Bloomberg Línea — El alza del petróleo internacional comienza a trasladarse a los precios de los combustibles en América Latina, con efectos desiguales sobre la inflación y las finanzas públicas mientras los Gobiernos aplican medidas para contener el descontento social.
El precio internacional del petróleo impacta de manera dual en la región, sobre todo en los países exportadores, y su efecto neto depende de la eficiencia en la gestión de subsidios y de la estructura energética de cada mercado.
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En crecimiento, el balance suele ser negativo para importadores netos de energía porque cae el ingreso real, se estrecha el margen de maniobra de política y se enfría la demanda.
En las cuentas públicas, el efecto depende del régimen de subsidios.
En países que aún mantienen subsidios, el impacto se diluye para los consumidores, pero aumenta la presión sobre las cuentas públicas.
Y en aquellos en donde esos esquemas se han venido desmontado, como Bolivia y Ecuador, el ajuste es más rápido y visible, pero con mayores riesgos para la inflación y el crecimiento.
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“El impacto puede ser importante, pero no va a ser uniforme. En América Latina, el mismo shock petrolero puede traducirse en más inflación, más presión sobre las cuentas públicas o una combinación de ambas cosas, dependiendo de cómo cada país administre los precios internos de los combustibles”, dijo a Bloomberg Línea el economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), Jonathan Fortun.
Por un lado, en la región el mayor precio del petróleo implica mayores ingresos fiscales por la venta de crudo y un mayor dinamismo en la cadena productiva vinculada al sector privado.
No obstante, “nuevos desafíos vinculados al crecimiento de la demanda de energía y la dependencia de la generación termoeléctrica ponen en riesgo ese vínculo por mayores costos de importación de derivados (gasolina y diésel), generando incrementos en precios internos, presiones inflacionarias y mayores costos logísticos y agrícolas”, manifestó a este medio el exviceministro de Economía ecuatoriano e investigador de ESPOL, José Gabriel Castillo.
La mayoría de los países de la región son altamente dependientes de la importación de derivados, especialmente por la reducida capacidad de refinación local de combustibles.
Los países más expuestos a la importación de derivados de petróleo verían impactos que van más allá de la influencia en la cadena logística y costos de transporte.
“Excepto Argentina y Brasil, todos los demás tienen altos niveles de dependencia, a pesar algunos ser importantes exportadores de petróleo”, apuntó Castillo.
Como resultado, dice que se pueden esperar presiones inflacionarias por su impacto en los costos de transporte, atenuados en algunos casos por la vigencia total o parcial de subsidios, así como en otros sectores con insumos derivados, como el caso del sector agrícola y los fertilizantes.
Medidas para contener la escalada del diésel
En Brasil, la mayor economía regional, el Gobierno anunció la exención de impuestos federales y la concesión de ayuda financiera a los productores e importadores de diésel para contener el impacto de los precios del petróleo.
La estrategia del Gobierno brasileño implica una inversión de R$30.000 millones (unos US$5.800 millones) para reducir el precio en las gasolineras en 0,64 reales por litro.
En México, la Secretaría de Hacienda activó subsidios a las gasolinas y el diésel, mediante los cuales el Gobierno mexicano busca mitigar presiones inflacionarias por la escalada de precios del crudo y evitar que estos se trasladen al consumidor.
La presidenta Claudia Sheinbaum también firmó un acuerdo con empresarios gasolineros para establecer un precio máximo para la gasolina regular y dijo que también había un acuerdo para el diésel.
Sin embargo, empresarios del sector gasolinero negaron haber aceptado un tope voluntario al precio del diésel.
Cuatro personas con conocimiento del tema contaron a Bloomberg Línea que Sheinbaum anunció de forma unilateral un tope de precio.
Y en Perú, en donde los precios de los combustibles se determinan en función de la oferta y la demanda, el Gobierno anunció a mediados de marzo que aplicaría sanciones a las empresas que especulen con los costos.
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Argentina suspende aumentos del impuesto a combustibles
En Argentina, el precio del combustible subió entre el 20% y el 25% en marzo como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.
El Gobierno argentino tomó la decisión de suspender el aumento del impuesto a combustibles para abril con miras a mitigar el impacto del precio de la suba de petróleo, informó la Secretaría de Energía.
