Ecuador

Ley de inversiones fue negada y archivada por el Legislativo de Ecuador

El Ejecutivo tenía la esperanza de conseguir los votos para su proyecto, pero no lo logró

La Asamblea negó la ley de inversiones con 87 votos
24 de marzo, 2022 | 05:49 PM

QUITO — La Ley de Inversiones se negó y archivó este jueves 24 de marzo luego de que 87 legisladores aprobaran esa moción. El resultado se dio después de que la sesión fue suspendida en reiteradas ocasiones. El Ejecutivo tenía la esperanza de conseguir los votos, pero a la final solo cosechó 44 voluntades.

La moción de archivo fue presentada por el asambleísta Darwin Pereira, de Pachakutik, y los votos vinieron del correísmo, del propio Pachakutik y de la Izquierda Democrática.

A decir del asambleísta de Pachakutik Salvador Quishpe, con esta decisión “no se impone la voluntad de 87 representantes se impone la voluntad del pueblo ecuatoriano”.

El archivo de la ley se dio luego de que el ponente del texto, Daniel Noboa, no presentara el documento actualizado para ser sometido a una nueva votación en el Pleno de la Legislatura.

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Más temprano, Noboa había propuesto incluir nuevas observaciones en el texto para que pueda ser considerado por los asambleístas tras un primer intento fallido de aprobación, pero finalmente no lo presentó y él también se ausentó del Pleno.

El Gobierno necesitaba de 70 votos de los 137 para que su ley fuera aprobada, pero finalmente no lo consiguió.

LO QUE PROPONÍA LA LEY

El contenido el proyecto se clasificaba en tres libros:

  • Inversión y promoción de la gestión delegada y las asociaciones público-privadas
  • Rectoría en transformación digital
  • Reformas en cuerpos legales varios

Objetivos específicos:

  • Asegurar un marco regulatorio que acelere la inversión pública con participación privada.
  • Fomentar el desarrollo de inversiones creadoras de empleo en múltiples sectores de la economía.
  • Aumentar e impulsar la industrialización nacional y la oferta exportable.
  • Promover la inversión e innovación mediante la modernización, actualización y simplificación de trámites, proceso y trabas regulatorias.
  • Fomentar la adopción de tecnologías digitales en la prestación de servicios públicos y gestión de trámites administrativos.