:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/UUIYH22W5FFQXDEWURYHM6OMAM.jpg "La Unión Europea es el segundo mercado en importancia para las exportaciones de pescado de Panamá.")
Ciudad de Panamá — Panamá amarra sus redes a puerto seguro y a semanas de celebrar la conferencia mundial de los océanos y de recibir la auditoría de la Unión Europea (UE), que evaluará sus avances en contra de la pesca ilegal, establece nuevos requisitos y procesos para erradicar este flagelo, que afecta a uno de cada cinco peces capturados, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
La nación con la mayor flota del mundo -más de 8 mil barcos abanderados- ha adoptado el procedimiento para el sellado de bodegas, certificados de captura, requisitos para desembarque y el establecimiento de una lista de puertos autorizados para transbordos.
Todo buque pesquero de pabellón panameño de servicio internacional o de pabellón extranjero que utilice un puerto local para desembarcar mariscos, y que luego de un desembarque parcial mantenga productos pesqueros remanentes, deberá sustentar el motivo de dicha retención a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).
La autoridad efectuará un sellado físico del compartimiento de los productos permanentes, y en caso de que este sea vulnerado, la Arap prohibirá la salida del buque del recinto portuario.
Por otro lado, se establecieron requisitos para la validación de certificados de captura, con miras a cumplir con el reglamento 1005/2008 de la Unión Europea, que deberá ser completado por todo propietario de buque, armador, agente residente, representante legal o beneficiario de un buque de pesca de pequeña, mediana y gran escala, de pabellón nacional.
De incumplirse las medidas de ordenación, o si el producto está sujeto a restricciones o protecciones especiales, la Arap no validará el certificado de captura, señala una de las cuatro nuevas resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial, órgano informativo del Estado panameño.
Igualmente, se tomaron medidas para el desembarque en puertos extranjeros de los buques pesqueros de pabellón nacional y de servicio internacional.
Se indica que el aval que dará la Arap se circunscribe a un listado de puertos autorizados que pertenecen a un Estado miembro del acuerdo rector de puerto, para desalentar la pesca ilegal no reglamentada y no autorizada, que cumpla con la vigilancia e intercambio de información de buques que efectúen actividades en sus puertos, y que sea parte de la lista de puertos autorizados del Organismo Regional de Ordenación Pesquera (Orop).
Las puertas del segundo mayor destino de las exportaciones panameñas de productos del mar están a punto de cerrarse, luego de que el país fuera identificado, en dos ocasiones, con tarjeta amarilla por parte de la UE.
La tarjeta amarilla concede a los Estados avisados un plazo de 6 meses para subsanar las debilidades formuladas respecto a sus aguas territoriales y a la vigilancia que deben tener de su flota pesquera, sobre todo de las que desarrollan prácticas mo declaradas y no notificadas, conocidas como INDNR.
Panamá se coloca como el único país con esta doble advertencia, previo a un posible bloqueo, o tarjeta roja.
Tres fuentes oficiales, que solicitaron la reserva de sus identidades, confirmaron a Bloomberg Línea que en marzo se efectuará la inspección de la UE para evaluar los avances de Panamá en las acciones para erradicar la INDNR , y que la misma se realizará posterior a la conferencia mundial de los océanos, del 1 al 3 de marzo, en la que se establecerán compromisos para conservarlos.
El daño ecológico de la pesca INDNR está ampliamente documentado y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que más del 90% de las poblaciones de peces del mundo están totalmente explotadas, sobreexplotadas o agotadas, situación que califica como una “emergencia oceánica”.
Esta actividad genera pérdidas de ingresos estimados en US $50,000 millones, lo que convierte la pesca ilegal en el tercer delito más lucrativo contra los recursos naturales, después de la madera y la minería, de acuerdo con un informe de la Coalición de Transparencia Financiera, de octubre 2022.
