Contrato minero en Panamá 2023: las claves del porqué de las protestas

El país está en su segunda semana de continuas protestas, las clases suspendidas y el vandalismo saca provecho de la situación

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31 de octubre, 2023 | 06:29 PM

Ciudad de Panamá — Panamá cumple hoy nueve días de fuertes protestas desencadenadas por la Ley 406 que llegó a la Asamblea Nacional y con la cual se pretende ampliar la cuestionada explotación minera a la canadiense First Quantum Minerals en la provincia de Colón, una de las regiones de bosques tropicales.

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Ante las críticas y la difícil situación que se vive en las calles por las protestas, el presidente Laurentino Cortizo ha salido a decir que dicha ampliación se determinará a través de una consulta popular, fórmula que ya fue descartada por la justicia panameña. De igual manera, se cancelaron los desfiles de las fiestas patrias, a celebrarse en noviembre. También, se ha puesto sobre la mesa la prohibición de nuevas explotaciones.

Aquí, Bloomberg Línea hace un recuento del porqué el país lleva más de una semana prácticamente paralizado por la concesión minera:

¿Qué es la ley 406 y cómo se llegó a esto?

Esta normativa, sancionada el pasado 20 de octubre, y en tiempo récord según conocedores y juristas, permite la continuidad de la explotación de cobre a cielo abierto a 120 kilómetros de la ciudad, en la provincia de Colón, en los bosques tropicales del Caribe panameño.

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La explotación minera a cargo de First Quantum Minerals LTD, a través de su subsidiaria Minera Panamá, S.A. estaba en juego a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal panameño que declaró en 2017 la inconstitucionalidad del contrato ley original de 1997 -que amparaba la operación- por ser leonino al Estado.

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El tribunal detalló en sus razones que este contrato no cumplía la normas de contratación de la nación, toda vez que fue un contrato directo. La actual administración gubernamental decidió renegociarlo, aumentar sus regalías entre 2% hasta el 16% y añadir cláusulas de asuntos ambientales y laborales que no contemplaba previamente.

¿Qué se negoció y qué está en juego?

La negociación se inició desde septiembre de 2021 y culminó en diciembre de 2022, según anunció el gobierno panameño, pero la empresa se negó a firmar el contrato en el tiempo propuesto por el gobierno lo que generó amenazas de ambas partes, la paralización de operaciones ordenada por el Estado y la gestión de arbitrajes internacionales con los que la compañía defendería su inversión declarada en US$10 mil millones.

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Finalmente, y tras el acuerdo entre las partes, el Ejecutivo publicó el contrato en el portal Agora con el fin de que los ciudadanos hicieran sus consultas en un proceso de consulta pública “no vinculante”, a pesar de la magnitud del proyecto.

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¿Qué decía el nuevo contrato?

El nuevo documento cuya médula de reforma se basaba en el aporte al Estado o las regalías, y en el que se pactó un aporte anual mínimo de US$375 millones, a su vez contenía clausulas que generaron la advertencia popular que reestablecía un enclave colonial como el que vivió Panamá con los Estados Unidos, hasta el año 1999 con la “Zona del Canal”, pero ahora bajo el mando de la trasnacional canadiense en las más de 12 mil hectáreas de concesión.

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Entre sus puntos más polémicos se estableció que la empresa podía expropiar terrenos que requiriese para la explotación minera, se pactaba la confidencialidad de los beneficiarios finales del proyecto, la posibilidad de restringir el espacio aéreo por parte de la compañía, limitaba las condiciones para su fiscalización por las autoridades a un máximo de 4 funcionarios, entre otros aspectos.

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A raíz de las manifestaciones populares el proyecto de ley fue retirado de la Asamblea por el Ejecutivo y se presentó uno nuevo que fue aprobado en cuatro días a pesar de ser un documento nuevo, de cientos de páginas, y de declaraciones públicas de los diputados que señalaban que no pudieron leerlo o que ni siquiera les llegó a tiempo.

¿Las características del debate de un megaproyecto?

