:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/4DVMO7UO7BBIBHY6YDHUQ42RYE.jpg "El legislativo no ha entregado los informes que detallan los servicios pagados mediante contratos de trabajo de la planilla conocida como cash back.")
Ciudad de Panamá — En lo que parece ser letra muerta, el acceso a la información pública en Panamá está garantizado en la Constitución política, al igual que en la ley de Transparencia panameña, inspirada en el Freedom of Information Act de Estados Unidos, que contempla el reclamo ante los tribunales, mediante habeas data, prevé sanciones, e incluso la destitución del servidor público que no entregue la información solicitada.
Para muestra un botón: un año ha transcurrido desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó a la Asamblea Nacional – mediante un habeas data- entregar información referente a los contratos de servicios profesionales, conocidos también como la planilla 172, que había sido solicitada por la autora de este artículo, en amparo de la Ley 6 de 2002, o de Transparencia.
Pese a esta decisión del máximo tribunal de justicia, que indica que la información debía ser entregada en un máximo de 5 días, ronda el secretismo.
Se trata de los contratos de servicios conocidos popularmente como la planilla “cash back”, toda vez que el dinero de estos pagos retorna a los diputados que gestionan estos contratos de servicio o consultorías y en la mayoría de los casos no implica la ejecución de servicio alguno, porque en realidad es un trámite para esquilmar fondos públicos, según se ha evidenciado en pasadas investigaciones periodísticas.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/RQG4MOJELRHALHIPYXBAMUS5LQ.JPG "¿Se aplica la justicia selectivamente en Panamá?")
La CSJ, bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, confirmó que estos contratos de servicio son públicos y ordenó entregar copia simple de los informes respecto del servicio pagado y copia simple de los contratos del año 2020, entre otros documentos requeridos.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, contestó que el Órgano presentó un “escrito de aclaración de sentencia sobre algunos puntos” del fallo del 16 de noviembre de noviembre de 2021 que concedió el habeas data y hasta que no se resuelva no se puede atender la petición, mediante una carta.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/BDAYE62UFNAQPMYXI3MDBUVJD4.jpg "Respuesta de la Asamblea Nacional a la solicitud amparada en el habeas data.")
¿Complicidad en ocultar la información?
“Ha habido un retroceso en el país en cuanto al entendimiento de qué es el derecho ciudadano de acceso petición de información pública y eso también pasa por el tema de los habeas data y las entidades que se niegan a entregar información de naturaleza pública”, dijo a Bloomberg Línea, Olga de Obaldía, directora Ejecutiva de Transparencia Internacional (TI) capítulo de Panamá.
De Obaldía añadió que en la práctica se continúan gestionando estos contratos de forma discrecional y que observar cómo actúa la justicia en estas citaciones “le genera una profunda preocupación”.
Y es que estos contratos de servicios o planilla “cash back” ha implicado el desembolso de unos US $85 millones, entre 2015 - 2020, casi el doble de lo que se le asignó a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá para operar en 2023. Con ese monto se hubieran podido construir unas seis escuelas modelo, con mejores instalaciones para la enseñanza, entre ellas, poseen gimnasios, bibliotecas, laboratorios de ciencias, informática y otras facilidades.
La falta de rendición de cuentas y detalle del uso de fondos públicos también tuvo eco en el Ministerio de Economía y Finanzas que evitó entregar el detalle del presupuesto del legislativo, con el detalle por partida para el 2022 y los diez años anteriores y que fueron solicitados por la periodista de este artículo mediante carta el 18 de abril pasado.
Panamá, percibido entre los más corruptos
Precisamente, los hechos descritos coinciden con que Panamá tiene uno de los resultados “más deficientes” en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, recordó a Bloomberg Línea el abogado y expresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Carlos Barsallo.
Panamá obtuvo la puntuación de 36 donde 100 puntos es lo mejor y en la evaluación se consideraron 180 países. En tanto, sus vecinos Colombia y Costa Rica salieron mejor evaluados con 39 y 58 puntos de 100, respectivamente.
De igual manera, cuando Panamá se compara con 53 países que el Banco Mundial clasifica como de alto ingreso, el país es el más corrupto basado en el Índice de Percepción de Corrupción, según la data existente a 2019.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/QOVJGWXU5JFLDJ27PCI5FPCA6M.png "A FONDO: Panamá, una bandera de conveniencia para la pesca ilegal y el descontrol en altamar")
“Panamá es un país de alto ingreso, hay una gran contradicción entre corrupción y desarrollo económico, hemos estado así durante los últimos 10 años es una situación de estancamiento, no mejoramos y la razón es que no hay voluntad”, concluyó Barsallo.
La nota fue ajustada el 9 de diciembre para corregir el nombre del magistrado Olmedo Carrasco cuando lo correcto es Olmedo Arrocha.
