En la carrera por los minerales críticos, se está forjando una alianza inesperada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Esto se hizo evidente durante su reunión bilateral improvisada en la Casa Blanca la semana pasada, donde la cooperación en materia de tierras raras provocó sonrisas y promesas de estrechar lazos.
Para Trump, que se encontraba en ese momento preparando un importante viaje a China, fue una oportunidad para mostrar a Pekín que EE.UU. estaba volviendo a tomar la iniciativa en la mayor economía latinoamericana y potenciando su acceso a los recursos naturales clave en la batalla por las cadenas de suministro modernas.
Teniendo en cuenta su profunda división ideológica y su larga historia de enfrentamientos, la nueva relación entre Trump y Lula debe ser bienvenida. Si existe un país en condiciones de ayudar a EE.UU. a reducir su dependencia de los minerales clave chinos, ese es Brasil, que posee las mayores reservas de tierras raras del mundo después de la nación asiática y dispone de abundante energía renovable.
El anuncio hecho en abril de que USA Rare Earth Inc., con sede en Oklahoma, acordó pagar US$2.800 millones en efectivo y acciones por Serra Verde Group, el único productor de tierras raras a escala comercial de Brasil y uno con ambiciosos planes expansionistas, acentúa la magnitud de esa oportunidad.
No obstante, es necesario mantener una buena dosis de realismo. Aunque la urgencia geopolítica sea enorme, Brasil no pasará a ser un importante proveedor de tierras raras de la noche a la mañana, y tampoco en unos pocos años.
Los mismos obstáculos normativos, los cuellos de botella en la concesión de licencias medioambientales y el nacionalismo de los recursos que han frenado el sector minero brasileño continúan siendo poderosos factores disuasorios.
Los brasileños han estado persiguiendo el sueño de las tierras raras durante décadas.
La primera vez que oí hablar del potencial de estos metales especiales fue en 2011, cuando era un reportero minero (más o menos) joven en Río de Janeiro. Olacyr de Moraes, uno de los pioneros de la revolución de la soja en Brasil, recién había anunciado el descubrimiento de un yacimiento gigantesco en el oeste de Bahía. El entusiasmo era notable.
Una ola de nuevas empresas se lanzó a posicionarse como el primer referente de las tierras raras en el país, ya que la promesa no podía ser más atractiva: una geología de primer orden, una industria minera de alto nivel y cada vez más indicios de que estos minerales específicos serían clave para la transición energética y la transformación de la tecnología.
Sin embargo, casi ninguno de aquellos proyectos llegó a materializarse.
Moraes falleció unos años más tarde, con numerosas iniciativas paralizadas por falta de capital o de interés por parte de los inversionistas, y con las sucesivas oleadas de entusiasmo pasando a un segundo plano.
Cada pocos años surgía una nueva iniciativa, que acababa topándose con los mismos obstáculos de siempre: fuertes fluctuaciones de precios, giros en las políticas o la falta de acuerdos de compra. Pese a sus enormes reservas, la producción de tierras raras de Brasil continúa siendo en la actualidad insignificante.
Puede que en 2026 haya más en juego desde el punto de vista geopolítico, pero los problemas estructurales del sector minero permanecen intactos.
El más importante de ellos es la cada vez mayor dificultad para ampliar las actividades extractivas en un país más rico y urbanizado que ve la minería con creciente recelo.
Las licencias medioambientales y el escrutinio regulatorio ya se habían endurecido durante años, pero el colapso mortal de dos presas de residuos de mineral de hierro en el estado de Minas Gerais en 2015 y 2019, que acabó con la vida de cientos de personas, endureció la actitud del público y la supervisión legal.
Actualmente, una empresa minera puede tardar entre 5 y 10 años en obtener los permisos requeridos para operar en Brasil, lo que complica mucho la puesta en marcha de cualquier iniciativa nueva.
La excesiva burocracia y las disputas entre los distintos niveles gubernamentales también retrasan los proyectos e incluso interrumpen el funcionamiento de las instalaciones que ya están en marcha.
Esta tensión sin resolver entre la protección de las comunidades y los ecosistemas y la promoción de la industria considerada esencial para los sectores estratégicos sigue siendo el núcleo del problema.
El resultado es una creciente desconexión entre las grandes ambiciones geopolíticas en torno a los minerales críticos, vitales para los semiconductores, los centros de datos relacionados con la IA y las aplicaciones militares, y la realidad cotidiana de las comunidades donde se encuentran esos recursos.
Los conflictos sociales se multiplican a medida que las poblaciones locales se resisten a proyectos que a menudo no comprenden ni les reportan beneficios, afirma Thiago Toscano, director ejecutivo de Itaminas Mineração, una productora de mineral de hierro con sede en Belo Horizonte.
“La agenda global y las realidades locales no coinciden, y esta desconexión retrasará los proyectos, incrementará los costos y comprometerá los resultados que prometen los responsables políticos”, me dijo.
“Mientras las empresas no logren vincular la visión global con el progreso local concreto, cada nuevo proyecto se enfrentará a los mismos obstáculos y la agenda, tan importante, tardará cada vez más en dar frutos”.
Todo esto sucede aun antes de las repetidas oleadas de nacionalismo de recursos que se dan en Brasil.
Siempre que el país parece estar a un paso de beneficiarse de un renovado interés internacional, el Gobierno endurece las condiciones en nombre de la defensa de la soberanía, muchas veces incluso antes de que se haya materializado ningún auge de la producción. Como resultado, se desincentiva precisamente la clase de inversión que las autoridades sostienen que quieren atraer.
Estamos viendo cómo esta historia se repite parcialmente ahora, con un nuevo proyecto de ley que otorgaría al gobierno una influencia significativa sobre la industria, incluso si algunas de las propuestas más polémicas no fueron aprobadas en la Cámara de Diputados la semana pasada.
Lula también está retomando sus antiguas ambiciones desarrollistas para que Brasil controle una mayor parte de la cadena de suministro, incluyendo el procesamiento intermedio y final, para evitar ser simplemente un exportador de materias primas. Esta aspiración es razonable, pero no se puede lograr por decreto.
Por otro lado, Brasil debería enfocarse en mejorar las condiciones para que las compañías privadas tomen la iniciativa. Esto implica invertir en infraestructura y desarrollo de la fuerza laboral, así como crear marcos regulatorios estables que permitan al gobierno obtener beneficios posteriormente.
El éxito que el país ha mantenido durante décadas al dominar el mercado del niobio a través de empresas privadas de fabricación de metales preciosos CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração) constituye un modelo excepcional.
Brasil tiene todo lo necesario para convertirse en un actor importante, y su alianza con Estados Unidos podría compensar las deficiencias en financiación, experiencia técnica e integración de la cadena de suministro.
Sin embargo, tras tantos intentos fallidos, los responsables políticos deberían reconocer que las probabilidades de fracaso siguen siendo significativas y que el intervencionismo tiene más probabilidades de agravar el problema que de solucionarlo. De lo contrario, el sueño de competir con China en este sector estratégico seguirá siendo solo eso: un sueño.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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