Bloomberg Línea — Las autoridades hondureñas ordenaron un amplio despliegue militar y policial tras una ola de violencia que dejó al menos 24 muertos el jueves, incluidos cinco agentes de unidades antimara asesinados cerca de la frontera con Guatemala.
Los hechos ocurren días después de que el Congreso Nacional aprobara una batería de reformas penales impulsadas por el presidente Nasry Asfura para endurecer el combate contra pandillas, narcotráfico y crimen organizado.
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El ataque más mortífero se dio en la comunidad de Rigores, Colón, al nororiente de Honduras, donde hombres armados irrumpieron en una finca y asesinaron a 19 personas con armas de alto calibre, según autoridades forenses.
Medios locales señalaron que varias de las víctimas trabajaban en plantaciones de palma africana en una región marcada desde hace años por disputas agrarias, presencia del narcotráfico y conflictos entre grupos armados.
Casi en simultáneo, cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), una unidad élite de la Policía Nacional, murieron en una emboscada en Corinto, Cortés, durante un operativo contra estructuras criminales en la zona fronteriza con Guatemala. En el enfrentamiento también fallecieron dos presuntos integrantes del grupo armado.
Operativos policiales
Tras los hechos, las autoridades de Seguridad activaron un “Comando de Crisis” y anunciaron que reforzarían una ofensiva operativa en Colón, con el despliegue de equipos especiales, inteligencia e investigación.
En un mensaje grabado, Asfura calificó las matanzas como “otra herida que Honduras no merece” y prometió capturar a los responsables. “Vamos a enfrentar a los grupos criminales sin miedo, con determinación y con fuerza”, afirmó.
Por su parte, el director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional de Honduras, Wilmer Mayes informó sobre la captura en Guatemala de dos presuntos implicados en el ataque contra los agentes, ambos hondureños que recibían atención médica en un hospital del departamento guatemalteco de Izabal tras resultar heridos durante el enfrentamiento.
La Secretaría de Seguridad anunció además la intervención administrativa y operativa de la Dipampco tras detectar posibles irregularidades en el operativo en el que murieron los agentes. Según las autoridades, la misión no contaba con todas las autorizaciones requeridas y será investigada por una comisión especial.
“Utilizaremos todos los recursos disponibles del Estado para dar con el paradero de los responsables y someterlos a la justicia en el corto plazo”, dijo Gerzon Onan Velásquez Aguilera, secretario de Seguridad de Honduras.
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Honduras continúa entre los países con mayores índices de violencia de América Latina pese a una reducción gradual de homicidios en los últimos años.
En zonas como el Valle del Aguán, en Colón, organizaciones criminales y conflictos por la tierra han provocado durante décadas desplazamientos forzados, asesinatos y ataques contra campesinos y defensores ambientales.
Al respecto, el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras dijo que lo ocurrido en Colón “evidencia la profunda crisis de inseguridad y violencia que afecta al campo hondureño, especialmente en la región del Bajo Aguán, históricamente golpeada por el crimen organizado y el narcotráfico”.
“Durante años, las familias campesinas han vivido entre el miedo, el dolor y la incertidumbre, mientras estructuras criminales continúan operando con impunidad, debilitando la convivencia social y afectando gravemente las actividades productivas rurales”.
Comunicado de las organizaciones campesinas hondureñas.
La ola de violencia ocurre en un momento clave para la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno. Esta misma semana, el Legislativo aprobó reformas que clasifican a las pandillas y carteles como organizaciones terroristas, aumentan las penas por extorsión y endurecen beneficios procesales para acusados de crimen organizado.
Aunque las medidas recibieron amplio respaldo, organizaciones de derechos humanos y sectores civiles han advertido que algunas disposiciones podrían ampliar excesivamente la definición de terrorismo y abrir espacio a abusos contra movimientos sociales o campesinos involucrados en disputas territoriales.
Las masacres también reactivaron la preocupación internacional por la seguridad en Honduras. Las embajadas de España y Alemania expresaron su consternación por los hechos violentos, mientras la representación diplomática alemana pidió a sus ciudadanos extremar precauciones en las regiones de Colón y Cortés.
