Buenos Aires — El presidente Javier Milei apuesta a un esquema de mínima intervención estatal en su objetivo de posicionar a Argentina como un destino atractivo para la innovación tecnológica y las inversiones vinculadas con la economía digital.
En una columna publicada en el Financial Times, el mandatario adelantó algunos de los lineamientos que forman parte de una reforma más amplia impulsada por su administración y que ya comenzó a tomar forma a través de proyectos enviados al Congreso.
“Mi Gobierno presentó la semana pasada ante el Congreso un proyecto de ley que establece un marco jurídico específico para el despliegue de la IA”, señaló Milei. Según explicó, la iniciativa se apoya sobre tres pilares, entre los cuales destacó especialmente la decisión de evitar regulaciones tempranas sobre esta tecnología.
“Primero, el compromiso de mantener la IA sin regulación para que pueda desarrollarse libremente, sin la presión de una regulación prematura y mal entendida”, sostuvo el Presidente.
La postura contrasta con los debates que actualmente atraviesan otras regiones del mundo, especialmente Europa, donde distintos gobiernos avanzan con marcos regulatorios para establecer límites y obligaciones sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial.
Por otro lado, Milei explicó que otro de los puntos relevantes de la iniciativa es “la creación de una nueva categoría jurídica en el derecho argentino: la sociedad anónima”. “Se trata de entidades operadas por agentes de IA o robots”, explicó Milei.
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Según el mandatario, estas estructuras buscan dar respuesta a un escenario en el que sistemas autónomos comienzan a tomar decisiones cada vez más complejas dentro de actividades económicas.
“Cuando estos sistemas ejercen un juicio independiente en entornos impredecibles —como deben hacerlo para ser realmente útiles— sus acciones conllevan riesgos reales. La responsabilidad limitada no es un lujo”, argumentó.
El proyecto fue presentado como parte de un paquete legislativo que también incluye iniciativas como el denominado “Súper RIGI”, la llamada ‘Ley de Lobby’, la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y propuestas vinculadas al combate de la ludopatía.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, definió la reforma societaria como un cambio de paradigma. “El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, afirmó.
Entre los cambios previstos figura la eliminación de numerosas restricciones que actualmente regulan la organización interna de las empresas. Según Sturzenegger, las normas pasarían a ser principalmente supletorias y prevalecerían los acuerdos establecidos por los socios en los estatutos.
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“Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite”, sostuvo en redes sociales.
La reforma también flexibiliza los requisitos sobre el objeto social de las compañías, habilita el uso de arbitrajes privados para resolver conflictos societarios y permite que los socios elijan someter determinadas controversias al derecho extranjero o mercantil internacional.
Otro de los ejes del proyecto es la digitalización integral de la vida societaria. La iniciativa prevé la utilización de domicilios electrónicos, registros digitales, asambleas virtuales y la constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.
Según remarcó Sturzenegger, “el expediente en papel queda en la historia”.
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