Bloomberg Línea — Un 35% de los migrantes y refugiados venezolanos en los países de Latinoamérica planea retornar a su país, de acuerdo con una encuesta divulgada este martes por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Del total, un 9% de los venezolanos que migraron a otros países dijeron que prevén regresar en menos de un año.
Además, un 10% está considerando volver y 16% manifestó una preferencia general por la repatriación, señala el informe “Intenciones de regresar a Venezuela. Marzo 2026″.
“Aunque este porcentaje puede parecer limitado, podría traducirse en un número potencialmente elevado de personas si se considera la magnitud del desplazamiento, con millones de venezolanos actualmente acogidos en países de toda la región”, indicó ACNUR.
ACNUR insta a que cualquier retorno de los migrantes debe ser “voluntario, seguro y digno”.
“Los desarrollos recientes dentro de Venezuela han señalado la posibilidad de cambios políticos e institucionales”, según ACNUR. “Aunque persiste una elevada incertidumbre sobre el panorama político, la eventualidad de reformas es seguida de cerca por los venezolanos dentro y fuera del país”.
En todo caso, un 75% no ha tomado medidas concretas para preparar el regreso y el 60% afirma no contar con información suficiente para decidir, “lo que evidencia brechas importantes de información y preparación”.
La encuesta de ACNUR tuvo en cuenta las respuestas de 1.288 venezolanos en países de la región como Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala.
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¿Decisión de irse o permanecer?
La principal razón mencionada por los encuestados para retornar a corto o medio plazo es el reagrupamiento familiar, mientras que las principales barreras para volver son el temor a la falta de empleo o ingresos y la inseguridad.
“El acceso a empleo e ingresos en los países de acogida sigue siendo el principal factor que influye en la decisión de permanecer”, dice el informe.
ACNUR estima que a noviembre de 2025 unos 6,9 millones de venezolanos residían en distintos países de América Latina, “lo que representa una de las mayores situaciones de desplazamiento en la historia de la región”.
De estos, calcula que unos 4 millones requieren asistencia para facilitar su integración, acceder a protección y garantizar servicios esenciales, según el informe.
Muchas de estas personas “continúan enfrentando barreras para una integración sostenible, entre ellas inseguridad socioeconómica, falta de documentación, oportunidades laborales limitadas y obstáculos estructurales como el no reconocimiento de títulos profesionales y la dependencia de mercados laborales informales”.
Aporte económico de la diáspora
Los migrantes venezolanos que fueron acogidos por Latinoamérica y el Caribe en los últimos años aportan más de US$10.600 millones anuales en consumo a las economías de la región, de acuerdo con un informe publicado en 2025 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“El consumo de bienes y servicios por parte de la población migrante tiene un efecto directo en las finanzas públicas”, dice la OIM. “Este gasto se traduce en un aporte tributario a través de impuestos indirectos, como el IVA”.
En Colombia, el país con mayor número de migrantes venezolanos, la inyección financiera aportada por ellos es de US$3.000 millones.
La diáspora mueve US$2.404 millones en consumo en Perú y US$2.402 millones en Chile, los países que completan el top tres.
Panamá (US$1.232 millones), Ecuador (US$876 millones), República Dominicana (US$322 millones) y Costa Rica (US$262 millones) también han visto dinamizadas sus economías por cuenta del consumo de la diáspora.
“El análisis del consumo revela que la prioridad económica de los hogares migrantes se centra en garantizar la satisfacción de necesidades básicas, especialmente en vivienda y alimentos”, dice la OIM.
Para que la migración venezolana “desbloquee su plena contribución” al desarrollo económico de la región es necesario que los países de acogida promuevan políticas que faciliten su integración al mercado laboral y reconozcan su aporte potencial, dice la OIM.
En la actualidad, el 70% de los ciudadanos venezolanos en América Latina y el Caribe cuentan con un estatus migratorio regular, lo que les ha facilitado conseguir empleos. Sin embargo, no todos ejercen su profesión, y trabajan en sectores de baja calificación. Al fenómeno se le conoce como “degradación de habilidades”.
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