Ecuador

Ecuador protesta por invitación de Honduras a expresidente Rafael Correa

El exmandatario tiene una sentencia de ocho años de prisión por delito de cohecho agravado. La justicia ecuatoriana lo considera “prófugo”

Rafael Correa gobernó Ecuador de 2007 a 2017.
31 de marzo, 2022 | 05:50 PM
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QUITO — El Gobierno ecuatoriano, presidido por Guillermo Lasso, envió una nota de protesta a Honduras por la invitación que la nueva administración de ese país le hiciera al expresidente Rafael Correa, quien en Ecuador tiene una sentencia condenatoria en firme de ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana considera que la prevención y la lucha contra la corrupción constituyen un imperativo y una responsabilidad de todos los Estados y, en ese sentido, aspira a que en las relaciones entre nuestros dos gobiernos prime la cooperación en contra de este flagelo que compromete el desarrollo de nuestros pueblos y el imperio de la ley”, se lee en la carta enviada a la Embajada centroamericana en Ecuador.

En una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación de Honduras, se conoció que la recién posesionada presidenta de Honduras, Xiomara Castro, invitó a Correa para compartir puntos de vista relacionados especialmente con el manejo de la economía.

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“La distinguida visita del exmandatario es una muestra más del interés de personalidades internacionales de conocer el plan de gobierno de la primer mujer presidenta de Honduras”, se leía en la cuenta de Twitter oficial.

De su lado, Correa calificó a la protesta de Ecuador de “¡El colmo del ridículo!”.

En la nota de protesta, la Cancillería ecuatoriana hace notar que la sentencia contra Correa fue dictada por la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia y confirmada por el Tribunal de Casación en el caso Sobornos 2012-2016, proceso que se inició en mayo de 2019 y cuya sentencia se dictó en abril de 2020.

El caso Sobornos encontró culpable a Correa y a varios exfuncionarios más de haber recibido aportes irregulares por parte de contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio de su movimiento político.

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