Grupo Gloria confirma pagos a expresidente español Rodríguez Zapatero para intermediar en Bolivia

El conglomerado peruano confirmó que desembolsó €200.000, pero negó que fuera para evitar que una de sus empresas en Bolivia pagara una multa de US$107 millones.

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Grupo Gloria confirma pagos a expresidente español Rodríguez Zapatero para intermediar en Bolivia.

Bloomberg Línea — El conglomerado peruano Grupo Gloria confirmó que desembolsó €200.000 (US$228.000) entre 2024 y 2025 al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para que mediara con las autoridades bolivianas en un proceso de indemnización sobre una de sus empresas.

El pago fue confirmado en un documento enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú el 1 de julio que trascendió este viernes.

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El conglomerado explica que la transferencia de dinero está relacionada con la asesoría de Rodríguez Zapatero en “diversos comunicacionales e institucionales” a una de sus filiales en Bolivia, la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE), con el cobro de una indemnización que se le adeuda hace 16 años.

SOBOCE sostiene que el Estado boliviano le debe unos US$296 millones como indemnización por haberle expropiado el 33,34% de las acciones que tenía sobre la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) a través de un decreto firmado el 1 de septiembre de 2010 por el presidente Evo Morales.

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En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha adelantado un proceso contra SOBOCE por un caso de supuesta competencia desleal contra Fancesa, es decir, la empresa sobre la que tenía el control de una tercera parte antes de que se le expropiara.

EL TSJ confirmó en un fallo proferido el 26 de junio una sentencia que obliga a SOBOCE a pagar una multa de Bs744 millones (US$107 millones) a Fancesa. En ese contexto, el pago de €200.000 que Grupo Gloria realizó a Rodríguez Zapatero cobra relevancia.

¿Tráfico de influencias a favor de Grupo Gloria?

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España planteó un informe que, mediante una “dinámica de intermediación e influencias”, el expresidente Rodríguez Zapatero habría buscado evitar que Grupo Gloria, propietario de SOBOCE, pagara la multa de Bs744 millones.

El informe en mención fue conocido por El País y citado en un artículo del pasado 24 de junio. Entre las razones de la UDEF para creer que Rodríguez Zapatero buscó influir en las decisiones judiciales bolivianas sobresalen reuniones y contactos con “altas esferas políticas de Bolivia”, entre ellos, el expresidente Luis Arce y el otrora ministro de Justicia, César Adalid.

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En concreto, las autoridades españolas creen que Rodríguez Zapatero no recibió dinero por su trabajo para buscar que SOBOCE recibiera una indemnización del Estado boliviano, sino para evitar que pagara la deuda a Fancesa ordenada por el TSJ.

La UDEF cree que hay “indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”, dice el informe citado por El País.

La justificación de Grupo Gloria sobre el pago

Aunque Grupo Gloria aseguró en el documento enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores que la asesoría de Rodríguez Zapatero “en ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia”, es decir, con el fallo del TSJ, precisó que sí buscó promover un acuerdo para que el Estado boliviano le pagara la indemnización de US$296 millones por SOBOCE.

Comunicación de Grupo Gloria a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú

“La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente”, dice el archivo.

SOBOCE, en una carta independiente dirigida al ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, también dice que “ninguna iniciativa institucional de nuestra corporación ha tenido como finalidad, directa o indirecta, interferir, presionar o distorsionar el curso de las acciones judiciales vigentes”.

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