:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/7KVEJ5PN75E3BJNT3HS6QLGPNQ.jpg "Con la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto en 2013 nacieron las subastas eléctricas de empresas privadas para venderle energía limpia de largo plazo a CFE")
Ciudad de México — Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, intenta desmantelar el sector eléctrico y crear uno nuevo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controle con una reforma a la Constitución.
Argumenta que el modelo actual solo beneficia a las grandes corporaciones. Según sus cálculos, la compañía estatal pierde más de US$10.900 millones anuales por la compra de energía privada y las tarifas residenciales subirán si el esquema de competencia con el sector privado continúa.
Para Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el mercado eléctrico con un valor de US$315.000 millones sí funciona, pero hace falta regulación más sólida en el país.
“Es un mercado que requiere regulación importante, armada y consistente, pero es un mercado que puede vivir con competencia y que redunda en mejores condiciones para los usuarios”
comenta la titular del think tank mexicano en entrevista con Bloomberg Línea.
Con la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto en 2013 nacieron las subastas eléctricas de empresas privadas para venderle energía limpia de largo plazo a CFE, además de la creación del Mercado Eléctrico Mayorista para las ventas de corto plazo.
Las subastas arrojaron precios récord de generación eléctrica mediante tecnologías renovables por debajo de los US$18,5 dólares por MegaWatt-hora (MWh), mientras que la empresa estatal produce energía renovable a US$27 dólares, según las cifras a noviembre de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Hemos visto que la competencia funciona y nos interesa que haya competencia en el mercado de energía eléctrica”, dice Moy.
Pero el Gobierno del presidente López Obrador y CFE han criticado el mercado marginalista y a las energías renovables que se instalaron de forma masiva en el país tras la reforma porque venden su energía barata, pero la cobran cara debido a que las centrales con tecnologías convencionales, como turbogas y carboeléctricas, fijan el precio más alto que se le paga al resto, pero la empresa estatal tiene que ocuparse del respaldo —reserva— de las tecnologías intermitentes cuando no hay sol o viento sin recibir un pago por ello.
“Eso sí lo tendría que cobrar (CFE): los servicios conexos”, respondió Moy.
El respaldo de energía intermitente con tecnología convencional es conocido en el sector eléctrico como reserva y forma parte de los servicios conexos.
El 20 de enero, la excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía, Montserrat Ramiro, dijo que a CFE se le tienen que pagar por los servicios conexos que hoy no se le pagan, pero por la falta de regulación.
“No se le pagan porque no se ha hecho la regulación para que tenga una contraprestación y se le paguen, hay algunos servicios que sí, otros que no, es a lo que usualmente se refieren (los directores de CFE) con respaldo”, mencionó la exfuncionaria durante un taller organizado por IMCO el 20 de enero.
Pero el titular del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Ricardo Mota Palomino, declaró en una entrevista previa a Bloomberg Línea que los productores de energía en el mercado eléctrico de California huyen a trabajar dentro del mercado de reservas porque, en el mejor de los casos, aporta solo 30% de sus costos reales de operación y no logran recuperar sus inversiones.
“El modelo de cobrar por el respaldo no ha sido exitoso en Estados Unidos”, agregó.
Para Moy, el modelo mexicano es distinto a mercados como el estadounidense o el español, que sufre una escalada de precios sin precedentes por la escasez de gas ruso en Europa, a pesar de su amplia base de energías renovables intermitentes, y concentrado en un puñado de empresas privadas como Iberdrola y Naturgy.
“Son comparaciones inaplicables, aunque se usan (desde el gobierno) para satisfacer intereses (...) Si el incremento en el precio de energéticos es enorme, España tiene que averiguar, analizar por qué sucede: si es un fenómeno transitorio o es estructural con concentración o absoluta dependencia de un país o región”, agregó.
Sobrecostos multimillonarios
Incluso si el gobierno y CFE logran que el Congreso de México apruebe la reforma eléctrica que actualmente discute la Cámara de Diputados, la empresa estatal enfrentará sobrecostos multimillonarios por controlar el 54% de la generación eléctrica del país, según el IMCO.
La organización estima que el costo de la reforma para CFE pueda cubrir sus compromisos ambientales de México, el crecimiento de la demanda energética y las inversiones para renovar su parque de generación y mantenimiento y mejora de sus plantas oscilaría de US$19.900 a US$25.100 millones, de acuerdo con su reporte.
Al cancelar la reforma, dice Moy, CFE tendría que comprar energía a sus centrales con costos más elevados, pero al mismo tiempo, el presidente prometió que las tarifas para los clientes residenciales de CFE no subirán más allá de la inflación.
Esta situación ya ocurre actualmente. CFE recibirá durante 2022 US$3.578 millones que le permitirá comprar caro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y mantener las tarifas estables.
“Si se aprobara la iniciativa será una presión adicional para las finanzas públicas”, concluyó.
No todo está perdido para la empresa estatal, según el IMCO. El think tank propone que para fortalecer a la empresa, que dirige Manuel Bartlett, ésta tiene que reconocer que no tiene la capacidad de ser el único actor relevante de la industria eléctrica.
El reciente estudio ‘Los costos de la iniciativa de reforma energética para la CFE’, del instituto, plantea una política energética que ponga a los ciudadanos y consumidores al centro mediante el regreso de las subastas eléctricas a largo plazo, fortalecer la red nacional de transmisión eléctrica que lleva varios años sin recibir la inversión necesaria, además de retomar el programa para retirar centrales eléctricas.
A nivel institucional, la organización sugiere independizar a la CRE al nivel de otros institutos autónomos, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión de Competencia Económica (Cofece), además de reafirmar el compromiso del gobierno mexicano con la transición energética hacia fuentes limpias.
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