Para contener el impacto del precio combustible, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía también actualizó la especificación técnica de calidad de las naftas, elevando el límite máximo de oxígeno permitido hasta 5,6%.
En la práctica, explicó la entidad en un comunicado, esto les da a las refinadoras más flexibilidad para definir la composición de sus combustibles.
“Si optan por incorporar una mayor proporción de bioetanol, podrán reducir en igual medida la participación del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final”, dijo la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.
El ingeniero Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, señaló que, de cualquier forma, el alza internacional del petróleo se trasladará a los precios de la gasolina y el gasoil en Argentina, en línea con una política oficial de trasladar (pass-through) los costos y no subsidiarlos.
Expuso que el Gobierno tiene como principal herramienta el manejo de impuestos para amortiguar o suavizar el impacto en el mercado interno.
“Es un manejo impositivo que tendría que hacer el Gobierno con el objeto de ralentizar el impacto que pueda tener el mercado interno”, señaló Roberto Carnicer. “Argentina tiene un precio caro (de los combustibles) porque tiene una gran participación de impuestos internamente en el precio final y además porque estamos acostumbrados a que la energía es regalada”, dijo.
En la otra cara, Carnicer agregó que un petróleo más caro también puede mejorar la balanza energética y la recaudación fiscal, al elevar los ingresos de las empresas exportadoras.
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Aumentos en Chile
En Chile, el Gobierno del presidente José Antonio Kast elevó el precio de la gasolina en torno al 32% y el del diésel en un 62%, marcando la segunda mayor subida en la historia del país.
“Hablar con la verdad nos da mucha tranquilidad. Una alternativa, como se planteó, era endeudar más a la nación. Eso termina pagándose más caro”, justificó Kast en declaraciones desde el palacio de La Moneda.
El gobierno chileno también ha modificado el plazo para calcular los precios internacionales de los combustible, ampliando los parámetros de 3 a 4 semanas con el fin de absorber los altos costos de la energía.
En Chile, el encarecimiento de la gasolina se transmite a la inflación general, principalmente por tres canales: transporte de pasajeros, transporte de carga y costos logísticos.
Eso termina impactando el precio de bienes y servicios en toda la cadena, especialmente alimentos, retail, distribución y servicios que dependen de movilidad permanente.
En otras palabras, el combustible no afecta solo al consumidor que carga su vehículo, sino también al costo estructural de mover la economía.
“Desde el punto de vista regulatorio, este tipo de alzas suele reabrir la discusión sobre mecanismos de estabilización, subsidios focalizados, impuestos específicos y medidas transitorias de alivio”, según Esteban Elías, abogado y líder de la práctica Latinoamericana de la firma estadounidense Leech Tishman. “Pero, además, genera un efecto jurídico importante: obliga a revisar cómo están estructurados los contratos”.
En teoría, Tishman explica que escenarios inflacionarios o aumentos relevantes de costos deberían estar razonablemente cubiertos por cláusulas de reajuste, indexación o traspaso de costos.
No obstante, “en la práctica, muchas veces esa asignación de riesgo no quedó bien resuelta, y ahí empiezan las tensiones entre empresas, proveedores, distribuidores y clientes”.
Desde la perspectiva jurídica, en el corto plazo anticipa renegociaciones contractuales ante mayores costos, especialmente en transporte, distribución, obras, suministro y servicios continuos.
Asimismo, considera que puedan surgir controversias por cláusulas de reajuste, hardship, fuerza mayor o cambio material adverso; mayor escrutinio regulatorio y de protección al consumidor en materia de precios, información y prácticas comerciales; y presión sectorial para obtener alivios normativos o tributarios transitorios.
Desmonte de los subsidios
En países que han avanzado en el desmonte de los subsidios de los combustibles, como Bolivia, el desafío no es solo el alza del petróleo, sino el hecho de que el país llega a este episodio con una vulnerabilidad energética mucho más profunda que antes, según el economista Jonathan Fortun.
Señaló que, si bien Bolivia es un importador de gasolina, el país tiene baja capacidad de refinación, su producción petrolera es marginal y ha perdido buena parte del colchón que antes le daba el gas.
