Bogotá — Una de las grandes apuestas del Gobierno de Gustavo Petro en Colombia es que el país sea una potencia agroalimentaria y para ello requiere que muchas de las tierras, hoy improductivas, pasen a manos de campesinos capacitados e interesados en que comiencen a producir.
Durante la campaña se habló mucho de la forma en que Petro obtendría las tierras necesarias para llevar a cabo su plan y muchos temieron que fuera un emulador de la administración Chávez en Venezuela y que acudiera a las expropiaciones para lograr su cometido.
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Lejos de imitar al expresidente venezolano, la administración Petro, en cabeza de la ministra de Agricultura, Cecilia Álvarez Montaño, llegó a un acuerdo con los ganaderos colombianos para iniciar un proceso de compra de 3 millones de hectáreas que pasarán a ser la tercera fase de la reforma agraria.
“Este es un acto histórico, arranca el tercer componente de la reforma agraria. Ya teníamos la titulación de tierras, más de 600 mil, el segundo es de la SAE para arrendar 125 mil hectáreas para organizaciones campesinas y ahora arranca la compra de tierras con el ofrecimiento de Fedegán”, dijo la titular de la cartera agropecuaria.
Las tierras que adquiera la Nación se van a repartir entre familias indígenas, campesinas y afros que no tienen tierra, no tienen suficiente para hacerla productiva o no tienen títulos de la que ocupan, explicó López.
Algunos de los temores que persisten van ligados a la forma como se comprarán dichas tierras, y el impacto que ello tendrá en las finanzas públicas. Al respecto, la ministra López explica que “esa tierra no se pagará en efectivo, ni se comprará toda de un solo viaje, ni al mismo tiempo. Estimo que serán máximo 500 mil hectáreas al año. Estamos ultimando ese esquema y se los cuento apenas lo tengamos bien estructurado”.
¿Se rompe la Regla Fiscal?
Un pronunciamiento del presidente Petro encendió las alarmas entre economistas, analistas y participantes del mercado, pues sugirió que Colombia debía romper el Marco Fiscal para poder cumplir con el propósito de alcanzar la paz total cumpliendo el punto 1 del acuerdo de La Habana.
Rápidamente José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda y Crédito Público, le salió al paso a las declaraciones y enfatizó en que Colombia seguirá cumpliendo con la Regla Fiscal.
Para saber cómo avanzar en las dos direcciones que plantea el Gobierno, es decir, cumplir la Regla Fiscal, pero, además, comprar tierras para entregárselas a los campesinos que la harán productiva, Bloomberg Línea habló con Juan Pablo Córdoba, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, para conocer sus impresiones de la forma idónea de sacar adelante los dos temas.
“Lo primero es destacar que Colombia tiene una muy buena institucionalidad y que romperla no le sirve al país. Dentro de la institucionalidad hay muchos mecanismos para trabajar.
Lo primero es que el Marco Fiscal de Mediano Plazo se hace todos los años y eso permite que los Gobiernos vayan cambiando las prioridades de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Entonces, hoy hay un Marco Fiscal vigente, pero en junio del año entrante habrá otro que fije la senda hacia adelante y ahí se pueden acomodar las prioridades del Gobierno”, inició explicando Córdoba Garcés.
Destacó que no solamente a través del MFMP se puede acomodar las prioridades del Gobierno. “El presupuesto también es una herramienta que permite aprobar las prioridades. El de 2023 que se está aprobando es de $405 billones, la pregunta debe ser si dentro de ese monto no hay espacio para poder hacer un reacomodo”, dijo Córdoba.
Pero más allá de la forma de conseguir los recursos dijo que se debe revisar qué velocidad se espera que tenga la compra de las tierras que plantea el Gobierno, porque de ello dependerá que sea más o menos sencillo su acomodo.
“La otra pregunta es a qué ritmo se deben acomodar los gastos. Tengo que hacer un gasto de $50 billones o de $60 billones en un año específico o lo puedo hacer en un periodo de 4 o 5 años, eso cambia totalmente la conversación, pero de lo que sí estoy convencido es que el marco institucional colombiano perfectamente permite acomodar los cambios de prioridades de los gobiernos asignado los gastos en los presupuestos de los años adecuados y cumpliendo la senda de consolidación fiscal”, sostuvo el presidente del CARF.
Finalmente, Córdoba fue enfático en que independientemente de cómo se logren acomodar los presupuestos y reasignar las prioridades, todas las acciones deben tener en común que la consolidación fiscal avance en la dirección adecuada.
“La senda de consolidación fiscal no es un capricho del CARF, es lo que se estima que tiene que hacer porque hoy tenemos un déficit superior a los $100 billones al año y no podemos seguir con ese ritmo debemos hacer un proceso de reducción de ese déficit porque se nos está subiendo la deuda, porque el rubro de intereses está consumiendo cada vez más espacio de ese gasto y porque las tasas de interés que se requieren en el país para estabilizar la economía son muy altas y no permiten el desarrollo de la productividad económica sostenible en el mediano y largo plazo”.
Actualmente la deuda como proporción del PIB es de alrededor del 60%, es decir, según la Ley de Regla Fiscal, aún podría incrementarse en 11 puntos porcentuales más, aunque debe revisar en conjunto con el déficit fiscal y primario que debe garantizarse. Se estima que la compra de tierras puede costar hasta 5 puntos del PIB.
