El Carnaval pudo haber llegado a su fin, pero el escándalo político que sacude a la clase dirigente de Brasil solo está cobrando fuerza.
Unos meses después del espectacular colapso del Banco Master, la entidad crediticia con conexiones políticas liquidada con un coste estimado de R$55.000 millones (US$10.500 millones) para el fondo de garantía de depósitos, las repercusiones siguen extendiéndose y mancillando la reputación de la Corte Suprema.
José Antonio Dias Toffoli, el juez que supervisa la investigación sobre la caída de este banco en rápido crecimiento, accedió la semana pasada a apartarse del caso ante la cada vez mayor presión de sus colegas magistrados.
Durante semanas, Dias Toffoli se ha enfrentado a una avalancha de información negativa sobre sus erráticas decisiones en lo que ya se ha calificado como el mayor fraude bancario de Brasil, además de sus supuestos vínculos personales y financieros con figuras de la entidad bancaria en quiebra, como su extravagante CEO, Daniel Vorcaro.
Poco antes de su quiebra, Master había adquirido los espacios de oficinas más caros de Londres y Miami, una prueba más de la excentricidad de sus operaciones. Si bien Toffoli negó las acusaciones en su contra, un informe de la policía federal en el que se detallan esos supuestos vínculos parece haber sido la gota que colmó el vaso.
No obstante, apartar a Toffoli del caso puede no ser suficiente ni llegar a tiempo para el poderoso tribunal, que en estos momentos está siendo objeto de un minucioso escrutinio.
El tribunal se encontraba ya a la defensiva tras las informaciones de que un segundo magistrado, el controvertido Alexandre de Moraes, tenía también vínculos familiares con la problemática entidad crediticia.
Según informó en diciembre la columnista Malu Gaspar de O Globo , un bufete de abogados vinculado a la esposa de Moraes había obtenido un contrato multimillonario para prestar servicios jurídicos no revelados a Master.
En este momento, lo más honorable sería que ambos jueces anunciaran su retiro y se consolaran con los generosos paquetes que Brasil suele reservar para sus altos funcionarios. Tener un poco menos de exposición mediática sería muy beneficioso para un tribunal que a menudo parece actuar como poder ejecutivo, legislativo y judicial a la vez; de todos modos, es probable que el caso sea competencia de tribunales inferiores, por lo menos durante esta fase de investigación.
Sin embargo, las consideraciones de honor aún no han surgido en esta historia. Por el contrario, según la prensa local, el estado de ánimo que prevalece en Brasilia es de luchas internas, desafío y rumores de caza de brujas.
Lo que es peor, la percepción de que el tribunal se está comportando como un actor político corporativista amenaza con alimentar una crisis institucional más amplia, justo cuando el país se adentra en una acalorada temporada de elecciones generales en octubre.
El historial reciente del tribunal no ayuda.
En los últimos años, ha emitido una serie de decisiones muy controvertidas, desde la anulación en 2021 de las condenas por corrupción que llevaron al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión, hasta la conducción de una investigación interminable sobre la desinformación en la política, pasando por la orden de suspender a X en Brasil bajo un fallo liderado por Moraes, por no mencionar la condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión el año pasado.
Cada decisión generó fuertes críticas de sectores de la sociedad brasileña, pero aún podría enmarcarse como parte de un mandato institucional más amplio.
El caso de Master es diferente. Este escándalo pinta al tribunal, conocido en Brasil como el STF, menos como el asertivo guardián de la democracia que dice ser y más como un organismo corporativo autoprotector que vive bajo reglas diferentes a las de los brasileños comunes.
Como escribe el analista Thomas Traumann, con Bolsonaro ahora encarcelado, las divisiones entre los ministros resurgieron no por diferentes puntos de vista constitucionales, sino por objetivos más mundanos como “ganar más dinero”.
Casi no pasa un día sin nuevas revelaciones en la prensa brasileña, lo que garantiza que el escándalo no se desvanezca silenciosamente y subraya el papel esencial del periodismo de investigación en la economía más grande de América Latina. Las acusaciones también alimentan una corriente subyacente de sentimiento antisistema que en el pasado ha sido explotada eficazmente por Bolsonaro y sus aliados.
A pesar de los descarados intentos de ocultar un escándalo que afecta a muchas figuras poderosas, es probable que el caso se torne aún más polémico a medida que se intensifica la campaña electoral. La aparición de conflictos de intereses da a la defensa motivos para solicitar, en el futuro, la anulación de toda la investigación.
Aún más complejo es el escenario en el que las elecciones de octubre resulten tan controvertidas que obliguen al STF a intervenir como tribunal de última instancia. ¿Aún tiene la credibilidad para actuar como una voz imparcial en el ajuste de cuentas políticas?
En lugar de buscar chivos expiatorios y filtrar información, el tribunal debería centrarse en su función principal: cumplir la ley y garantizar que el caso reciba una investigación independiente, imparcial y eficiente.
Adoptar un código de ética para sus jueces, una medida largamente debatida, es lo mínimo que el tribunal puede hacer para empezar a reparar su imagen ante los brasileños. Toffoli y Moraes también deberían explicar claramente la naturaleza de su relación con Master.
Sin embargo, lo más difícil llevará tiempo y podría resultar explosivo: la corte se ha vuelto demasiado poderosa para su propio bien, y es necesario volver a meter al genio en la botella.
Si la corte no puede contener sus propios excesos y recuperar la confianza pública que necesita para gobernar con legitimidad, tarde o temprano el sistema político intentará corregir el rumbo. Esa es la espada de Damocles que pende sobre las instituciones brasileñas.
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