Bloomberg Línea — El presidente panameño, José Raúl Mulino, autorizó a First Quantum Minerals Ltd a exportar el “material molido” almacenado en la mina Cobre Panamá, que operó hasta el 28 de noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó detener la producción, argumentando que la concesión del contrato de explotación de cobre durante 20 años más había sido inconstitucional.
El material molido al que hizo referencia el mandatario es el concentrado de cobre acumulado en esta mina situada en Donoso, en la provincia de Colón, a 120 km de capital.
“Yo autoricé la sacada del material molido allí, que se está desperdiciando y sobre el cual Panamá tiene una barbaridad de dinero invertida, que le tienen que reembolsar una vez ese material sea procesado fuera de Panamá”, informó este jueves en conferencia de prensa.
Mulino, además, ordenó poner en funcionamiento una central de energía térmica en la mina, operación necesaria para la exportación del cobre, según explicó.
“Autoricé también que prendan la planta termoeléctrica de 300 megavatios e importar carbón, creo que desde Medellín, Colombia, para que pueda funcionar. En adición, he pedido al secretario de Energía que haga lo necesario para que, una vez arranque esa planta, se incorpore al centro nacional de despacho y Panamá con cerca de 300 megavatios más de potencia, de más energía”, agregó.
El presidente panameño aseguró que desde el Ministerio de Ambiente se está ejecutando un plan de mantenimiento de la mina, aunque no ahondó en los detalles, y expuso que, con una firma internacional de abogados, Panamá se está preparando para asumir los procesos legales en su contra por la detención de las operaciones.
Por cuenta de la decisión del alto tribunal, existen entre seis y siete procesos arbitrales contra Panamá, “con pretensiones que suman decenas de miles de dólares en pretensiones por daños y perjuicios”, comentó.
La reapertura parcial de operaciones de la mina, con la exportación de material molido, fue una decisión tomada con base en una auditoría “integral” e “independiente” contratada por el Gobierno en febrero pasado.
En ese entonces, en conferencia de prensa, el director de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Roderick Gutiérrez, reveló que el cese de las actividades mineras implicaron pérdidas por US$888 millones en compras locales y US$225 millones en salarios.
“El sector minero ya ha demostrado en Panamá que puede ser otro brazo económico para el desarrollo del país”, sentenció.
Tras la paralización de las operaciones y la entrada en una fase de “preservación y gestión segura” en que se encuentra la mina, como describe First Quantum, Panamá perdió 4,8% del producto interno bruto del país (PIB) y el 75% de las exportaciones del istmo.
Leer más: Los migrantes revierten la ruta y los coyotes les cobran US$550 por alejarles de EE.UU.
“Aquel 5% del PIB que nos tiramos al plato en un solo día, que pensamos que era una estadística, ha conllevado desempleo, falta de ingresos para el Estado y retrasos en el pago a proveedores”, dijo Mulino este jueves.
Ahora bien, a falta de nuevas medidas en torno a la mina, First Quantum sostiene en su página web que está comprometida de “manera transparente y abierta con el Gobierno de Panamá para encontrar una solución a largo plazo en el mejor interés de todas las partes interesadas”.
Pese a ello, demandó a Panamá ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, solicitando una compensación de US$20.000 millones, proceso que culminaría en 2026.
