Bloomberg — La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley minera impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez para obtener el apoyo de Estados Unidos y la inversión extranjera.
El jueves, los legisladores aprobaron de forma definitiva y unánime el proyecto de ley de 131 artículos, tras una votación inicial el mes pasado. Esta legislación sustituye un marco normativo vigente desde hace casi tres décadas y forma parte del esfuerzo más amplio de Rodríguez por ofrecer garantías legales y un régimen fiscal más flexible a los inversores internacionales, en particular a los estadounidenses.
Esta decisión se produce tras la visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas a principios de marzo, que impulsó al gobierno a seguir adelante con la reforma. Rodríguez había prometido que la ley avanzaría a la velocidad de Trump.
Ver más: American Airlines fija fecha para reactivar vuelos entre EE.UU. y Venezuela
La reforma subraya el esfuerzo de Rodríguez por presentar un marco más favorable a los inversores, sin llegar a una liberalización total, ya que el Estado conserva la propiedad de los recursos y el control sobre la aprobación de los proyectos.
La ley incluye disposiciones para apoyar la inversión extranjera, como cláusulas de “equilibrio económico” y acceso al arbitraje internacional, lo que supone un cambio con respecto al marco de 1999, que restringía las disputas a los tribunales locales.
También establece un régimen tributario simplificado centrado en regalías de hasta el 13% de la producción y un nuevo impuesto minero de hasta el 6% sobre los ingresos brutos, además de exenciones de varios gravámenes existentes. Las concesiones pueden durar hasta 30 años, en comparación con los 20 anteriores, con dos posibles prórrogas de 10 años.
Según las autoridades, la reforma tiene como objetivo atraer capital a proyectos relacionados con el oro, la bauxita y otros minerales estratégicos, aunque el gobierno conserva la facultad de designar ciertos recursos o áreas como de interés nacional e imponer condiciones especiales.
Lea más en Bloomberg.com
