Buenos Aires — El gobierno de Javier Milei busca que capital privado remodele una emblemática terminal en Buenos Aires. Mediante el Decreto 273/2026, el Gobierno nacional declaró de interés público una iniciativa privada para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro y dispuso la convocatoria a licitación pública para modernizar por completo la concesión de la terminal más importante de transporte automotor de pasajeros del país bajo un esquema de concesión con financiamiento 100% privado tras más de tres décadas.
La Terminal de Ómnibus de Retiro, señaló el Ministerio de Economía a través de un comunicado, es el principal nodo de transporte terrestre de larga distancia del país. Por allí circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año, con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta, y operan más de 300 mil servicios anuales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países limítrofes, detalló.
Con esta licitación, la primera en 33 años, el Gobierno informó que pone fin a una concesión otorgada en 1993, actualmente vencida, a cargo de la empresa TEBA S.A., de Néstor Otero, que murió hace un mes, y argumentó que “con el paso de los años evidenció un deterioro sostenido en la calidad del servicio, con instalaciones deficientes, problemas de seguridad, falta de iluminación adecuada y condiciones de confort insuficientes que en nada beneficiaron a los millones de usuarios que transitan la terminal”.
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Según señala la comunicación oficial, el nuevo proyecto tiene como objetivo central modernizar integralmente la terminal y su entorno, optimizar su operación y ampliar su capacidad, incluyendo la incorporación de nuevas dársenas y una planificación alineada con la demanda futura. “La iniciativa permitirá avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias, con impacto directo en la calidad del servicio y en el funcionamiento general del sistema”, señaló el Gobierno.
De acuerdo con la previsión oficial, esta modernización permitirá también “un incremento significativo en los ingresos públicos”, aunque no se precisó en cuánto.
La iniciativa privada, destacó el Ministerio de Economía, fue presentada por un conjunto de empresas y se desarrollará bajo el régimen de concesión de obra, infraestructura y servicio público, con financiamiento íntegramente privado, lo que “permitirá avanzar sin comprometer recursos del Estado”.
Las obras previstas, agregó, incluyen el reacondicionamiento, la modernización y la ampliación de la terminal, junto con la optimización de los servicios de administración, mantenimiento y operación. La concesión tendrá una vigencia de 30 años.
Durante ese período, el concesionario asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación, y deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional.
En paralelo, el Gobierno agregó que se garantizará la continuidad del servicio mediante el operador actual hasta tanto se adjudique la nueva concesión, asegurando el normal funcionamiento de la terminal durante todo el proceso de transición.
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