Bloomberg Línea — La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles reconfigura el mapa del comercio internacional sin alterar su lógica central. El fallo invalida una parte sustancial de las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, pero no modifica la voluntad política de utilizar el instrumento arancelario como herramienta de poder.
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El episodio no representa un giro estructural hacia la liberalización, sino un ajuste institucional sobre los límites del Ejecutivo. El efecto inmediato es la desaparición de una porción relevante de los gravámenes vigentes, aunque el propio presidente activó en cuestión de horas un mecanismo alternativo que mantiene la presión sobre las importaciones.
Chris Padilla, asesor senior en Brunswick Group y ex subsecretario de Comercio para Comercio Internacional, sintetizó el momento durante un webinar del Instituto de Finanzas Internacionales con una frase que condensa la paradoja del nuevo escenario cuando afirmó que “los aranceles están muertos, larga vida a los aranceles”.
La expresión describe un sistema en transición donde la arquitectura jurídica cambia, pero la estrategia permanece. El mercado enfrenta así una segunda fase del experimento comercial iniciado con el retorno de Trump a la Casa Blanca en 2025.
El alcance del fallo y la activación del plan B
La Corte Suprema determinó que la International Emergency Economic Powers Act no otorga al presidente la facultad de imponer aranceles, aunque sí le permite aplicar sanciones financieras.
Padilla explicó que “lo que el tribunal decidió es que el poder de gravar o el poder de imponer un arancel que está reservado bajo la Constitución de Estados Unidos exclusivamente al Congreso no estaba incluido entre los poderes que el Congreso otorgó al presidente”.
La consecuencia práctica fue la invalidación de la mayoría de los aranceles adoptados bajo ese fundamento legal durante el segundo mandato. Según el propio análisis presentado en el evento, estas medidas afectaban alrededor de US$2 billones en importaciones estadounidenses y representaban cerca de 75% del total de gravámenes introducidos desde enero de 2025.
Quedaron fuera del fallo los aranceles sectoriales aplicados bajo otras disposiciones, como los vinculados al acero, aluminio, cobre y automóviles, que continúan vigentes. La distinción jurídica redefine el equilibrio entre Ejecutivo y Congreso, pero no elimina la capacidad presidencial de actuar por otras vías.
La reacción fue inmediata. Trump recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer un recargo global inicial de 10% que luego elevó a 15%, invocando una emergencia en la balanza de pagos. Padilla detalló que esta herramienta permite aplicar un recargo general por un máximo de 150 días, tras los cuales expira salvo intervención legislativa.
El propio analista recordó que “bajo las peculiaridades del derecho y la historia de Estados Unidos, durante muchas décadas el Congreso ha delegado progresivamente más y más autoridad arancelaria al presidente”. Esa delegación acumulada constituye la base del plan alternativo.
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El carácter transitorio del recargo abre un período de cinco meses que puede utilizarse para iniciar investigaciones formales bajo otras secciones, como la 301 o la 232, que requieren procesos administrativos más extensos. Padilla indicó que “bajo estas otras leyes, típicamente toma entre tres y ocho meses realizar una investigación y luego imponer un arancel”. El calendario encaja con la vigencia limitada del recargo global.
El impacto internacional
El rediseño produce efectos asimétricos. Países que negociaron topes arancelarios de 10% pueden enfrentar ahora un recargo superior, mientras que economías sometidas a gravámenes acumulados bajo la legislación invalidada observan una reducción inmediata.
China, por ejemplo, ve desaparecer los aranceles vinculados a la legislación anulada. Padilla sostuvo que “China en este momento está mejor de lo que estaba el jueves por la tarde”, aunque advirtió que el Ejecutivo conserva margen para reactivar medidas bajo otras bases jurídicas.
Brasil figura entre los casos con variación significativa. Antes del fallo, enfrentaba una carga cercana a 50% por la combinación de aranceles recíprocos y medidas políticas adicionales. Con la anulación de la base legal principal, ese nivel cae de manera sustancial, aunque podría reconfigurarse mediante una investigación bajo la Sección 301 ya iniciada.
En Europa, la situación genera fricción institucional. El Parlamento Europeo pospuso la votación de aprobación de un acuerdo comercial ante la incertidumbre sobre la compatibilidad del nuevo recargo con el límite previamente pactado. La discusión revela la fragilidad de los compromisos alcanzados bajo un marco que cambia de fundamento legal.
En América del Norte, el recargo excluye bienes elegibles bajo el acuerdo del T-MEC. Padilla subrayó que “el presidente eximió todos los bienes elegibles del T-MEC del recargo global ahora de 15%”. La decisión preserva la integración regional y reduce el riesgo inmediato para México y Canadá.
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El entorno, sin embargo, se caracteriza por volatilidad normativa. El propio analista reconoció que “estamos de nuevo en un período de caos e incertidumbre”, una afirmación que incide directamente en la valoración de activos, la planificación de cadenas de suministro y las decisiones de inversión.
El efecto en la política interna
El frente doméstico introduce otro vector de análisis. La impopularidad de los aranceles y la proximidad de las elecciones legislativas de medio mandato condicionan el margen político.
Padilla observó que “los aranceles no son populares”, un dato que influye en la eventual extensión del recargo bajo la Sección 122, la cual requiere respaldo del Congreso más allá del plazo inicial.
El fallo también abre la cuestión de los reembolsos. La Corte Suprema no ordenó devoluciones inmediatas y remitió el asunto a instancias inferiores. Padilla anticipó que “mi principal consejo a las empresas es guarden sus recibos”, en referencia a la posibilidad de reembolsos futuros sobre aranceles cobrados bajo la legislación invalidada.
El impacto fiscal añade complejidad. Las estimaciones previas contemplaban ingresos relevantes en un horizonte de diez años, pero la anulación y la eventual devolución de montos recaudados modifican esas proyecciones.
Aun así, el propio análisis recordó que la finalidad principal no fue estrictamente recaudatoria, sino instrumental en términos de poder de negociación y política industrial.
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Más allá del ciclo actual, la discusión se proyecta hacia la próxima administración. La experiencia de la etapa 2017-2021 mostró que los aranceles pueden mantenerse aun con cambio de partido en la Casa Blanca.
El propio Padilla señaló que no se regresará a la agenda clásica de liberalización comercial de décadas anteriores, aunque podría emerger un enfoque más selectivo.
En este punto, la estabilidad dependerá menos del fallo judicial que de la disposición presidencial.
Padilla sostuvo que existe una oportunidad para normalizar el sistema si se limita la aplicación a socios estratégicos específicos y se deja expirar el recargo general, pero reconoció que la inclinación del presidente hacia el instrumento arancelario dificulta ese escenario.
