Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal contra Navelena y directores de Cormagdalena

Bogotá — La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por la no utilización de estudios y diseños recibidos y pagados por Cormagdalena a Navelena S.A.S. (en liquidación), para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Además de esta última sociedad, al caso se vincularon como presuntos responsables fiscales a quienes han ejercido el cargo de director ejecutivo de Cormagdalenta entre 2017 y 2022: Alfredo Varela, Luis Álvaro Mendoza, Luis Fernando Andrade (en calidad de encargado), Lucas Ariza y Pedro Pablo Jurado.

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Indica que el ente de control que “se evidencia que Cormagdalena no ha realizado actuaciones dirigidas a dar continuidad a estos estudios y diseños y garantizar su aplicabilidad, pese a que, conforme a lo establecido en el contrato de APP 001 de 2014, estos tendrían una vigencia o vida útil de 30 años, razón por la cual el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lo declaró caso de impacto nacional para que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción se encargará del asunto”.

Asimismo, que no es clara la intervención de las entidades frente a las actividades a desarrollar y la extensión de río a intervenir, teniendo en cuenta que los objetos están relacionados en general con la recuperación y la navegabilidad del río Magdalena; y que las dos licitaciones del proyecto no culminaron en adjudicación y dentro de su estructuración incluyen una etapa de prefactibilidad que conllevaría el pago de unos nuevos estudios, por lo que se configuraría un posible daño por este concepto.

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Para este organismo y teniendo en cuenta que no existe la totalidad de la información cargada por las entidades en la plataforma SECOP, se debe verificar con las mismas las actividades realizadas en la ejecución de los convenios y contratos contra las cuales se realizaron los pagos. Por lo que no se sabe si los objetos de los estudios corresponden a los mismos tramos o si son distintas áreas de influencia.

En este caso, la Contraloría ha determinado que desde 2017 se suscribieron ocho contratos, así como dos procesos relevantes que tratan sobre el proyecto de navegabilidad del río Magdalena: uno que tenía un valor de $1,5 billones y que fue declarado desierto recientemente; y otro, que hace referencia a la contratación de estudios y diseños con la Universidad del Norte, ubicada en Barranquilla.