Bloomberg Línea — Ecuador no tendrá más toques de queda en los próximos días, al menos no en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de Tsáchilas, según el ministro del Interior, John Reimberg.
“El 30 de marzo a las cinco de la mañana es cuando termina el toque de queda”, sostuvo hace unos días en conversación con Teleamazonas.
El toque de queda en las cuatro provincias en mención entró en vigencia dos semanas atrás para permitir a la Policía y las Fuerzas Armadas adelantar operativos en altas horas de la noche para combatir la criminalidad.
Ecuador fue el país latinoamericano más violento de Latinoamérica en 2025, con una tasa de 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta en toda su historia.
En ese contexto y dándole continuidad a sus políticas de mano dura, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha declarado más de una veintena de estados de excepción desde enero de 2024 y decretado toques de queda.
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Entre el 15 de marzo, cuando comenzó el toque de queda, y el 29 de marzo, un día antes de que terminara, hubo 2.089 aprehendidos y un “objetivo criminal priorizado”, conforme con el balance realizado por las carteras de Defensa y el Interior.
También fueron incautadas 707 armas (blancas y de fuego), 5.069 municiones, 5.401 explosivos y US$25.613 en efectivo. Asimismo, se destruyeron cinco pistas clandestinas y 256 bocaminas en zona de minería ilegal.
Reimberg aseguró que los operativos fueron extendidos a otras provincias sin toque de queda y planteó que la lucha contra la delincuencia continuará siendo una prioridad para el Gobierno en el transcurso de 2026.
“Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos”, expuso.
¿Existe un conflicto armado en Ecuador?
Aunque el presidente Noboa ha declarado estados de excepción y, en algunos casos, toque de queda argumentando un conflicto armado interno en Ecuador, ocho relatores firmaron una carta enviada al Palacio de Carondelet pronunciándose al respecto.
Los relatores de la ONU plantearon que la existencia de un conflicto armado interno no se activa mediante una declaración del Poder Ejecutivo, como hizo Noboa en enero de 2024, sino que requiere la simultaneidad acumulativa de dos factores:
- Un nivel de intensidad de violencia armada que exceda disturbios internos o actos esporádicos.
- Un grado de organización del grupo armado no estatal suficiente para conducir operaciones sostenidas.
Bajo esos parámetros, en la carta dirigida a Noboa se plantea que “la violencia criminal grave no equivale a hostilidades militares intensas” y, además, que los grupos que participan en el supuesto conflicto armado interno no cumplen requisitos asociados a la organización, entre ellos: cadena de mando, control territorial, uniformes, campamentos militares, comunicaciones estructuradas o autoridad de negociación.
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