Bloomberg — La administración Trump pidió al tribunal de comercio de EE.UU. que pausara un fallo que declaró ilegales los últimos aranceles globales del 10% del presidente mientras el gobierno apela, lo que significa que los importadores seguirían pagando los gravámenes mientras continúa la lucha legal.
En una decisión de 2-1 la semana pasada, un panel del Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. determinó que el uso del presidente Donald Trump de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer los aranceles no era válido, aunque el tribunal solo bloqueó inmediatamente la aplicación para dos empresas que demandaron y el estado de Washington.
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A pesar del alcance limitado de la orden del tribunal por ahora, el Departamento de Justicia argumentó en una presentación el lunes que miles de importadores que pagan los aranceles de la Sección 122 probablemente inundarían el tribunal con demandas. Permitir que la decisión entre en vigor “socavaría gravemente” la agenda comercial de Trump y desviaría recursos del “vasto esfuerzo” en curso para reembolsar una ronda anterior de aranceles globales anulada por el Tribunal Supremo estadounidense, escribieron los abogados del Gobierno.
El tribunal comercial rechazó la postura de la administración de que los “déficits de la balanza de pagos”, un criterio clave para imponer los aranceles de la Sección 122, era “una frase maleable”. Consideraron que la proclamación de Trump imponiendo los gravámenes no identificaba que tales déficits existieran en el sentido de la ley de 1974, utilizando en su lugar “déficits comerciales y de cuenta corriente”.
El recurso del gobierno contra esa decisión está pendiente ante el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de EE.UU. El Departamento de Justicia dijo en la presentación del lunes que si el tribunal de comercio y el Circuito Federal se niegan a pausar el fallo, la administración está preparada para hacer una petición de emergencia al Tribunal Supremo.
Los jueces anularon a principios de este año los aranceles globales de Trump en virtud de una ley diferente, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA. En abril se puso en marcha un proceso de reembolso, pero hay incertidumbre sobre si todas las empresas que pagaron los aranceles IEEPA podrán recuperar su dinero.
Más de 170.000 importadores han pagado depósitos para cubrir los nuevos aranceles bajo la Sección 122 sobre 13 millones de entradas de mercancías desde que la proclamación de Trump entró en vigor en febrero, según el gobierno. Las autoridades aduaneras estadounidenses recaudaron unos US$8.000 millones en aranceles de la Sección 122 solo en marzo, según datos del Gobierno analizados por We Pay the Tariffs, una coalición de pequeñas empresas.
Sara Albrecht, directora ejecutiva del Liberty Justice Center, uno de los grupos implicados en el litigio, dijo en un comunicado que la perspectiva de futuros reembolsos “nunca compensará a estas empresas”.
“El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó correctamente que los aranceles de la Sección 122 son ilegales”, dijo Albrecht. “La moción del gobierno para suspender esa decisión solo prolonga la incertidumbre para las empresas estadounidenses que necesitan estabilidad, previsibilidad y confiar en el estado de derecho”.
El Representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, presentaron el lunes declaraciones ante el tribunal en las que defendían mantener intactos los aranceles hasta que expiren en julio. Greer dijo que los gravámenes son “críticos” para mantener a los socios comerciales comprometidos en las negociaciones.
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Lutnick los describió como “la única línea de base global que actualmente frena un aumento sin precedentes en los flujos de importación mientras la administración continúa abordando los problemas de la balanza de pagos de Estados Unidos.”
Los casos son Oregón contra Trump, 26-cv-1472, y Burlap and Barrel Inc. contra Trump, 26-cv-1606, Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. (Manhattan).
Con ayuda de Laura Curtis.
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