Ciudad de México — Un caso de cámaras de vigilancia importadas de China, vinculadas a un caso de posible trabajo forzado en ese país, puso a México bajo escrutinio de Estados Unidos en un momento en el que la administración de Donald Trump atiende la revisión del T-MEC y analiza imponer nuevos aranceles.
México quiere evitar el arancel mínimo de 10% que Estados Unidos propuso el 2 de junio para la mayoría de sus socios por trabajo forzoso. Sin embargo, en 2023 el Gobierno mexicano desechó una denuncia de importación de cámaras de vigilancia vinculadas a trabajo forzado en China, que fue gestionada por las organizaciones de la sociedad civil ProDESC y Empower.
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El caso se trata de la importación a México de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de las marcas Dahua y Hikvision, provenientes de empresas en cadenas de suministro en la región de Xinjiang, China. En el lugar, la ONU identificó el uso de campos de adoctrinamiento en los que minorías étnicas son forzadas a trabajar.
Las videocámaras fueron adquiridas por el gobierno de Ciudad Juárez, Chihuahua en 2022, y motivaron a Empower a realizar una denuncia en agosto de 2023 ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Sin embargo, la dependencia desechó la denuncia en noviembre de ese mismo año.
Para las organizaciones denunciantes, el caso cobra relevancia porque es el primer ejercicio ciudadano en México para intentar activar el mecanismo previsto en el artículo 23.6 del T-MEC, que obliga a los Estados Parte a prohibir la entrada de mercancías producidas mediante esquemas de explotación laboral.
“Sabemos que la representación diplomática de Estados Unidos está al tanto de este caso”, dijo a Bloomberg Línea Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC. “No pretendemos generar controversia con las autoridades, sino que lo que hemos ofrecido es que este caso sirva para identificar precedentes que contribuyan de mejor manera a la implementación de este tipo de mecanismos”.
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Cuando Estados Unidos anunció el arancel de 10%, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el marco de las investigaciones de la Sección 301 sobre prácticas relacionadas con la falta de aplicación efectiva de la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso.
En ese informe, USTR cita el documento “Diagnóstico laboral del T-MEC” de ProDESC en el que se menciona el caso de las cámaras de vigilancia de dichas marcas, que actualmente se ofertan en plataformas de comercio electrónico.
El T-MEC y los aranceles
El coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC explicó que, ante la negativa de la Secretaría del Trabajo de atender la denuncia del caso, se presentó una demanda ante tribunales en enero de 2024 para efecto de que la Secretaría admita la petición de las organizaciones para investigar el caso.
“La demanda se presentó en enero de 2024 y fue admitida hasta noviembre 2025, es decir, casi dos años para lograr la admisión de una demanda”, dijo Torres.
Después de un largo litigio -indicó Torres- en mayo de este año el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) atrajo por primera vez un caso relacionado con la prohibición de importar a México mercancías potencialmente fabricadas con trabajo forzado en China, al considerar su trascendencia bajo el T-MEC.
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El siguiente paso es que la Secretaría del Trabajo admita el caso y se investigue si efectivamente hubo trabajo forzado en esos productos importados.
Bloomberg Línea consultó con anticipación a la Secretaría del Trabajo, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
El Informe del USTR señala que México presenta deficiencias a la hora de garantizar el cumplimiento de su prohibición de importación por trabajo forzoso, no obstante, destaca que el país ha colaborado de buena fe con Estados Unidos para intentar abordar sus preocupaciones.
“Lo que a nosotros nos parecería útil y estratégico de este caso es que los resultados de lo que hemos hecho hasta ahora, y que las autoridades han hecho hasta ahora, se traduzcan en mejorar aspectos de implementación en el T-MEC a propósito de la revisión”, dijo Torres.
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De acuerdo con el Gobierno de México, el comercio que cumple con reglas de origen del T-MEC, es decir, alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas que se encuentran exentas del arancel mínimo de 10% por trabajo forzado bajo la Sección 301, tampoco afectarían a aquellos bienes considerados en la Sección 232 para autos, acero y aluminio.
El arancel afectaría al 15% del comercio mexicano, pero para evitar su imposición, la Secretaría de Economía ha sostenido conversaciones con USTR en los últimos 45 días y ha expuesto sus argumentos sobre las acciones que México ha realizado en contra del trabajo forzoso.
Dichos aranceles por trabajo forzoso son parte de la estrategia del presidente Donald Trump para sustituir los aranceles impuestos en medidas previas como IEEPA, que fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema estadounidense, y que llegaron a ser del 25%, así como la Sección 122 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, cuyo vencimiento tendrá lugar el viernes 24 de julio.
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México y Estados Unidos se encuentran esta semana en la tercera ronda bilateral de negociación de la revisión conjunta del T-MEC en Ciudad de México. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, será recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional este jueves 23 de julio.
Sheinbaum dijo en su conferencia matutina de este miércoles 22 de julio que van a esperar a la reunión con Greer para saber el futuro de los aranceles bajo la Sección 301.
