Bloomberg Línea — Entre los principales cuatro candidatos presidenciales de Colombia (Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia, Iván Cepeda y Sergio Fajardo) ninguno tiene condenas por corrupción, pero en más de una oportunidad han estado en medio de polémicas.
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Abelardo De la Espriella fue actor clave en uno de los grandes escándalos financieros del país. Fue abogado de David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG, quien posteriormente acusó al hoy candidato de haberse quedado con recursos obtenidos en ese esquema fraudulento. Sin embargo, no aportó ninguna prueba que pudiera sustentar su acusación.
Pero no ha sido la única vez en que su trabajo como abogado penalista lo dejó en el ojo del huracán, De la Espriella también fue criticado por haber sido defensor de Alex Saab, acusado de ser uno de los testaferros del régimen venezolano, en particular, del hoy convicto en Estados Unidos, Nicolás Maduro.
Su trabajo no sólo le trajo polémicas, también reconocimiento. Fue el defensor de Natalia Ponce de León y Rosa Elvira Cely, dos mujeres atacadas por sus exparejas, la primera con ácido y la segunda con brutalidad hasta la muerte.
Iván Cepeda por su parte ha estado inmerso más en confrontaciones políticas que en escándalos de corrupción como tal.
El principal caso judicial alrededor de Cepeda ha sido el proceso relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.
Inicialmente Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema acusándolo de manipular testimonios de exparamilitares.
Sin embargo, la Corte archivó la investigación contra Cepeda y abrió un proceso contra Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos. El famoso juicio falló contra el expresidente en primera instancia y lo absolvió en segunda, ahora está en casación.
Además, sectores de derecha lo han cuestionado históricamente por sus contactos con exguerrilleros y víctimas del conflicto, argumentando cercanía ideológica con las FARC.
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En redes y debates políticos también han circulado controversias por menciones en archivos del computador de Raúl Reyes, aunque dichas pruebas no fueron admitidas por la Corte Suprema de Justicia al considerar que se rompió la cadena de custodia.
Su cercanía con las FARC también fue criticada cuando fue él quien recibió a las afueras de la cárcel a Jesús Santrich, un exlíder guerrillero desmovilizado en el proceso de paz de 2016 y posteriormente reincidente como actor bélico.
Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, es uno de los políticos colombianos con menos investigaciones en su contra, sin embargo, Hidroituango, una trascendental obra de infraestructura, le trajo serios problemas.
La Contraloría General lo vinculó y posteriormente ratificó un fallo de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades y decisiones tomadas durante su administración como gobernador de Antioquia.
Ese fallo estuvo relacionado con un detrimento patrimonial de más de COP$4 billones por retrasos y problemas técnicos en el megaproyecto hidroeléctrico.
Fajardo siempre negó haber actuado de manera irregular y sostuvo que las decisiones se tomaron de forma técnica y transparente.
También enfrentó un proceso por un crédito en dólares contratado para Antioquia durante su gobernación. La Corte Suprema precluyó el caso en 2023 al concluir que no hubo delito.
Finalmente está Paloma Valencia. Una de las senadoras más cercanas al expresidente Uribe y voz autorizada de la oposición colombiana.
Paloma Valencia no ha estado vinculada a grandes escándalos de corrupción judicializados como otros dirigentes nacionales, pero sí ha protagonizado numerosas controversias políticas.
Ha sido cuestionada por declaraciones sobre el conflicto armado, el proceso de paz y propuestas relacionadas con seguridad y justicia transicional.
También ha recibido críticas por posiciones cercanas al uribismo más duro y por confrontaciones públicas con opositores y periodistas.
Sus detractores también la han criticado por presuntas contradicciones entre su discurso anticorrupción y el respaldo histórico al gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), aunque no enfrenta condenas ni grandes procesos penales por corrupción.
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Quizá su mayor polémica está asociada a cuando sugirió dividir en departamento del Cauca en dos: uno para indígenas y otro para mestizos, una declaración que sus detractores calificaron de racista.
