Bloomberg Línea — Tres meses después de la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos y Venezuela viven el mejor momento de sus relaciones en años, con el chavismo sobreviviendo bajo la tutela de Delcy Rodríguez y adaptándose a las presiones de la administración de Donald Trump.
Sin embargo, el avance en el restablecimiento de los derechos humanos en el país sudamericano es lento y la convocatoria a unas elecciones presidenciales, nula.
“Hasta el momento, la administración Trump lo que ha hecho es decapitar al régimen de Nicolás Maduro, pero permitir que la estructura de represión quede absolutamente intacta”, analiza la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus.
La liberación de 670 presos políticos —según las cifras de la ONG Foro Penal— y la Ley de Amnistía aprobada el 20 de febrero por la Asamblea Nacional, así como la invitación al Palacio de Miraflores a periodistas que fueron vetados durante una década, son aspectos para destacar, dice Goebertus. Pero insuficientes.
“Son avances muy precarios de cara a lo que significaría realmente una transición a la democracia y el desmonte del aparato represor responsable de gravísimas violaciones a derechos humanos en Venezuela”.
Ver más: Veterano inversor ve la deuda de Venezuela como una de las mejores apuestas en emergentes
La aplicación de la Ley de Amnistía ha sido desigual, en buena medida porque el sistema judicial carece de independencia, según la directora regional de HRW, y por la existencia de un sistema de corrupción en los tribunales, detalla Benigno Alarcón, fundador del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
“Los jueces han tomado provecho para pedirle dinero a la gente”, dice el experto. “El Estado lo deja funcionar porque, al final del día, no puede pagar adecuadamente ni a los jueces, y como es un sistema clientelar, quien le pueda sacar provecho, que lo saque, mientras el Estado mira para otro lado”.
Alarcón plantea, además, que no hay mayores avances en el desmonte del sistema represivo o lo que denomina el “esquema de miedo” en Venezuela. A su juicio, al Gobierno no le interesa hacerlo porque implicaría que las marchas se multipliquen y lo pongan a tambalear. Los sindicatos están convocando a una manifestación el 9 de abril, por ejemplo.
“Si una marcha es masiva, el Gobierno puede caer, y la única manera de evitarlo es que tengas a la policía reprimiendo masivamente a la gente en la calle"
Benigno Alarcón.
Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, coincide en que desde el Gobierno de Delcy Rodríguez no se ha enviado “un mensaje de desescalonamiento de la dictadura y del aparato represor”, sino lo contrario.
Muestra de ello fue la salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa por el dos veces exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela (SEBIN) Gustavo González López (2014-2018 y 2019-2024), sancionado como “responsable o cómplice de actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos” por la administración del estadounidense Barack Obama.
“Cuando González López estuvo a cargo del SEBIN, fue uno de los violadores de derechos humanos más emblemáticos; entonces lo que se hace es premiar a uno de los actores fundamentales en los años más oscuros de la represión en Venezuela”, dice Rodríguez.
Con el nombramiento de González López, la presidenta encargada de Venezuela estaría apostando por tender puentes con Diosdado Cabello, quien fue su “protector” cuando estuvo en el SEBIN, observa el experto.
“Los mensajes no apuntan hacia un desescalonamiento de la dictadura, sino a la reafirmación de que el poder continúa en manos de un grupo cerrado de chavistas en proceso de transición, como el que hubo tras el fallecimiento de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro”, comenta Rodríguez.
“Se ha antepuesto la estabilidad por encima de los derechos humanos y la democratización”, apunta.
¿Apuesta EE.UU. por una transición democrática?
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sostuvo tras la captura de Maduro que el plan para Venezuela constaba de tres fases: estabilización, recuperación y transición a la democracia.
Desde entonces, el petróleo venezolano comenzó a ser vendido a precio de mercado bajo la tutela de Estados Unidos; Venezuela le abrió paso a la inversión privada extranjera con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y Delcy Rodríguez fue reconocida formalmente como presidenta del país sudamericano.
También sucedió que la embajada de Estados Unidos retomó sus operaciones en Caracas luego de siete años y que la administración Trump rebajó las sanciones para que Venezuela pueda reabrir su sede diplomática en Washington.
¿Hacen pensar estos sucesos en la fase de la transición democrática? Para Juanita Goebertus la respuesta es “no”.
Si Estados Unidos quisiera propiciar una transición a la democracia y las autoridades venezolanas estuvieran dispuestas a un proceso de reconciliación, debería ponerse en marcha un proceso de reforma al sistema judicial y establecer una composición del Consejo Nacional Electoral (CNE) que incluya a la oposición, según la experta.
Además, deberían ser derogadas las leyes usadas para perseguir a la oposición, las organizaciones protectoras de derechos humanos y los medios de comunicación, agrega Goebertus. Pero las reformas se han centrado en el sector petrolero y la devolución de migrantes venezolanos en Estados Unidos.
“Las reformas que se han adelantado están relacionadas con la reactivación del sector petrolero en donde, por supuesto, Estados Unidos tiene unos intereses económicos directos, y con la posibilidad de devolver migrantes venezolanos, a pesar de que las condiciones en el país siguen siendo supremamente graves”.
Juanita Goebertus
Benigno Alarcón confía en una transición democrática, aunque ahora mismo la administración Trump y los hermanos Rodríguez en Venezuela —Delcy y Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional— tengan sus propios intereses.
“Estados Unidos está aprovechando el control que tienen sobre Delcy, mientras que ella y su hermano están comprando tiempo”, sustenta. “Trump seguramente dirá: primero negociemos con alguien con el que al final no tenemos que negociar, porque al final le impongo lo que quiero -como la Ley de Hidrocarburos y ahorita la Ley de Minería- que negociar con un Gobierno electo, que te puede decir ‘sí’ a unas cosas y ‘no’ a otras”.
Entonces, ¿por qué una transición democrática? Entre otras cosas porque, de no impulsar este tema, se derrumbaría la legitimidad de Estados Unidos para intervenir en Venezuela, argumenta el académico.
“Si tú no querías cambiar al Gobierno de la noche a la mañana para no tener que sostenerlo por la fuerza, ahora tienes el problema de que, si el tiempo sigue transcurriendo y no hay elecciones, este Gobierno se va a tener que sostener por la fuerza”, agrega Alarcón. “El problema sería que, para que Delcy Rodríguez no caiga, Trump tendría que tolerar que reprima a la gente”.
En ese panorama, serían clave los comicios de medio término en Estados Unidos, programados para el 3 de noviembre: si Trump quiere llegar con fuerza, debería antes conducir a un proceso de elecciones en Venezuela, y si no lo hace, pero además pierde en las urnas, también podría perder control sobre Delcy y Jorge Rodríguez.
Ver más: Nicolás Maduro comparece ante tribunal en EE.UU. para defenderse en caso de narcoterrorismo
El experto Ronal Rodríguez tiene otra opinión al respecto: a la administración Trump le convendría, con menos de tres años por delante, mantener a Delcy Rodríguez como presidenta, porque unas elecciones “complejizarían” el acceso de Estados Unidos a los recursos de Venezuela.
“Para Estados Unidos, la prioridad es demostrar que la metodología Trump funciona más que los acuerdos y los métodos tradicionales de construcción democrática”, sentencia. “Donald Trump no es un demócrata, Donald Trump tiene intereses y los expone casi que descaradamente”.
