:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/32G5X2OQHVGBDFSN4O5PADBBIM.jpg "El reto más importante que tiene Panamá en este tema es demostrar la efectividad de su sistema contra el blanqueo de capitales.")
Ciudad de Panamá — Entre septiembre y octubre de este año Panamá podría salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), siempre y cuando cumpla con las acciones pendientes en cuanto al registro de beneficiarios finales, aseguró el ministro de Economía, Héctor Alexander.
Actualmente, el país cumple con 12 de las 15 acciones que fueron establecidas en junio de 2019, explicó el funcionario, sin entrar en detalles.
En 2022 la Superintendencia de Sujetos no Financieros realizó 1,873 supervisiones extra situ, lo que representa un 61% de ejecución de su plan de supervisión anual y de las cuales 1,641 fueron dirigidas al sector de abogados /residentes.
También se efectuaron 106 supervisiones in situ, de las cuales 72 fueron al sector de abogados /residentes, con énfasis en la temática de beneficiario final, según la información oficial.
La creación del registro único de beneficiarios finales de Panamá, explicó Alexander, se aprobó mediante la Ley 129 de 2020 y el Decreto Ejecutivo 13 de 2022 y en la actualidad es administrado por la Superintendencia de Sujetos no Financieros, que hasta el momento lleva un registro de al menos 30% de las sociedades anónimas inscritas en el país.
Consiste en un sistema por medio del cual los abogados que prestan los servicios de agente residente registran a las personas jurídicas incorporadas en el Registro Público de Panamá, y de igual manera registran a los beneficiarios finales (personas naturales) de estas entidades.
De acuerdo con esta legislación, la información del registro único de beneficiarios finales no será de acceso público, toda vez que será estrictamente confidencial y solo podrá ser divulgada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros a una autoridad que esté realizando una investigación referente a delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva, e igualmente cuando sea requerido para el cumplimiento de obligaciones de cooperación internacional establecidas en los tratados o convenios ratificados por Panamá.
“El reto más importante que tenemos en cuanto al tema es ser capaces de demostrar la efectividad de nuestro sistema contra el blanqueo de capitales, lo que incluye una adecuada identificación y verificación de beneficiarios finales, y tener controles apropiados específicamente a lo concerniente al conocimiento de riesgos, no solo de los clientes, sino del sector corporativo de forma que se apliquen los mitigantes correspondientes”, dijo en su oportunidad Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
