Buenos Aires — Con más de una decena de días de bloqueos y protestas, Bolivia atraviesa una creciente crisis política y social que llevó al Gobierno de Rodrigo Paz a desplegar un amplio operativo policial y militar para intentar restablecer la circulación en las rutas estratégicas del país.
La denominada operación “Corredor humanitario” comenzó durante la madrugada del sábado con el objetivo de liberar los accesos a La Paz y El Alto y garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.
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Según información de la agencia de noticias EFE, participaron unos 2.500 policías y 1.000 militares, mientras que Infobae señaló que el operativo movilizó a más de 3.500 efectivos y permitió despejar al menos 15 puntos de bloqueo.
En medio de la escalada de tensión, el vocero presidencial José Luis Gálvez aseguró que el Ejecutivo hará “hasta el último esfuerzo” para evitar un “derramamiento de sangre” durante las intervenciones. El funcionario sostuvo que las fuerzas de seguridad actuaron sin utilizar “armas letales” y bajo un criterio “disuasivo”.
Los principales focos de conflicto se concentraron en las rutas que conectan La Paz con Oruro, Perú y otras regiones del centro del país. Sin embargo, tras los avances iniciales de las fuerzas de seguridad, grupos de manifestantes volvieron a instalar cortes en distintos sectores de El Alto, especialmente en Senkata y Río Seco.
De acuerdo con EFE, en Río Seco manifestantes atacaron con piedras una estación del teleférico urbano, lo que obligó a suspender parcialmente el servicio. También se registraron choques con efectivos policiales y militares, que respondieron con gases lacrimógenos para intentar dispersar las protestas.
El Gobierno boliviano sostuvo que el operativo buscó abrir un “corredor humanitario” para aliviar la situación de desabastecimiento que afecta a La Paz. Gálvez admitió además que, tras el avance de las fuerzas de seguridad, algunos sectores movilizados “radicalizaron” sus protestas y retomaron los bloqueos en distintos accesos estratégicos.
Según reprodujo EFE, las autoridades remarcaron que la instrucción a policías y militares fue “bajar la tensión” y evitar un escenario de mayor violencia. “Lo que menos queremos es la pérdida de vidas”, afirmó el portavoz presidencial durante una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Gobierno.
Apoyo de países aliados
El conflicto escaló además al plano regional. Este viernes, ocho países latinoamericanos difundieron una declaración conjunta en la que expresaron su “preocupación por la situación humanitaria” en Bolivia debido a los cortes de rutas y el impacto sobre el abastecimiento de alimentos e insumos esenciales.
Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y manifestaron su respaldo al presidente Rodrigo Paz, al que calificaron como “elegido democráticamente en las elecciones generales de 2025”.
El comunicado también exhortó a los distintos actores políticos y sociales bolivianos a canalizar sus diferencias mediante el diálogo y el respeto a las instituciones, en un contexto de creciente tensión en las calles y dificultades para normalizar el tránsito y el abastecimiento en la capital.