Aún cuando usualmente la Asamblea Nacional transmite los debates, durante la discusión de este proyecto el mismo fue interrumpido por supuestos problemas técnicos, de la misma manera se generaron críticas debido a que los empleados y equipo a favor de la empresa minera contaba con una sala y refrigero dentro del Legislativo mientras los opositores a la ley luchaban por un puesto o eran reprimidos con gases lacrimógenos en las afueras de órgano.

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¿Consulta, moratoria o derogación? Las barajas en la mesa

Sin embargo, con 44 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones se aprobó el contrato ley en medio de un entorno de denuncias de supuestos sobornos millonarios, según declaraciones de diputados que se opusieron, y el 20 de octubre la ley 406 nació a la vida jurídica reemplazando el contrato ley 9 declarado inconstitucional con el que operaba la trasnacional.

Desde su sanción las manifestaciones en diversas calles del país no han cesado, un paro que ha generado la suspensión de clases, la huelga de enfermeras, cuerpo médico, docente y que tras dos semanas consecutivas cada vez suma más organizaciones y civiles.

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Las protestas han sido protagonizadas por jóvenes, organizaciones de trabajadores, productores agropecuarios que salieron con sus tractores a manifestarse e incluso moradores alrededor de la mina que a través de lanchas se acercaron al puerto de Punta Rincón a protestar mientras que los barcos de la minera no dejaban de cargar y exportar concentrado de cobre a Asia.

Ante un país donde la comida empieza a escasear, el vandalismo saca provecho de las circunstancias y los comercios cierran sus puertas, el mandatario propuso una consulta pública, para el 17 de diciembre, en la que la población decida si quiere o no el contrato. Los manifestantes han rechazado esta alternativa.

De igual manera, el Tribunal Electoral, ente que se encargaría de esta consulta ha indicado que no hay en el país el clima para realizar ninguna consulta y que tampoco existe normativa que la ampare en estos casos, por ello se plantea una ley para establecerla, así como prohibir nuevos proyectos mineros en aras de que la paz retorne a las vías panameñas.

Otra alternativa que se plantea es esperar a que la Corte Suprema de Justicia resuelva las tres demandas de inconstitucionalidad de la ley 406 o contrato minero que ampara la explotación de First Quantum Minerals.

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¿Por qué ha sido cuestionado este proyecto minero?

El proyecto minero “Cobre Panamá” a cargo de Minera Panamá, la subsidiaria de First Quantum Minerals, ha sido cuestionada por presentar un historial de 209 incumplimientos a compromisos ambientales de mitigación en una zona protegida y que conforma el Corredor Biológico Mesoamericano, así como quejas de moradores por la contaminación a sus ríos.

La empresa, por su parte, alega que un “hallazgo de incumplimiento”, a pesar de estar plasmado en los informes de la autoridad regente en materia ambiental no es un incumplimiento como tal y que su proyecto cumple los más altos estándares internacionales en materia ambiental, salud y seguridad minera, como los de la Corporación Financiera Internacional.

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Además de las sanciones administrativas por 10 procesos y que en su conjunto suman apenas US $20 mil el Ministerio Público mantiene otros procesos que tendrían un efecto penal sobre el proyecto para el cual la minera ha desbrozado unas 5 mil hectáreas de bosque protegido.

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¿Qué ha dicho la minera ante esta situación?

Mientras el descontento se incrementa cada día en las distintas calles del país, raíz de la propuesta de la consulta popular, las acciones de la minera han caído en un 36% en el último mes a 19.56 dólares canadienses.

En un comunicado la empresa manifestó que está dispuesta a dialogar y renegociar el contrato con el pueblo de Panamá, se compromete a reforestar un área mayor a la que afectará la mina, y manifestó que se ha puesto en contacto con el gobierno para entender los detalles con respecto a la consulta ciudadana.

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First Quantum siempre ha sido un defensor de Panamá y su gente y está comprometido con el estado de derecho con el objetivo de lograr beneficios para el país, cita un comunicado de la trasnacional minera.

“Estamos orgullosos de ser un contribuyente significativo a la economía panameña y de crear oportunidades de empleo, empoderamiento para decenas de miles de panameños y de patrocinar una amplia gama de programas sociales, culturales y de biodiversidad en todo el país”, cita el comunicado de la compañía.