Es evidente a estas alturas cuál es la estrategia de la Casa Blanca respecto a Cuba: desmontar la imagen pública del régimen para asegurarse una ventaja estratégica definitiva, sin llegar al cambio total de régimen.
Este es el modelo que ha seguido la administración Trump en Venezuela desde que sacó del poder a Nicolás Maduro a inicios de año, y el enfoque que ahora parece estar buscando en la isla comunista.
De acuerdo con un reportaje publicado el lunes por The New York Times, Donald Trump tiene la intención de sacar del poder al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, elegido a dedo, dejando intacto el sistema represivo respaldado por el ejército que ha gobernado la isla desde la revolución de Fidel Castro en 1959.
Esta iniciativa se desarrolla en paralelo a una creciente presión económica y financiera, cuyo objetivo es obligar a La Habana a una subordinación de facto respecto a Washington. Coincide con informes sobre múltiples conversaciones entre funcionarios de EE.UU. y figuras cercanas a Raúl Castro, el hombre fuerte del régimen.
Llámese “transición contenida”: la estrategia destinada a alterar el status quo lo suficiente como para poner en marcha el cambio bajo la tutela de Estados Unidos sin alterar las estructuras de poder subyacentes del régimen, por lo menos en el corto plazo.
Igual que en Venezuela, le ofrece a Trump una victoria brillante para los libros de historia: “Tendré el honor de apoderarme de Cuba” se jactó, al tiempo que busca evitar los riesgos de disturbios civiles, migración masiva o el colapso total del Estado.
Por su parte, el Gobierno cubano pareciera estar respondiendo de una manera más proactiva, probablemente consciente de que iniciativas similares por vías extraoficiales en Venezuela e Irán terminaron dando pie a acciones militares.
Díaz-Canel reconoció en público por primera vez la semana pasada que se estaban manteniendo conversaciones con Washington para buscar “posibles soluciones a nuestras diferencias bilaterales”, al tiempo que su gobierno prometió liberar a decenas de presos políticos.
Estas medidas fueron acompañadas de compromisos para facilitar la participación de los cubanos en el extranjero en la economía estatal del país, lo que les permitiría invertir y ser propietarios de negocios privados, algo que, aunque pequeño, supone un paso significativo hacia el capitalismo y que está en línea con los intereses de la diáspora y con el impulso de Washington hacia el fortalecimiento del sector privado local.
El régimen además ha mostrado su disposición a cooperar en materia de seguridad, a la vez que ha rechazado enérgicamente cualquier vínculo con grupos terroristas o con el lavado de dinero.
Hay que tomarse en serio todas estas señales. Marcan un punto de inflexión en la historia de Cuba.
Los informes procedentes de la isla describen un panorama social frágil, marcado por prolongados apagones y una escasez cada vez mayor tras décadas de mala gestión económica, agravadas por la pandemia, un éxodo masivo y una drástica reducción de la ayuda exterior.
Aislados políticamente y acorralados por las salvajes pero eficaces restricciones de la administración Trump a los envíos de combustible, a los dirigentes cubanos no les quedan más opciones que entablar un diálogo con Washington.
Lo que realmente importa no es si Díaz-Canel puede ser destituido, sino cómo La Habana enmarcará su destitución para que no se perciba como una humillante concesión de soberanía al Imperio.
Al mismo tiempo, el enfoque de Trump deja una cosa clara: la democracia no llegará a Cuba en un futuro cercano.
Si el objetivo es forzar un cambio económico sin una apertura política significativa, conviene moderar en gran medida las expectativas de una verdadera transformación.
El secretario de Estado Marco Rubio lo manifestó sin rodeos durante una reunión de la Comunidad del Caribe celebrada en St. Kitts el mes pasado: “El statu quo de Cuba es inaceptable. Cuba necesita cambiar”, declaró antes de agregar: “No tiene por qué cambiar de golpe. No tiene por qué cambiar de un día para otro”.
Aquí comienzan a desvanecerse los paralelismos con Venezuela.
El acceso a la riqueza petrolera venezolana fue fundamental en el cálculo que motivó el ataque contra Maduro. Cuba, en cambio, se encuentra en la primera línea de una nueva era demilitarización energética, dada su dependencia del combustible importado.
Tampoco es Cuba una Venezuela política: carece de una oposición movilizada y preparada para gobernar, y no tiene tradición electoral reciente ni instituciones liberales; su último e imperfecto experimento democrático data de hace casi 75 años. En ese sentido, una “transición contenida” podría ser la vía menos arriesgada, salvo una intervención militar desestabilizadora y probablemente desastrosa.
De hecho, si el plan de Trump avanza como parece, no sería la primera vez que la isla se encuentra bajo algún tipo de protectorado de Estados Unidos tras el período neocolonialista de principios del siglo XX.
La turbulenta relación entre ambos países es profunda, y la Casa Blanca bien podría declarar la victoria simplemente demostrando que puede impulsar acciones donde otras administraciones fracasaron.
Sin embargo, un modelo de “Raúl sin Raúl”, en el que la red de los Castro aún ejerce poder desde las sombras, podría resultar una victoria demasiado ajustada, especialmente para los cubanoameri-canos de Florida, cuyas expectativas van mucho más allá de una mera reorganización superficial.
Esa brecha entre el cambio simbólico y la transformación sustancial conlleva riesgos políticos internos para Trump y Rubio, particularmente si la recuperación de la economía y la infraestructura de Cuba resulta más difícil de lo previsto.
La transición que Cuba está desarrollando también pone a prueba a América Latina y el Caribe.
Tras años de fracasos en particular una respuesta democrática cohe-rente a la crisis venezolana, la región tiene ahora una nueva oportunidad para influir en los acontecimientos. No obstante, conviene mantener las expectativas con cautela.
Persisten profundas divisiones ideológicas, incluso a medida que la región se inclina hacia la derecha.
Los gobiernos de izquierda de México y Brasil, que durante mucho tiempo han idealizado al régimen cubano, tendrán que reconocer que el cambio es inevitable. Si desean tener voz y voto, deberán ofrecer alternativas creíbles y una voluntad genuina de mediar de forma constructiva. De lo contrario, corren el riesgo de ser marginados nuevamente por Washington, como sucedió en Venezuela.
En un libro reciente, el gran escritor cubano Leonardo Padura reflexiona sobre la nostalgia y el desencanto que le produce ver cómo La Habana, que en su día fue conocida como la París del Caribe, sucumbe a un deterioro irreversible.
Puede que ahora esté surgiendo una oportunidad para revertir esa trayectoria, tanto para la capital como para la isla en su conjunto, mediante un proceso político estrictamente controlado. La historia sugiere que no será tan rápido ni tan profundo como muchos esperamos.
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