Bloomberg Línea — La ropa usada ya representa casi una de cada tres prendas importadas en El Salvador, en un mercado impulsado por consumidores que buscan opciones hasta cuatro veces más baratas que las prendas nuevas.
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Un informe publicado en abril por Garson & Shaw y Full Cycle Resource Consulting muestra que el sector se ha convertido “en un salvavidas económico fundamental”, impulsado por años de presión sobre los ingresos de las familias salvadoreñas, alta informalidad laboral y una diferencia de precios difícil de ignorar.
El informe analizó más de 21 millones de prendas clasificadas en cadenas de distribución salvadoreñas y concluyó que 99,56% de los artículos se venden por debajo de los US$15. El precio más frecuente fue de US$3,00.
Según los hallazgos, entre 2019 y 2023, las importaciones de ropa nueva en El Salvador cayeron 32%, mientras que la participación de la ropa usada dentro del total de importaciones textiles subió de 21,6% a 31,1%, que en la práctica significa que casi una de cada tres prendas importadas al país centroamericano ya es de segunda mano.
La trayectoria de crecimiento del sector se mantuvo. En 2025, El Salvador importó US$73,4 millones en ropa y calzado de segunda mano, equivalentes a 38.175 toneladas, de acuerdo con datos datos del Banco Central de Reserva (BCR).
De ese total, casi el 97% provino de Estados Unidos. El resto se distribuyó, en menor escala, entre Alemania, Polonia, Canadá, China y Hungría.
Ropa clasificada
La estructura del negocio también evolucionó. Lejos de ser improvisado, el sector opera mediante cadenas altamente integradas, con empresas que controlan el proceso de importación, clasificación, almacenamiento y venta al detalle.
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Para el salvadoreño Alis Guevara, “los lugares de segunda mano son de buscar bien, y se encuentran artículos a muy buen precio en óptimas condiciones o hasta nuevas”.
En las bodegas, los cargamentos pasan por procesos de preclasificación y clasificación. Primero se separan categorías como camisas, pantalones, vestidos y luego cada prenda es evaluada según calidad, estilo y potencial de venta. Esa distribución determina su comercialización en tiendas premium, estándar o en canales de liquidación.
El sistema busca extraer valor de prácticamente cada pieza. Las prendas que no se venden en las primeras semanas entran en ciclos de descuentos escalonados durante dos o tres meses, hasta llegar a precios de entre US$0,15 y US$0,33 por unidad. Lo que aún queda puede venderse al mayoreo o por kilogramo.
El informe detalla también que la industria de la ropa usada se calibra meticulosamente según la realidad socioeconómica de cada zona.
Mientras en San Salvador y el resto de la región Central, con la de mayor formalidad laboral y generación de PIB— el precio promedio por prenda es de US$3,42, en la región Oriental cae a US$2,42 y en la región Occidental, donde la informalidad laboral supera el 71%, el precio promedio se desploma a US$0,92.
Incluso dentro de este esquema enfocado en la accesibilidad, ha emergido un nicho digital que demuestra la capacidad de adaptación del sector.
Una pequeña fracción de la ropa, apenas el 3% de los artículos clasificados, cumple con los estándares para venderse en línea como mercancía “premium”.
Estas prendas, dominadas por marcas de fast fashion y grandes cadenas como Shein, Forever 21 y Old Navy, subsidiaria de The Gap, Inc (GAP), se venden a un precio promedio de US$12, un patrón que sugiere que tanto el valor de reventa como la demanda de los consumidores dependen no solo de la calidad de la prenda, sino también del atractivo percibido y el reconocimiento de la marca.
Regulaciones internacionales
En febrero de este año, Estados Unidos y El Salvador oficializaron un acuerdo que aclaró el tratamiento arancelario de la ropa usada bajo el Cafta-DR.
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El entendimiento confirmó que las exportaciones de ropa usada desde EE.UU. califican para trato preferencial, despejando disputas que durante meses habían generado incertidumbre entre importadores y autoridades aduaneras.
Para la industria estadounidense, representada por la Asociación de Materiales Secundarios y Textiles Reciclados (SMART), el acuerdo aclaró un asunto que podría generar incertidumbre e interrupción de los flujos comerciales.
Sin embargo, la estabilidad de este ecosistema enfrenta presiones que van más allá de las aduanas. En Europa y Norteamérica, los debates en torno a la economía circular y los marcos de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR) han impulsado propuestas para exigir la clasificación obligatoria de la ropa antes de ser exportada.
El fin de esta la es garantizar la calidad y la trazabilidad, pero en los mercados de destino la medida se percibe como una amenaza.
Sobre ello, un informe reciente sobre Guatemala ilustra este punto. Allí, la llamada “ropa cruda” —fardos sin clasificar que llegan de EE.UU.— es la base del negocio.
“Descubrimos que la actividad de clasificación a nivel local no solo tiene valor, sino que es vital. Aporta valor económico, crea puestos de trabajo y garantiza que la ropa pueda satisfacer las necesidades específicas de los mercados locales”, dijo Jennifer Wang, fundadora de Full Cycle Resource y autora principal del informe.
Según el análisis, casi el 90% de la ropa importada en Guatemala se reutiliza, y el sector es un motor de empleo, liderado mayoritariamente por mujeres, por lo que imponer la clasificación en el país de origen, de acuerdo con los especialistas, no reduciría los desechos, sino que eliminaría empleos locales y los beneficios económicos generados por las actividades de clasificación locales.
