria históricamente baja (alrededor del 12,6% del PIB), debilidades institucionales en materia de Estado de Derecho y un déficit de inversión productiva e infraestructura.
“El ‘cuello de botella’ de Guatemala no está en la posición fiscal ni externa (ambas excepcionales), sino en la evaluación institucional-de-gobernanza y en la base de ingresos”, señala la Fundesa. “Cualquier reforma que mejore estos dos pilares tiene impacto positivo en las tres agencias simultáneamente”.
Para S&P Global Ratings, si bien el marco legal está mejorando, “lo que sigue es la implementación efectiva”, advirtiendo que “aprobar leyes que no se cumplen solo afecta la evaluación negativamente”. Además, abogó por impulsar el anteproyecto de Ley de Mercado de Valores, que aún está en el Ministerio de Economía (Mineco).
Por su parte, Moody’s señaló sobre la “paradoja central” de la economía guatemalteca, debido a que las “las remesas han financiado principalmente el consumo privado y las importaciones, en lugar de la inversión productiva”, que se ha mantenido baja —alrededor de 16%-17% del PIB— y las exportaciones han perdido peso en la economía, cayendo de cerca del 27% del PIB en 2011 a menos del 16% actualmente.
Fitch, cuya próxima revisión está programada para el segundo semestre de 2026, articuló con mayor detalle la dependencia estructural de Guatemala a las remesas.
Estas divisas enviadas por guatemaltecos en el extranjero —que en 2025 alcanzaron los US$25.530 millones— “funcionan como un balanceado” para la economía, pero también reflejan las limitaciones de la capacidad productiva interna.
Por ello, señaló que el gran desafío para Guatemala es demostrar que su crecimiento económico puede sostenerse y diversificar sus motores más allá de la dependencia de las remesas.
El informe de la entidad privada instó a que la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País en Guatemala (Minapa) oriente su comunicación con Fitch en avances concretos y medibles en gobernanza, como la Ley Anti Lavado, que está por discutirse en el Legislativo; así como de resultados de ejecución de infraestructura, en Puerto Quetzal y el Aeropuerto Internacional La Aurora.
