Caracas — El medallista olímpico Rubén Limardo y el empresario Alberto Vollmer, a cargo de la productora de ron Santa Teresa fueron confirmados como parte de la junta interventora de la Cruz Roja Venezolana que preside el expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno tras una orden dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en el país.
Los tres estarán acompañados también por María Fátima Garces, vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela; Juan Simón Muñoz, médico cirujano egresado de la UCV y director del Servicio de Hemodinamia del Instituto Médico La Floresta, Clínica Rescarven y Clínica VistaCalifornia; hJoanna Pantoja, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la UCV y Griswill Fonseca, médico ginecobstetra.
En el comunicado divulgado este lunes, la nueva directiva ad hoc explica que se centrará en la actualización de estatutos, la creación de mecanismos de transparencia, la integridad de los voluntarios y la realización de elecciones en un plazo de 12 meses para designar a quienes presidirán la organización.
Hace además referencia a la solicitud que elevará ante la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de Media Luna Roja, así como al Comité Internacional de la Cruz Roja para acompañar el proceso luego de la destitución del médico Mario Villarroel Lander, quien estuvo en el cargo por más de 40 años.
El vicepresidente de la FICR y de Media Luna Roja, Mario Villarroel, hijo del anterior director de la Cruz Roja Venezolana se había pronunciado horas antes de la intervención anunciada por el TSJ, pidiendo a la administración de Nicolás Maduro no interferir y respetar los tratados internacionales. “Permita que la CRV tome las riendas para las soluciones que beneficien la labor humanitaria desinteresada en favor de millones de venezolanos”.
La semana pasada el fiscal general, Tarek William Saab, anunció un proceso de investigación y sanciones contra la CRV por denuncias de presunto acoso y maltrato contra voluntarios y trabajadores.
Las organizaciones no gubernamentales en el país rechazaron la decisión del TSJ, acusándola de sentar un precedente “peligroso” en cuánto a las organizaciones que reciben fondos para la ayuda humanitaria en el país.
El pasado enero la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó en primera discusión un proyecto de ley que busca regular y fiscalizar las actuaciones y financiamiento de las ONG en Venezuela, que a juicio de activistas pondrá en riesgo la posibilidad de asistencia a los venezolanos.
“No se puede ignorar que en los últimos años las autoridades venezolanas han emprendido una ofensiva contra la sociedad civil organizada, lo cual ha incluido ataques y hostigamientos por parte de altos personeros, así como el uso del sistema de justicia penal contra activistas y organizaciones y la aprobación de una serie de resoluciones y medidas administrativas que han dificultado la operación de dichas instancias”, señaló la organización Acceso a la Justicia con respecto a la normativa.
