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Bloomberg — En Argentina hay negociaciones entre las autoridades y las empresas inversoras para que el proyecto de Ley de protección de humedales que se debate en el Congreso no frenen la exploración de litio, en un contexto en el cual el mundo busca fuentes de energía más amigables con el medio ambiente.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/JG2F4U3CRBHYBFMF62DQZFSJY4.jpg "Argentina, entre los países que aumentan esfuerzos para convertir litio en baterías")
Argentina tiene potencial para convertirse en uno de los mayores productores de litio, mineral necesario para el cambio hacia una energía y un transporte más limpios. El Congreso está discutiendo una Ley, impulsada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, cuyo objetivo es proteger sus humedales en medio de los extensos incendios que a menudo se achacan a los agricultores. Pero una ley así podría detener la exploración de litio.
“Todos estamos convencidos de que el cuidado del medio ambiente es un pilar central del desarrollo”, dijo la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, en una entrevista en una conferencia minera en Toronto. “Lo que estamos debatiendo y discutiendo es cómo se puede aprobar la ley de humedales sin poner en riesgo los proyectos mineros”.
Algunas versiones de la legislación clasifican las salinas andinas ricas en litio de Argentina, un imán cada vez mayor para los mineros internacionales y los fabricantes de baterías, como áreas de humedales debido a las grandes piscinas salinas debajo de la superficie. Los gobernadores de las tres principales provincias de litio del país han expresado su preocupación ante la posibilidad de que una ley impida la exploración del metal.
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El Gobierno Federal está trabajando con las provincias y un grupo de la industria que representa a las mineras para asegurarse de que eso no suceda, dijo Ávila.
El Gobierno también está tratando de convencer a las mineras de que Argentina está lista para proyectos de inversiones a largo plazo, después de que las políticas fragmentarias para abordar las restricciones del país sobre los flujos de dinero y los impuestos a la exportación se quedaran cortas.
“Estamos hablando con las empresas, que generalmente están invirtiendo no menos de US$4.000 millones, para darles mayores garantías a través de un acuerdo que abarque varios temas”, dijo Ávila.
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