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El caso venezolano, que incluye ataques al sector privado venezolano, falta de libertad sindical, falta de discusión de contratos colectivos y de salarios mínimos, había sido elevado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por Fedecámaras hace 13 años. En marzo, el Consejo de Administración decidió el envío de una comisión de alto nivel, que a partir de este lunes se instaló en el país para mesas de negociaciones con autoridades gubernamentales, sindicatos y empresarios.
En esta ronda de conversaciones, la OIT se encargará de evaluar también si las recomendaciones realizadas por la Comisión de Encuestas a la administración chavista se han cumplido, luego de que se haya dictado a Nicolás Maduro darle prioridad a los principios de los convenios suscritos en la materia y cesar, en ese sentido, los actos de “violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión”, contra las organizaciones de empleadores y trabajadores.
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Son 7 los directores de la OIT que participan en el encuentro, para el que el gobierno de Maduro habría mostrado disposición. Para las reuniones, que inicialmente tienen previsto realizarse en las instalaciones del Hotel Renaissance de La Castellana, en el este de Caracas, asistirían el Ministro del Trabajo, José Ramón Rivero y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
El expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig dijo en entrevista a Contrapunto, que además de la misión de la OIT de instalar las mesas de diálogo, luego de casi 29 años, se buscaba que se mantuviera una asistencia permanente, más allá de la discusión que pueda alcanzarse en una semana.
“Lo más relevante de esta visita es que se queda una asistencia permanente de la OIT. Esto no se queda en un tema de tres días, sino que hay un seguimiento hasta que se pueda salir, con unas mesas de diálogo, de los múltiples problemas que tenemos empleadores, trabajadores y Gobierno”, dijo Roig.
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Algunos trabajadores y sindicalistas, que se apersonaron en el lugar pautado para el encuentro, cuestionaron que se le impidiera el acceso a representantes que han sido altamente críticos con la administración chavista, cuestionada por sus constantes ataques al sector, que ha escalado al nivel de detenciones y persecusiones, de índole política.
