Bloomberg — La administración del presidente Donald Trump no está dispuesta a debatir sobre comercio, diplomacia ni ningún otro asunto que pueda contribuir a aliviar el sufrimiento causado por las sanciones estadounidenses, afirman los dirigentes cubanos, en un contexto en el que aumentan la mortalidad infantil y las muertes evitables.
“El canal de diálogo se encuentra completamente estancado”, declaró Lianys Torres Rivera, máxima representante diplomática de Cuba en Washington, en una entrevista. Añadió que ambas partes son incapaces incluso de acordar una agenda básica. “No hay negociaciones”.
A pesar de la campaña de presión de Trump, que incluye un bloqueo de facto del suministro de combustible y la presión sobre las empresas extranjeras que operan en la isla, la diplomática afirmó que su gobierno desea mantener una buena relación con su poderoso vecino. Torres Rivera también rechazó las acusaciones de que Cuba suponga un riesgo para la seguridad nacional y utilice su influencia para fomentar la disidencia antiamericana tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
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“Cuba no es una amenaza para Estados Unidos”, afirmó. “Cuba desea una relación de respeto con Estados Unidos en la que podamos hablar de nuestras prioridades comunes”.
Al ser preguntado sobre las declaraciones de la embajadora, un funcionario estadounidense describió a Cuba como un Estado fallido que ha sido mal gestionado durante años. El principal obstáculo para mejorar las relaciones con Washington, señaló el funcionario, es una clase dirigente en La Habana que controla la isla en beneficio propio.
Un portavoz del Departamento de Estado señaló que, hasta la fecha, el gobierno cubano no se ha mostrado dispuesto a aceptar nada que beneficie a su propio pueblo. La administración Trump utilizará todos los instrumentos a su alcance para hacer frente a las amenazas a la seguridad y ayudar al país a recuperarse, añadió el portavoz.
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Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, pretenden obligar a los dirigentes comunistas de Cuba a ceder el poder tras más de 67 años de régimen unipartidista. Aunque las opciones militares han quedado relegadas a un segundo plano, la administración está intensificando progresivamente las sanciones contra la isla con la esperanza de propiciar un cambio económico y político.
En enero, comandos estadounidenses capturaron al principal aliado regional de Cuba, el presidente venezolano Nicolás Maduro, y cortaron los suministros de combustible esenciales que este país sudamericano proporcionaba a la isla. A continuación, Trump amenazó con imponer aranceles punitivos a cualquier país que intentara enviar petróleo al gobierno de la isla.
Como consecuencia, en los últimos meses solo un petrolero ruso ha suministrado combustible y los cortes de energía suelen durar 20 horas al día —aunque EE.UU. permite los suministros de combustible al pequeño, pero creciente, sector privado cubano—.
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“¿Qué país puede funcionar con normalidad cuando solo ha recibido un envío de combustible en 200 días?”, señaló Torres Rivera. “Esto es un castigo colectivo. Es una guerra sin bombas”.
También señaló que más de 100.000 personas están a la espera de ser operadas, 34.000 mujeres esperan someterse a ecografías y más de 3.000 pacientes de diálisis están perdiéndose sus sesiones debido a los cortes generalizados de electricidad, que se han visto agravados por las restricciones de combustible impuestas por Trump.
Según el Departamento de Estado, EE.UU. también ha proporcionado US$100 millones en ayuda al pueblo cubano a través de la iglesia católica. Esa ayuda tiene por objeto evitar una crisis agravada por la presión estadounidense, que ha provocado repetidos cortes de electricidad, afectando a los hospitales, el saneamiento público, el suministro de agua y la distribución de alimentos.
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A principios de este año, parecía que se estaban logrando avances. Funcionarios estadounidenses y cubanos reconocieron que se estaban celebrando conversaciones, y el equipo de Rubio mantuvo reuniones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, a quien todavía se considera el principal artífice del poder en la isla.
Cuba ha manifestado en repetidas ocasiones que está dispuesta a introducir cambios económicos —y presentó a principios de este año un paquete de 176 reformas de libre mercado—, pero insiste en que su forma de gobierno y su liderazgo político no son negociables.
Esto ha resultado ser un escollo para EE.UU., que considera que la isla está gobernada por un régimen autoritario. Aunque Cuba celebra elecciones para elegir a los representantes de su asamblea legislativa, solo los miembros del Partido Comunista pueden presentarse y la disidencia política puede acarrear la cárcel, el exilio o algo peor.
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Torres Rivera afirmó que no corresponde a EE.UU. aprobar los sistemas políticos de otras naciones.
“Cuba tiene su propio sistema democrático, elegido por los cubanos”, afirmó. “Celebramos elecciones cada cinco años en las que el pueblo vota y, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, no es el dinero lo que decide quién es el mejor candidato”.
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