Bloomberg Línea — Diversos sectores de Guatemala han intensificado en los últimos días sus llamados al Congreso de la República para aprobar la iniciativa de ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.
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El impulso a la iniciativa 6593 ha cobrado fuerza tras los llamados del presidente Bernardo Arévalo de León, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Embajada de Estados Unidos, que coinciden en que la legislación permitiría a Guatemala adecuarse a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), organismo que supervisa las medidas globales contra el blanqueo de capitales.
La discusión ocurre a poco más de un año de que el país centroamericano enfrente en 2027 la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), donde cada nación evaluado debe demostrar que dispone de un marco eficaz para proteger el sistema financiero de abusos.
La SIB dijo esta semana en un comunicado que la aprobación de la ley representa una “prioridad estratégica” para el país y, que más allá de una obligación técnica, contribuiría a “proteger la economía, generar confianza para la inversión, preservar las relaciones financieras internacionales y reducir riesgos que podrían afectar directamente al país, al sistema financiero y a miles de familias guatemaltecas”.
En la misma línea, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala instó públicamente al Congreso a aprobar una normativa “alineada con los estándares del GAFI” para cerrar espacios al narcotráfico y otras estructuras criminales “que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas”.
Durante la conferencia de prensa La Ronda del martes 19 de mayo, el presidente Arévalo también pidió a los diputados “que dejemos de buscarle cosas y aprobemos esa ley. Es una ley que ya está lista y que es apoyada por todos los sectores”.
Según el mandatario, la iniciativa es “absolutamente necesaria para un país que está estableciendo los mecanismos de combate a la corrupción y el narcotráfico”, y fundamental para que Guatemala pueda acceder a la condición de grado de inversión.
La propuesta busca modernizar la legislación vigente mediante mecanismos sobre transparencia del beneficiario final de personas y estructuras jurídicas, cooperación internacional y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros elementos alineados con los estándares internacionales del GAFI.
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La discusión legislativa ha sido convocada para el 2 de junio, cuando la Comisión Permanente del Congreso prevé realizar una sesión extraordinaria en la que se espera que la iniciativa sea discutida y eventualmente aprobada en su redacción final.
El debate revive además un antecedente sensible para Guatemala. En 2001, el país fue incluido por el GAFI en la denominada “lista negra” de jurisdicciones no cooperantes debido a la ausencia de legislación antilavado y de una unidad de inteligencia financiera. Tras una serie de reformas legales y regulatorias, Guatemala salió de esa lista en 2004.
