Bloomberg — Las solicitudes gubernamentales estadounidenses de datos de usuarios a empresas tecnológicas se han disparado un 770% en la última década, según concluye un nuevo informe de investigación.
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En total, se ha compartido información de más de 3,5 millones de cuentas con el gobierno federal, lo que refleja las solicitudes gubernamentales rutinarias comunicadas en el marco de las divulgaciones de transparencia estándar, según la última investigación de la empresa de privacidad digital Proton. Esa cifra aumenta a 6,7 millones de cuentas si se incluyen las solicitudes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, según los investigadores.
Proton, que basó su investigación en los informes de transparencia pública de Apple Inc, Google de Alphabet Inc y Meta Platforms Inc, descubrió que el gobierno de EE.UU. aumentó constantemente las solicitudes durante la última década. El número de cuentas reveladas se disparó un 927% en Apple, un 557% en Google y un 668% en Meta durante ese periodo de tiempo. El contenido incluía correos electrónicos, archivos y contactos, según Proton.
La oleada ha sido bipartidista, aumentando independientemente del partido político que estuviera en el poder, muestra la investigación.
“No se trata de algo azul o rojo, no es algo de Trump, Biden u Obama. Ha subido de forma constante durante más de una década”, afirmó Edward Shone, responsable de comunicación de Proton. “Este es un punto de supervisión del gobierno”.
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Cuando se le pidió un comentario, un portavoz de la Casa Blanca dijo: “La administración Trump sigue defendiendo el derecho a la privacidad de los estadounidenses y los datos estadounidenses mediante el fomento de tecnologías seguras y cadenas de suministro que protejan la privacidad del usuario desde el diseño hasta el despliegue.”
Un portavoz de Google dijo que la política de la compañía es revisar cada solicitud gubernamental de datos de los usuarios para asegurarse de que satisface las leyes aplicables antes de cumplir.
“Protegemos a nuestros usuarios con un cifrado líder en el sector por defecto y ofrecemos un cifrado avanzado del lado del cliente para organizaciones con necesidades estrictas de soberanía de datos”, afirmó el portavoz. “Cuando los gobiernos solicitan información, revisamos cada demanda y nos oponemos regularmente a aquellas que son excesivamente amplias”.
Meta afirmó que, aunque las peticiones del gobierno han aumentado a lo largo de los años, el número de solicitudes atendidas por Meta se ha mantenido constante.
“Todas y cada una de las solicitudes que recibimos se revisan cuidadosamente para comprobar su suficiencia legal, y podemos rechazar o exigir una mayor especificidad en las solicitudes que parezcan excesivamente amplias o vagas”, dijo Meta anteriormente.
Apple no respondió a las solicitudes de comentarios.
El gobierno federal ha solicitado históricamente datos sobre individuos en nombre de investigaciones criminales o de la seguridad nacional. Según el Congreso, las fuerzas del orden pueden obtener legalmente órdenes judiciales o citaciones para los datos almacenados en la nube o en un dispositivo. La legislación FISA, promulgada en 1978, establece procedimientos para la vigilancia física y electrónica y la recopilación de inteligencia extranjera. La sección 702 de la ley, que expira el mes que viene y está pendiente de reautorización, permite al gobierno llevar a cabo una vigilancia selectiva de personas extranjeras situadas fuera de EEUU.
“Está claro que las mayores empresas tecnológicas son un objetivo frecuente y creciente de la vigilancia gubernamental”, declaró el senador estadounidense Ron Wyden, demócrata por Oregón, que ha pedido reformas de la Sección 702. “Un puñado de empresas están recopilando enormes cantidades de información sobre la vida de los estadounidenses, por lo que es natural que sean un objetivo tentador para las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia”.
Y añadió: “A menos que el Congreso apruebe nuevas y sólidas salvaguardas para proteger los derechos de los estadounidenses, inevitablemente se abusará de esa información.”
Tom Bowman, que trabaja como asesor político en el Centro para la Democracia y la Tecnología, dijo que le preocupa que el gobierno federal esté aprovechando el tesoro de datos de los usuarios de las grandes tecnológicas para censurar y reprimir a los disidentes políticos. Además, dijo que el acervo recopilado por el gobierno plantea interrogantes sobre por qué la encriptación de extremo a extremo no es la opción por defecto de los gigantes tecnológicos para proteger adecuadamente los datos sensibles de los usuarios.
La encriptación de extremo a extremo protege los datos de los usuarios garantizando una comunicación segura para que ningún tercero pueda acceder a la información. Apple, por ejemplo, ofrece a los usuarios un cifrado de extremo a extremo opcional a través de su función avanzada de protección de datos, que cifra la mayor parte de los datos de iCloud de un usuario.
“Es realmente importante contar con esas protecciones tecnológicas porque las protecciones legales no están ahí”, dijo Jennifer Granick, asesora de vigilancia y ciberseguridad de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Meta anunció recientemente que eliminaba la mensajería cifrada de extremo a extremo de la función de chat de Instagram, alegando que pocas personas optaban por utilizarla.
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