:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/LMCLA2OUARAGPCPZNKMCFWWMOU.jpg "La más reciente encuesta de Invamer ubica a Petro con el 40,6% de la intención de voto, mientras que Federico Gutiérrez obtendría el 27,1% y Rodolfo Hernández el 20,9%.")
Bogotá — Más de 39 millones de colombianos están habilitados en el país o en el exterior para elegir al nuevo presidente en medio de un ambiente de alta polarización, desconfianza con el proceso tras las inconsistencias presentadas en las legislativas y la sombra del recrudecimiento de la violencia en algunos territorios.
Colombia entra en la recta final para la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia y todas las encuestas ponen al exalcalde de Bogotá y líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, como el de mayor respaldo entre el electorado.
El país está altamente polarizado y aún se refleja el descontento social que derivó en unas masivas protestas contra el Gobierno de Iván Duque y una fallida reforma tributaria en medio de la crisis del coronavirus.
Diferentes ONG han denunciado que en el marco de las protestas en ese país sudamericano se registraron 84 fallecidos, de los que 28 son atribuibles a la fuerza pública.
Temas como la reactivación económica, que ha estado opacada por la alta inflación que azota al país, el recrudecimiento de la violencia y el cumplimiento de los puntos del acuerdo de paz firmado en 2016 con la ahora exguerrilla de las Farc serán decisivos en estas elecciones.
Una inminente reforma tributaria, así como cambios al modelo pensional, seguramente harán parte de la agenda del nuevo presidente en Colombia, quien además deberá avanzar en la transición energética del país y tomar decisiones de fondo sobre temas sensibles como el futuro del fracking.
Petro se medirá contra los exmandatarios de Medellín Federico Gutiérrez, de Creemos Colombia, y Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza; el exalcade de Bucaramanga Rodoldo Hernández, de Liga de Gobernantes Anticorrupción; John Milton Rodríguez, candidato por el Partido Colombia Justa Libres, y Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional.
La más reciente encuesta de Invamer ubica a Petro con el 40,6% de la intención de voto, mientras que Federico Gutiérrez obtendría el 27,1% y Rodolfo Hernández el 20,9%.
El ambiente político
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/CE3I4XUCYFGK7PYRCWABF4A7FE.jpg "Según la Registraduría Nacional, de los 39.002.239 colombianos habilitados para votar en los comicios presidenciales del 2022, 38.029.475 podrán hacerlo en el territorio nacional y 972.764 en el exterior.")
Las últimas semanas previo a las elecciones estuvieron marcadas por las denuncias de Gustavo Petro sobre un supuesto plan del Gobierno para “suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia” a pocos días de que se celebraran los comicios.
Al respecto, el presidente colombiano, Iván Duque, manifestó el domingo pasado que a “nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado” y argumentó que Colombia tiene “una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, instituciones fuertes y sólidas”.
Los días previos a las elecciones también estuvieron marcados por la polémica desatada por la destitución del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su presunta participación en política a favor del Pacto Histórico.
Quintero pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para defender la democracia e impedir el atropello de la Procuraduría General de la Nación”, así como la protección de su vida ante “el riesgo inminente de un atentado”, según denunció.
Desconfianza con la Registraduría
Durante el debate organizado por el diario El Tiempo y la Revista Semana Petro y Fajardo expresaron su desconfianza con el registrador nacional, Alexander Vega, quien quedó en el centro de la polémica debido a las denuncias en el preconteo de votos.
El Pacto Histórico obtuvo otros 400.000 votos tras el escrutinio final que no fueron reportados, según Gustavo Petro, lo que avivó la polémica en el país en medio de los fallos que se presentaron en la capacitación de los jurados.
El registrador nacional llegó a pedir a finales de marzo un recuento general de votos “a fin de dar transparencia al proceso electoral”, pero luego declinó al insistir en que el sistema electoral en Colombia es fiable y que el pasado 13 de marzo no hubo fraude.
“Para tranquilidad de las fuerzas políticas no voy a presentar la solicitud de recuento de votos, obviamente ahora es el derecho de las organizaciones políticas que lo quieran presentar, pero desde la Registraduría no lo vamos a presentar”, afirmó Vega Rocha.
El registrador afrontó una demanda de un abogado que buscaba la suspensión provisional de su cargo, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó esta solicitud y la dejó en manos de la Procuraduría, a cargo de la exministra de Justicia del actual Gobierno Margarita Cabello Blanco.
Recrudecimiento de la violencia
Las elecciones se dan también en un escenario del recrudecimiento de la violencia que se manifestó en días pasados con el paro armado del Clan del Golfo tras la extradición a EE.UU. del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Las acciones violentas, que incluyeron intimidaciones a la población, quema de vehículos y cierre de carreteras, paralizó varios municipios en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.
La Fundación Paz & Reconciliación (Pares constató al menos 145 afectaciones en nueve departamentos y 77 municipios del país, entre las que se incluyen 22 asesinatos, 21 ataques a establecimientos, 91 ataques a medios de transporte, tres enfrentamientos armados, entre otros.
“Con este paro armado el Clan del Golfo expuso la magnitud de su presencia territorial en zonas del noroccidente del país y la costa atlántica, en donde se han consolidado como el actor armado hegemónico”, informó esa entidad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) informó sobre 100 casos de posibles masacres en 2021, de las cuales ha verificado 78 casos, dos siguen en proceso de verificación y 20 fueron considerados como no concluyentes, según un informe divulgado en marzo.
Para ese organismo, es importante acelerar el ingreso, registro, distribución y entrega de tierras a las comunidades rurales y la formalización de la propiedad de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Al mismo tiempo, recomienda al Gobierno del presidente Iván Duque “fortalecer el marco normativo para la protección de los derechos del campesinado, en concordancia con los instrumentos internacionales”.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/CE3I4XUCYFGK7PYRCWABF4A7FE.jpg "Voto electrónico en Colombia: ¿por qué el país se ha negado a adoptarlo?")
