Buenos Aires — El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanza con una nueva etapa de reformas enfocadas en eliminar regulaciones sobre distintos sectores de la economía argentina. Entre los próximos cambios aparecen modificaciones en el mercado inmobiliario, una fuerte apertura del sistema de cabotaje fluvial y nuevas discusiones sobre el funcionamiento del sistema aduanero.
Las iniciativas forman parte de la estrategia oficial de reducir costos regulatorios, flexibilizar actividades económicas y ampliar la competencia en sectores donde el Gobierno considera que existen barreras de entrada o estructuras corporativas cerradas.
Uno de los ejes más avanzados es el inmobiliario. El proyecto impulsado por el Ministerio propone eliminar los aranceles mínimos y máximos para corredores y martilleros, de modo que las comisiones pasen a definirse libremente entre las partes. Además, se habilitaría el ejercicio simultáneo del corretaje con otras actividades profesionales o comerciales.
La iniciativa también apunta a simplificar el acceso a la actividad. Según el esquema en análisis, ya no sería obligatorio contar con título universitario para ejercer el corretaje: bastaría con ser mayor de edad y no estar inhabilitado judicialmente. A su vez, se habilitaría formalmente la operatoria a través de plataformas digitales, aplicaciones y portales online, y se permitiría que tanto personas humanas como jurídicas puedan desempeñarse como corredores.
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Otro de los capítulos centrales de la agenda desreguladora es el cabotaje y la navegación interior. El Gobierno busca modificar integralmente el régimen vigente para facilitar el transporte fluvial y reducir costos logísticos, especialmente para las economías regionales.
En ese marco, Sturzenegger sostuvo que “la Constitución establece que la navegación de los ríos es libre” y planteó que la liberalización del cabotaje podría generar un impacto equivalente a una baja de retenciones. “Liberar la navegación de cabotaje generaría una baja de costos logística equivalente a bajar las retenciones ocho puntos”, afirmó.
El funcionario nacional cuestionó además la dependencia del transporte terrestre para mover producción agrícola desde el norte del país hacia los puertos exportadores. “Es absurdo poner 300 camiones desde Salta a quemar gasoil hasta Rosario pudiendo cargar en barcazas en Chaco a un costo mucho más accesible”, señaló.
Según explicó, la apertura del sistema permitiría abaratar significativamente los costos para industrias del Litoral y productores del norte argentino. “Un agricultor de Salta o del propio Chaco dejaría de mandar la mercadería en camión hasta Rosario y la cargaría en Barranqueras, desde donde el grano saldría por el río sin sobrecostos”, indicó. Y agregó que “el ahorro logístico equivale a bajar ocho puntos las retenciones para esa producción”.
Mientras el Gobierno impulsa estos cambios, otro frente de discusión se abrió con el sistema aduanero. El Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina presentó una nota formal dirigida a Sturzenegger para solicitar modificaciones en la regulación vigente y reclamar una mayor diferenciación profesional dentro de la actividad.
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La entidad, que reúne a más de 3.000 profesionales, expresó preocupación por los cambios implementados tras el DNU 70/2023 y cuestionó especialmente la eliminación de mecanismos formales de acreditación técnica para los despachantes de Aduana.
El planteo también apunta al nuevo perfil registral unificado de “Despachante de Aduana/Declarante”, que según la entidad diluye las diferencias entre operadores con distintos niveles de capacitación y responsabilidades dentro del comercio exterior.
El presidente del CDA, Rubén Pérez, sostuvo que “la falta de conocimientos puede incrementar la probabilidad de errores materiales o técnicos, aumentar la litigiosidad, comprometer el principio de eficiencia administrativa y derivar en responsabilidad infraccional”.
En paralelo, el Gobierno también trabaja en otras iniciativas regulatorias vinculadas al etiquetado frontal de alimentos. Según reconoció Sturzenegger, ese tema actualmente es desarrollado junto al área de Salud y todavía no está definido si la futura normativa llevará firma conjunta o individual de los organismos involucrados.
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