Bloomberg Línea — Greenpeace detectó casi 9.000 hectáreas deforestadas en tres parques de la Amazonía colombiana en 2025, evidenciando que la pérdida de bosque continúa avanzando incluso dentro de áreas de máxima protección ambiental.
Durante 2025, Greenpeace realizó un monitoreo satelital en Sierra de La Macarena, Serranía de Chiribiquete y Tinigua, tres de los Parques Nacionales Naturales afectados históricamente por la deforestación.
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De acuerdo con el monitoreo satelital realizado por Greenpeace Colombia, las zonas deforestadas en zonas protegidas durante 2025 fueron más amplias en la Sierra de La Macarena (4.973 ha), seguida por la Serranía de Chiribiquete (2.060 ha) y Tinigua (1.863 ha).
Para Greenpeace, esta situación refuerza la urgencia de implementar mecanismos efectivos para frenar la destrucción de la Amazonía.
En Colombia, “nuestro monitoreo satelital identificó cerca de 8.900 hectáreas deforestadas durante 2025 dentro de tres Parques Nacionales Naturales”, dijo a Bloomberg Línea Laura Caicedo, coordinadora de campañas para GreenPeace Colombia.
Además, “confirmó que estos territorios acumulan 95.867 hectáreas deforestadas desde 2013, lo que evidencia que no estamos frente a un fenómeno coyuntural, sino ante una presión sostenida sobre áreas de máxima protección”.
GreenPeace aclara que, aunque el monitoreo satelital no permite determinar por sí solo las causas de cada evento de deforestación, señala que estos resultados deben analizarse junto con la evidencia existente sobre la expansión de la frontera ganadera, la praderización y la presencia de ganado dentro de áreas protegidas.
Entre 2013 y 2024 se deforestaron más de 137.289 hectáreas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y cerca del 77 % de esa pérdida se concentró en apenas cinco áreas protegidas, entre ellas Tinigua, Sierra de La Macarena y Chiribiquete.
La organización ambientalista explicó que la ausencia de un sistema público y robusto de trazabilidad impide conocer con certeza el origen del ganado y establecer si su producción está vinculada a la deforestación o a actividades incompatibles con el régimen de protección de los Parques Nacionales Naturales.
“Hoy la ausencia de un sistema público y robusto de trazabilidad impide establecer con certeza si la carne que llega al mercado proviene de zonas libres de deforestación o de áreas protegidas ocupadas ilegalmente”, explicó Laura Caicedo.
Panorama regional
A nivel regional también existen señales preocupantes, de acuerdo con Greenpeace.
En Brasil, donde se concentra cerca del 60 % de la Amazonía, desde 1970 se ha perdido una superficie forestal mayor que toda Francia y la ganadería ha sido responsable de la mayor parte de esa deforestación.
Sin embargo, “es importante reconocer que las dinámicas no son idénticas: mientras la producción brasileña está fuertemente orientada a los mercados internacionales, en Colombia alrededor del 90% de la carne se destina al consumo interno”, indicó Laura Caicedo, de GreenPeace Colombia.
“Lo que sí comparten ambos contextos es la necesidad de fortalecer la transparencia de las cadenas productivas para impedir que productos asociados a la deforestación continúen llegando al mercado”, agregó.
En ese contexto, dijo que la cooperación regional cobra cada vez mayor relevancia.
Espacios como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) pueden convertirse en una plataforma para impulsar estándares comunes de protección y transparencia.
Sin embargo, considera que todavía hace falta traducir los compromisos políticos en una hoja de ruta con metas, cronogramas y mecanismos concretos de implementación.
Cambio en la agenda política
De acuerdo con Greenpeace, la experiencia demuestra que las políticas más efectivas son aquellas que combinan monitoreo, control territorial, acceso público a la información y sistemas de trazabilidad que permitan conocer el origen de las materias primas asociadas al riesgo de deforestación.
En Colombia, la organización considera que la Ley 2585 de 2026 sobre Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación representa una oportunidad histórica, no solo para el país sino también para América Latina.
“Es una de las primeras normas de la región que aborda de manera específica la trazabilidad de la cadena ganadera como una herramienta para prevenir la deforestación”, manifestó Laura Caicedo en la entrevista. “Su verdadero impacto dependerá ahora de una reglamentación que garantice trazabilidad pública, interoperabilidad entre entidades, acceso a la información y mecanismos efectivos de vigilancia y sanción”.
A nivel internacional también existen referentes importantes, como el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), que busca evitar que ingresen al mercado europeo productos asociados a la deforestación.
En opinión de Caicedo, “este tipo de instrumentos demuestra que la transparencia de las cadenas de suministro se está convirtiendo en un requisito para acceder a los mercados y una herramienta clave para proteger los bosques”.
“La región amazónica tiene ahora la oportunidad de avanzar hacia estándares comunes de transparencia, y espacios como la OTCA podrían desempeñar un papel importante en la construcción de esa agenda”, anotó.