Las reservas gasíferas se han reducido de forma severa, la exploración prácticamente no ha repuesto esa caída y el país ya no tiene la ventaja externa que alguna vez representaron las exportaciones a Brasil y Argentina.
“Eso cambia totalmente la historia. Bolivia ya no recibe el lado bueno del shock energético; se queda sobre todo con la factura”, explicó Fortun. “En otro momento, un alza del crudo podía venir acompañada de un ingreso adicional por el canal gasífero o de un mayor alivio externo. Hoy ese amortiguador prácticamente no existe”.
Según el economista, el levantamiento parcial reciente de los subsidios a la gasolina y al diésel ayudó marginalmente a mejorar las cuentas públicas, pero un petróleo más caro amenaza con borrar rápidamente una buena parte de ese alivio.
“Y ahí aparece la verdadera trampa. Si el gobierno sigue adelante con una eliminación más completa del subsidio, como se venía anticipando para alrededor de junio, el impacto inflacionario puede ser significativo en un contexto donde la inflación ya venía acelerándose con fuerza”, dijo.
Pero si decide frenar o postergar ese ajuste, añadió, entonces vuelve a ampliarse la presión sobre las cuentas públicas y se complica todavía más la relación con las fuentes de financiamiento internacional, desde CAF hasta la posibilidad de un eventual programa con el FMI. “Bolivia quedó atrapada entre dos costos: si ajusta, acelera la inflación; si no ajusta, agrava la fragilidad fiscal. Esa es hoy la tensión central”.
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El panorama para Ecuador
Ecuador eliminó el subsidio al diésel, pero implementó un sistema de bandas que permite un incremento de 5% y una reducción de -10% al precio de venta al consumidor según el precio internacional del combustible.
En el escenario actual, “con precios del diésel que duplican los registros previos al conflicto, y con dificultad de trasladar ese costo al consumidor, el impacto fiscal será relevante”, según José Gabriel Castillo, exviceministro de Economía ecuatoriano.
Asimismo, “el Ecuador mantiene un esquema de compensación a los transportistas para amortiguar la transición y que estaría próximo a desmontarse; sin embargo, en un escenario de incremento de precios de los combustibles, la materialización de esos compromisos está en riesgo”.
Para Fortun, en países exportadores como Ecuador el efecto puede ser algo más mixto, porque el frente externo mejora y eso compensa parte del daño interno. “Pero incluso ahí conviene no exagerar el beneficio. Un petróleo más caro puede mejorar la balanza externa sin mejorar de verdad la economía cotidiana”, apuntó.
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Vías de transmisión de la gasolina más cara
“El encarecimiento de la gasolina rara vez se queda en la gasolina”, señaló Fortun. “En economías latinoamericanas, el shock se transmite bastante rápido por al menos tres canales”.
El primer canal es el transporte, dado que el aumento de los costos de carga, distribución y movilidad se transmite con rapidez al resto de la economía.
La segunda vía de transmisión es la de alimentos, porque detrás del precio final de estos se incorpora el peso de los combustibles en casi todas las etapas: flete, cadena de frío, maquinaria agrícola, distribución mayorista y minorista.
Y el tercer canal es el logístico, en la medida en la que comercio, manufactura y servicios enfrentan mayores costos operativos, y una parte de eso termina trasladándose al consumidor.
“La gasolina no solo mueve autos; mueve la estructura completa de costos de una economía, particularmente en Latinoamérica” apuntó Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas.
“Cuando ese proceso ocurre en un contexto de expectativas frágiles, la inflación deja de ser un problema concentrado en energía y empieza a contaminar el resto del índice de precios. Ahí es donde el shock deja de ser sectorial y se vuelve macroeconómico”.
En países con bancos centrales creíbles y expectativas relativamente ancladas, el impacto puede ser más acotado y transitorio.
Pero en economías más frágiles, con pass through cambiario elevado o con tensiones fiscales, el riesgo es que el shock se vuelva más persistente.
De acuerdo con Fortun, en política monetaria, esto suele reducir el espacio para recortes de tasas y en algunos casos obliga a mantener una postura más restrictiva durante más tiempo. “Aunque el shock venga del lado de oferta, si empieza a contaminar expectativas y precios más amplios, el banco central no puede simplemente ignorarlo”.
