Bloomberg — Una jueza que supervisa un desafío a las restricciones del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía automática por derecho de nacimiento pidió al gobierno de Estados Unidos que confirme que no buscará deportar a los niños afectados durante la pausa de 30 días de la Corte Suprema sobre la aplicación de la directiva.
La jueza de distrito estadounidense Deborah Boardman en Maryland dijo durante una audiencia el lunes que esas garantías por escrito, que solicitó al Departamento de Justicia antes del mediodía del martes, evitarían la necesidad de una orden de restricción temporal que pausa la directiva de Trump durante al menos dos semanas y que fue solicitada por grupos de inmigrantes de derecha.
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Los grupos pidieron la orden después de que la semana pasada el Tribunal Supremo dijera a los jueces de tres casos que reconsideraran, y potencialmente estrecharan, las medidas cautelares a nivel nacional que emitieron contra la orden ejecutiva de Trump. El alto tribunal, sin embargo, retrasó 30 días la orden de Trump, dando tiempo a los grupos y estados que la demandaron para ajustar sus estrategias legales.
La audiencia ilustra cómo los jueces están respondiendo a la histórica decisión del Tribunal Supremo, que tendrá consecuencias de gran alcance para las demandas que desafíen las políticas gubernamentales. El máximo tribunal del país aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero, parte de una amplia ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.
Boardman dijo que no se pronunciaría sobre la solicitud de una orden de restricción temporal hasta que hubiera revisado la presentación del Departamento de Justicia. La jueza dijo que entonces centraría su atención en la solicitud de los grupos de un interdicto preliminar de mayor duración, según la nueva estrategia legal de los grupos, que bloquearía de nuevo la aplicación de la orden ejecutiva mientras el caso sigue adelante.
A diferencia de las medidas cautelares a nivel nacional emitidas anteriormente que fueron pausadas por el Tribunal Supremo, la nueva orden de restricción temporal se aplica a un grupo específico: los bebés nacidos en EE.UU. a partir del 19 de febrero que no serían elegibles para la ciudadanía bajo la orden de Trump, así como sus padres. También se ha pedido a Boardman que conceda el estatus de demanda colectiva al caso para representar a ese mismo grupo.
La orden ejecutiva de Trump echaría por la borda lo que ha sido el entendimiento generalizado de que la Enmienda 14 de la Constitución confiere la ciudadanía a prácticamente todas las personas nacidas en suelo estadounidense. Trump restringiría eso a los bebés con al menos un progenitor que sea ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta verde, lo que significa que incluso los hijos recién nacidos de personas con visados temporales no se convertirían en estadounidenses.
Mientras tanto, un grupo de estados liderados por demócratas presentó el lunes una carta a un juez federal de Massachusetts en la que sugiere al gobierno que presente un escrito antes del 8 de julio en el que esboce qué cambios cree que deberían introducirse en el mandato judicial nacional en ese caso a la luz del fallo del Tribunal Supremo.
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La carta, redactada por el fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin, señalaba que el Tribunal Supremo había indicado que un mandato judicial a escala nacional podría seguir siendo necesario en el caso de los estados para darles una reparación completa.
El dictamen del Tribunal Supremo suspendió las tres medidas cautelares “sólo en la medida en que las medidas cautelares sean más amplias de lo necesario para proporcionar un alivio completo a cada demandante con capacidad para demandar.”
Con la ayuda de Greg Stohr.
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