Buenos Aires — El Gobierno argentino avanzó con una reforma del marco que regula las inversiones mineras para adaptarlo a la llegada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en momentos en que algunos de los mayores desarrollos de cobre, litio, oro y plata del país buscan aprovechar los incentivos diseñados para acelerar desembolsos de capital.
La Secretaría de Minería modificó el anexo de la Resolución 30/2018 y adecuó los procedimientos de la Ley de Inversiones Mineras 24.196 a las disposiciones del Decreto 482/2026. La actualización apunta a simplificar trámites, reducir cargas administrativas y ordenar la inscripción, modificación, alta y baja de los proyectos y sus beneficiarios, en línea con la mejora de procesos que impulsa el gobierno de Javier Milei.
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Pero uno de los puntos centrales de la reforma está en la convivencia entre dos regímenes que hoy resultan claves para el sector: la histórica Ley de Inversiones Mineras y el RIGI, creado en 2024 por la Ley Bases.
La nueva reglamentación incorpora mecanismos específicos de articulación con el RIGI y busca garantizar la continuidad registral de aquellos emprendimientos que accedan a ambos esquemas.
En la práctica, el Gobierno busca ordenar los procedimientos aplicables a grandes inversiones que, además de estar inscriptas en el régimen minero, ingresen al programa de incentivos.
Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) destacó entre las actualizaciones presentadas “la incorporación del trámite digital para la recuperación del IVA de exploración a través del Sistema Integral de Recupero, una medida largamente esperada por el sector”.
“La exploración es una actividad de alto riesgo y fuerte demanda de capital, por lo que contar con mecanismos más ágiles para recuperar créditos fiscales mejora el flujo de fondos de las empresas y contribuye a que más proyectos puedan avanzar en sus etapas iniciales. Además, la posibilidad de aplicar esos créditos a la cancelación de obligaciones tributarias y de la seguridad social aporta una flexibilidad que estaba ausente en el esquema anterior”, agregó.
Cacciola también consideró positiva “la adecuación normativa que simplifica trámites y elimina cargas administrativas que habían quedado desactualizadas frente a los procesos actuales. La flexibilización del procedimiento vinculado a las importaciones junto con la creación del Registro de Inversiones Mineras y la articulación con instrumentos como el RIGI y el Seguro Ambiental, contribuyen a generar mayor previsibilidad y eficiencia operativa”.
La minería gana peso dentro del RIGI
La adecuación no es menor para una industria que se convirtió en una de las principales protagonistas del RIGI.
Entre las iniciativas mineras que ya recibieron luz verde aparecen desarrollos de litio, cobre, oro y plata, como Rincón, Los Azules, la expansión de Fénix, las fases 8 y 9 de Veladero, Carbonatos Profundos de Gualcamayo, Diablillos, PSJ Cobre Mendocino y la ampliación de Cauchari-Olaroz, entre otros.
El universo incluye tanto nuevas minas como expansiones de operaciones existentes y proyectos que requieren desembolsos de capital de largo plazo. Ese avance vuelve más relevante precisar la convivencia entre los beneficios y procedimientos establecidos hace más de tres décadas por la Ley 24.196 y los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios que ofrece el RIGI.
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El RIGI tiene actualmente 21 proyectos aprobados que implican una inversión total de US$46.708 millones, según los datos oficiales del Ministerio de Economía. El peso de la minería como sector en el régimen es el más alto, con 12 proyectos ingresados.
Todavía están en estudio 23 proyectos, entre los cuales hay siete que corresponden a la minería. En total, la inversión prevista es de US$152.271 millones.
El volumen podría crecer con fuerza en los próximos años. Los grandes proyectos de cobre y litio se encuentran entre las apuestas del Gobierno para diversificar las exportaciones argentinas y sumar a la minería como otro generador relevante de divisas junto al agro y Vaca Muerta.
Qué cambia para las empresas mineras
La reforma también oficializa el Registro de Inversiones Mineras (RIM), un sistema informático centralizado que identificará a cada beneficiario mediante su CUIT y otorgará un código único a cada proyecto.
El objetivo oficial es mejorar la trazabilidad de las inversiones y permitir un seguimiento más preciso de los beneficios otorgados. El nuevo esquema establece procedimientos diferenciados para la inscripción de personas humanas, jurídicas, prestadores de servicios mineros y organismos públicos.
La Ley 24.196 constituye desde 1993 uno de los pilares del marco regulatorio del sector. El régimen comprende actividades de prospección, exploración, desarrollo, preparación y extracción de minerales y establece distintos beneficios para las inversiones.
La actualización también alcanza a los expedientes en trámite. Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva resolución y que todavía no tengan una decisión definitiva deberán adecuarse a las nuevas reglas. En cambio, las declaraciones juradas correspondientes a ejercicios fiscales anteriores continuarán bajo la normativa que estaba vigente al momento de su presentación.
Devolución del IVA, ahora digital
En paralelo, la Secretaría de Minería y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificaron el mecanismo de devolución de los créditos fiscales de IVA vinculados con la exploración minera.
El procedimiento, que conservaba un circuito en papel vigente desde 2004, migrará al Sistema Integral de Recupero (SIR), la plataforma utilizada para otros regímenes de devolución fiscal.
La Secretaría de Minería tendrá como tarea certificar que los gastos, bienes y servicios declarados estén efectivamente relacionados con actividades de exploración realizadas por compañías inscriptas en el régimen. ARCA, por su parte, concentrará el trámite fiscal.
El cambio llega mientras la exploración minera vuelve a ganar terreno en Argentina. De acuerdo con cifras oficiales, el gasto exploratorio pasó de promediar entre US$100 millones y US$200 millones anuales entre 2014 y 2021 a alrededor de US$400 millones en los últimos años. Actualmente existen 74 compañías con actividad exploratoria en el país.
El margen para avanzar todavía es amplio. Argentina registra una densidad de perforación de entre 3 y 5 metros por kilómetro cuadrado, frente a los 10 a 20 metros observados en países vecinos como Chile, según datos difundidos por el Gobierno.
