:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/4A7SVGHBS5G4HEMOI3SFWEFKJI.jpg "Fitch, Moody's y el FMI se han referido a la nueva ley de pensiones de El Salvador.")
Bloomberg Línea — A más de dos meses de la aprobación y posterior entrada en vigor de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, aún persisten dudas entre la ciudadanía salvadoreña sobre los efectos de esta normativa.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/P6WD7WPLOVD3POLCV7TTTYNYCY.jpeg "Legislativo de El Salvador aprueba polémica reforma al sistema pensiones")
La principal medida de la nueva legislación, que derogó a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones de 1996 y sus posteriores reformas, es subir la pensión mínima de US$ 304,17 a US$ 400 mensuales.
Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la reciente realización de la consulta del Artículo IV de 2023, dijo que ese aumento del 30% de los derechos de pensión acelerará las disminuciones de fondos de las cuentas de capitalización y, probablemente, se traducirá en mayores pasivos del gobierno a mediano plazo.
En entrevista al medio ElSalvador.com, el representante y fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda, habló sobre los riesgos que ve para los trabajadores con la aplicación de la normativa.
Un aspecto que preocupa a ese colectivo es que, hasta ahora, el gobierno salvadoreño no ha explicado cómo va a pagar más de US$ 6.200 millones que debe al sistema previsional, según los informes del Ministerio de Hacienda a diciembre de 2022, tras la eliminación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), para dar paso a la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Según Pineda, “de esa deuda no se sabe absolutamente nada, lo cual probablemente puede dejar a discreción de los titulares el manejo de la misma”, y agregó que eso puede peligrar que se convierta en una especie de “borrasaldo”, es decir, “que si se les ocurre lo pueden hacer si declaran que no hay recursos y que de los US$ 6.200 millones solo nos pueden dar US$ 1.000 millones, ¿y el resto qué?; o cambiar la tasa de interés, cualquier cosa”.
Otros puntos de interés
Pineda dijo que “existe otra parte que no es descabellada considerarla y es que ese traspaso de fondos de la deuda anterior con el que se han quedado callados sobre las condiciones, puede ser un mecanismo para justificar en un momento determinado una nacionalización de los fondos”.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/AZGQNQTXYBBWZBPVHUMXCQ57RI.jpg "Carga tributaria del gobierno central de El Salvador es la más alta de Centroamérica")
A su criterio, “puede prestarse a eso”, ya sea que la hagan vía reestatizar el sistema, o sea, volver a convertir pública o estatal una empresa o institución que previamente se había privatizado.
De darse ese escenario, explicó, es una expropiación de las cuentas individuales. “Técnicamente ya lo han hecho porque el límite del porcentaje de emisión de deuda desapareció; en la ley anterior decía que la emisión de los CIP (Certificados de Inversión Previsional) tenía un límite del 45%, pero ahora en la ley de creación del ISP y derogación del FOP no aparece límite, lo que quiere decir que tienen el 100% disponible los políticos para manosear. A eso han sometido este sistema”.
Pineda insistió que “estamos en ese peligro de que ese silencio y esa oscuridad sobre esa deuda que está en el limbo, porque no se sabe cómo lo van a hacer o bajo qué reglas, se convierta en un borrasaldo”.
En enero, el presidente del ISP, Marlon Vásquez, dijo en una conferencia que el mecanismo para el canje de los CIP por los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) ya está establecido y “será una estructura en condiciones favorables para el sistema, sin ningún detrimento”, pero hasta ahora Haciendo no lo ha dado a conocer.
Al respecto, Fitch Ratings señaló a principios de febrero que el intercambio de deuda de instrumentos financieros relacionados con las pensiones descrito en la reforma de pensiones podría equivaler a un incumplimiento de acuerdo con los criterios de calificación soberana.
