Bloomberg Línea — La presión sobre el caso del inmigrante Kilmar Armando Abrego García aumentó esta semana tras la decisión de una jueza federal de cuestionar el plan del Gobierno para deportarlo a Liberia y las declaraciones del director del FBI, Kash Patel, que podrían violar una orden de silencio en el proceso penal.
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El martes, durante una audiencia en el Tribunal de Distrito de Maryland, en Greenbelt, la jueza del Distrito Federal, Paula Xinis, presionó a los abogados del gobierno sobre la intención de remover a Abrego García al país de África Occidental “en cuestión de semanas”, una medida que la magistrada calificó como “punitiva” y que choca con un proceso penal en su contra que aún está pendiente.
Abrego García, de 30 años y residente del condado de Prince George’s, fue deportado “por error” en 2025 al temido Centro de Confinamiento del Terrorism (Cecot) en El Salvador por la administración Trump, a pesar que desde 2019 contaba con una garantía llamada “suspensión de remoción”, que impedía a EE.UU. devolverlo a su país de origen.
Fue traído de vuelta a Estados Unidos en junio de 2025 para enfrentar cargos de contrabando de personas en Tennessee, a los que se ha declarado no culpable.
En la audiencia del martes, la jueza Xinis exigió al fiscal Ernesto Molina detalles sobre la ejecución de la deportación. “Quiero saber si es cierto que, si se levantara la orden mañana, lo removerían físicamente de Estados Unidos y lo enviarían a Liberia en cuestión de una semana”, preguntó Xinis. Molina respondió que se sorprendería si Abrego García permanecía en el país una semana más una vez tomado en custodia.
Xinis expresó su preocupación por la superposición de la deportación con el caso penal en Tennessee. “Si hay una acusación penal pendiente y están arreglando que Abrego García vaya al país de su elección, no la de él, quiero saber cuáles son las implicaciones”.
Además, la jueza criticó la negativa del gobierno a enviarlo a Costa Rica, país que en agosto de 2025 ofreció otorgarle residencia o estatus de refugiado y a no trasladarlo a un tercer país, incluyendo El Salvador. “Él eligió Costa Rica, ustedes no lo aceptan. Si insisten en Liberia, es punitivo”, dijo Xinis.
El gobierno estadounidense argumentó que Liberia tiene un fuerte récord de derechos humanos y que el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuenta con discreción para ignorar la preferencia del migrante.
Por lo pronto, Xinis ordenó a ambas partes que se reunieran y propusieran un calendario conjunto para que ella pudiera dictar una resolución definitiva sobre las restantes demandas de hábeas corpus y constitucionales de Abrego García.
“Esto significa que por el momento, Kilmar no puede ser detenido ni deportado mientras el caso siga en curso”, explicó la organización defensora We Are CASA.
El inmigrante, quien ha sido objetivo de la actual administración por impugnar con éxito su orden de expulsión anterior, sigue bajo arresto domiciliario.
Declaraciones de Patel
Mientras el caso avanza en los juzgados, ese mismo martes se produjo un cruce de acusaciones en el Capitolio que podría tener consecuencias.
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Durante una audiencia presupuestaria en el Senado, el director del FBI, Kash Patel, tuvo un enfrentamiento verbal con el senador demócrata Chris Van Hollen.
En medio de una discusión sobre las acusaciones de consumo excesivo de alcohol reportadas en The Atlantic, Patel atacó al senador por su visita de 2025 a El Salvador para verificar el estado de Abrego García en el Cecot. “La única persona que estaba tomando margaritas en El Salvador a costa del dinero de los contribuyentes junto a un violador convicto y miembro de una pandilla eras tú”, afirmó Patel.
Tras la reunión de Van Hollen con Abrego García en abril de 2025, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó una serie de fotos en X y dijo “¡Kilmar Abrego García, resucitado milagrosamente de los ‘campos de exterminio’ y la ‘tortura’, ahora saboreando margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador!“.
Van Hollen desmintió la afirmación de que él o Abrego García bebieran de las copas que supuestamente contenían los cócteles, y dijo que las copas fueron añadidas a mitad de la reunión por funcionarios salvadoreños con el afán de hacer una foto.
Analistas señalan que Patel, como director del FBI y dependiente del Departamento de Justicia, podría haber violado una orden de silencio (gag order) emitida en octubre de 2025 por el juez Waverly Crenshaw en Tennessee, en la que prohibía a los empleados del DOJ y DHS hacer declaraciones extrajudiciales que puedan tener “una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente” el derecho a un juicio justo de Abrego García.
Al respecto, Adam Klasfeld, editor-in-chief de All Rise News, un medio especializado en periodismo jurídico, recordó que ningún juez federal ha dado crédito a las afirmaciones sobre que Abrego García pertenece a una pandilla, y que “nunca ha sido acusado, y mucho menos condenado, de violación”.
