Buenos Aires — La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) advirtió que las empresas locales enfrentan un “doble desafío” frente a un escenario internacional cada vez más restrictivo. Desde la entidad ven que a la creciente competencia global se suman obstáculos internos que afectan directamente la competitividad, dado que “uno de cada cinco dólares del comercio internacional enfrenta medidas restrictivas”.
El diagnóstico fue presentado a un año del denominado “Liberation Day”, en un contexto de cambios profundos en el comercio global. El presidente de la entidad, Fernando Landa, sostuvo que “el entorno global en el que opera Argentina está determinado por el gran aumento de la incertidumbre” y remarcó que las políticas comerciales de Estados Unidos representaron “un parteaguas en la historia económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”.
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Según explicó, la combinación de tensiones geopolíticas, avances tecnológicos, cambios climáticos y disrupciones en las cadenas de suministro está redefiniendo las reglas del juego. “El comercio y la inversión mutan de un criterio de eficiencia a uno de seguridad”, afirmó Landa, al describir un escenario en el que los países priorizan la protección de sus economías.
En ese marco, las principales potencias intensificaron el uso de herramientas de defensa comercial. La Cámara señaló que en 2025 aumentaron tanto las medidas antidumping como los aranceles y otras restricciones, al duplicar el nivel de nuevas barreras. Esto llevó a que el comercio afectado pase del 2,45% de las importaciones globales al 11,8%, con un total acumulado cercano al 20%.
El impacto de este giro proteccionista es significativo: las restricciones actuales cubren un volumen de comercio equivalente a 54 veces las exportaciones anuales de Argentina. En otras palabras, el país compite en un terreno cada vez más complejo, con mercados más cerrados y desvíos de comercio que intensifican la competencia.
Frente a este escenario, la entidad subrayó la necesidad de mejorar la competitividad sistémica. Sin embargo, advirtió que existen factores internos que juegan en contra. Entre ellos, mencionó tres principales: el retraso en la devolución de impuestos, la obligación de liquidar divisas y la continuidad de los derechos de exportación.
Para la entidad, uno de los puntos más críticos es el atraso en los pagos de reintegros y la devolución del IVA. “Desde 2024, y en forma creciente, se ha ido dilatando la devolución de los fondos que corresponden a los exportadores”, argumentó su último reporte. Según la Cámara, estos retrasos funcionan en la práctica como un mecanismo de financiamiento para el Estado y afectan especialmente a las empresas con mayor valor agregado.
Los datos aportados por CERA reflejan esa dinámica: mientras las exportaciones crecieron un 10% entre 2024 y 2025, las devoluciones impositivas cayeron un 28% en el mismo período. Incluso, en febrero de 2026 los reintegros fueron nulos, aunque se retomaron en marzo.
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Otro eje de crítica es la obligación de liquidar divisas. “Argentina es el único país del mundo donde el Estado obliga al sector privado a liquidar el 100% de las divisas”, afirmaron, y advirtieron que esto implica “una intervención del Estado en la cartera de activos de las empresas”.
Además, remarcaron que esta exigencia genera “una desigualdad ante la ley”, ya que otros actores económicos que operan en dólares dentro del país no están sujetos a la misma obligación. Remarcaron, así, que la restricción limita la capacidad de las empresas para planificar inversiones y administrar sus ingresos.
En paralelo, la entidad cuestionó la continuidad de los derechos de exportación, un impuesto que casi no tiene equivalentes a nivel global. “Sólo siete países recaudan más del 5% en derechos de exportación y sólo cuatro tienen una carga superior a la de Argentina”, destacó.
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